La sentencia, notificada por el tribunal interamericano el 18 de marzo del 2024 encontró responsable internacionalmente al Estado colombiano por violación a los derechos a: (i) la vida, (ii) la integridad personal, (iii) la vida privada, (iv) la libertad de pensamiento y de expresión, (v) la autodeterminación informativa, (vi) conocer la verdad, (vii) la honra, (viii) las garantías judiciales, (ix) la protección judicial, (x) la libertad de asociación, (xi) de circulación y de residencia, (xii) la protección de la familia, (xiii) los derechos de la niñez y (xiv) el derecho a defender los derechos humanos en relación a personas integrantes de la corporación Cajar, y (xv) la obligación de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer que recoge el artículo 7.a de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), respecto de una defensora y su hija.
En el litigio ante la Corte IDH se reconoció la representación autónoma de un grupo, especialmente de mujeres defensoras, extrabajadoras de la ONG, que pusieron de manifiesto a ese tribunal perspectivas que hasta ese momento no habían sido planteadas en el litigio tales como (i) el efecto de los estereotipos de género y las consecuencias desproporcionadas de las violaciones de derechos humanos sobre las mujeres defensoras, (ii) los efectos expansivos vulneratorios sobre las personas y organizaciones representadas cuando se trata del ataque a la labor de representación jurídica en derechos humanos, (iii) las consecuencias judiciales en la determinación del universo de víctimas cuando se trata de la persecución a un grupo amplio de personas defensoras y el uso de inteligencia ilegal en su contra, y (iv) los específicos efectos jurídicos laborales y pensionales del ejercicio de una actividad de alto riesgo en Colombia.
En el conversatorio, organizado y coordinado por la profesora Martha Gutiérrez, del Área Académica de Derecho, participaron como invitadas: Diana Milena Murcia Riaño, profesora y consultora internacional en temas de derechos humanos y del ambiente, y Dora Lucy Arias Giraldo, litigante y asesora a organizaciones y comunidades que enfrentan la imposición de megaproyectos extractivos en sus territorios, ambas abogadas defensoras de derechos humanas, reconocidas como víctimas e integrantes de representación autónoma ante la Corte IDH en el caso cuyo caso se estudia.
Contamos también con la participación, como moderadora, de Claudia Julieta Duque Orrego, periodista e investigadora colombiana en casos de graves violaciones a los derechos humanos como el homicidio del que fue víctima Jaime Garzón. En este caso fue ella quien descubrió el montaje judicial con el que se pretendía cimentar la impunidad en esos hechos. Es reconocida como una de las mujeres que corren más riesgos en el mundo por informar.
