Hacia una revolución energética en Colombia
Son varios los retos que enfrenta el país en materia energética, en un momento crucial en el que se pone a prueba la sostenibilidad de la producción, tras tener, hace un par de años, el fantasma del racionamiento energético, y por el otro lado, la urgente necesidad de crear un nuevo marco normativo que sea acorde a las lógicas del mercado actual, que reemplace a las leyes 142 y 143 de 1994, en la medida que, al juicio de los expertos, se ha quedado estancada ante la incorporación de una canasta energética que incluya las energías renovables. Estos temas fueron discutidos en el marco del Open Week, en el foro “Energías Renovables en el Siglo XXI, ¿En dónde estamos hoy?”, que se llevó a cabo el pasado 15 de agosto.
Para Isaac Dyner, decano de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería de Utadeo y quien moderó el panel de expertos, es claro que las nuevas infraestructuras tecnológicas en energía deben brindar respuestas ante el cambio climático y la optimización de los precios para el usuario final. Para el experto, actualmente el país cuenta con una matriz energética hidrodependiente que encarece los precios del suministro al tiempo que está en duda si este tipo de fuente es renovable debido al impacto que podría tener en la riqueza hidrográfica.
En el ámbito de la regulación, tras 25 años de sancionadas las leyes de servicios públicos y del sistema energético, Dyner considera que estas se estancaron, perdieron su rumbo y se convirtieron en un problema para las dinámicas de oferta y demanda, a propósito de la próxima subasta energética que se desarrollará en octubre, la cual, arguye, solo tuvo en cuenta las energías firmes y no las renovables. Adicionalmente, insistió en que es necesario reestructurar la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas), pues esta no está funcionando.
Jaime Torres y Edgar Vargas, dos de los panelistas del foro
No obstante, señala que Colombia debe virar hacia las energías renovables, principalmente eólica y solar, aprovechando que los gastos de estas fuentes son muy bajos y competitivos frente a otras tecnologías. Así mismo, advierte, el país cuenta con excelentes recursos en este aspecto. Ante este escenario, el directivo prevé que, de tomarse políticas públicas adecuadas, Colombia podría llegar a un 6% de participación de energía no convencional en los próximos dos años, garantizando así, con una visión hacia el futuro, un sistema más robusto: “para los próximos veinte años podríamos tener 100% de energías renovables. Las térmicas e hidro van a cumplir su ciclo de vida útil; no van a poder operar en algunos años por temas de costo”, pronosticó.
Frente a este planteamiento, el profesor del Departamento de Economía, Comercio Internacional y Política Social, Jaime Torres, considera que sí podrían conservarse algunas de las inversiones que se han hecho en termo e hidroeléctricas. Sin embargo, señaló que, especialmente, a esta última fuente le será difícil disminuir los costos de producción, debido a lo sucedido recientemente con Hidroituango. Es por ello que ratificó la importancia de pensar en una transición energética de la matriz actual, a partir de esquemas innovadores que no desconozcan ningún tipo de fuente.
Isaac Dyner, decano de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, fue el moderador del foro
Por su parte, Edgar Vargas, director del Departamento de Ingeniería, agregó que una de las apuestas energéticas debe ser mirar hacia procesos eficientes para la reducción de los gases de efecto invernadero y de la huella de carbón.
En cuarto término, Andrés Julián Aristizábal, director de la Maestría en Ingeniería – Gestión Sostenible de la Energía, sostuvo que Colombia es un país rico en fuentes eólicas, solar y biomasa, pero el gran inconvenientes se encuentra en el rezago en el modelo energético: “los cambios tecnológicos no están a la par de la regulación”, precisó.
Cambios en la política pública energética
Para Aristizábal urge acabar con la CREG, pues, dice, existen problemas de gran envergadura en su funcionamiento. También cree que se deben modificar el modelo actual de subasta y la manera en la que se solicitan los incentivos financieros para la generación de capacidad instalada en energías renovables.
Vargas, del otro lado, insta a que el Gobierno contemple usos alternativos para la producción de diesel diferentes a los de la palma. Estos podrían ser, por ejemplo, la aplicación de aceites usados. Recordó que el actual parque automotor diesel no tendría que hacérsele cambios para operar con biodiesel. Otra cosa sería con los automóviles a gasolina, pues este combustible podría causar daños a los vehículos, razón por la que, cree, solo podría implementarse en, por lo menos, dos décadas: “somos de los países productores de petróleo que cada vez tiene menos reservas. Hasta el momento solo tenemos para seis años”.
Torres, desde el ámbito de la competencia y los monopolios, aseguró que debe darse una mayor integración horizontal de las empresas generadoras de energía, con el fin de permitir el ingreso de pequeñas compañías al mercado. Destacó, además, que una de las grandes trabas para la implementación de las energías renovables se encuentra en las pocas garantías jurídicas y financieras que existen para la inversión en infraestructura, en la medida que no es clara la rentabilidad frente al precio de venta.
Frente a esto, Aristizábal considera que una de las posibles soluciones se encuentra en financiar la inversión en dicha infraestructura, así como en la puesta en marcha de redes energéticas inteligentes que permitan medir el consumo y los aportes que hacen los usuarios, especialmente domiciliarios, a la red de distribución: “los instrumentos existen pero lo que falta es implementarlos. Hoy todos podemos ser parte activa de la revolución energética”.
