Opinión de Julián López Murcia sobre sentencia que restringe multas de la Superservicios
Una de las facultades de la Superintendencia de Servicios Públicos es la de imponer sanciones a las empresas del sector por conductas contrarias a la ley. Con el objetivo de mejorar el impacto de las medidas, un artículo del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 incrementó, en el 2015, el tope máximo de las multas hasta un valor de 100 mil salarios legales mensuales vigentes.
Como resultado de esta medida, la Superservicios pudo tomar decisiones ejemplarizantes. Sin embargo, en la Sentencia C-092 del 2018 la Corte Constitucional señaló que por violación de unidad de materia y de legalidad y tipicidad de sanciones la norma era inexequible.
Al respecto, Julián López Murcia, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de Utadeo y experto en temas de regulación, opinó que esta medida le quita herramientas esenciales a la Superintendencia de Servicios Públicos para la efectiva protección de los usuarios.
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