Fallo de la Corte Internacional de Justicia en litigio entre Colombia y Nicaragua: ¿Definitivo o inaplicable?
En diciembre de 2001, Nicaragua interpuso, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, una demanda contra nuestro país, en la que pretendía ampliar su delimitación marítima y obtener la soberanía del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, desconociendo el tratado Esguerra – Barcenas firmado en 1928, que establece el meridiano 82 como frontera. Seis años después, la corte se pronunció a favor de nuestro país, aludiendo que la soberanía de las islas e islotes era de Colombia, pero, en noviembre de 2012, este organismo decidió que 75.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo pasaran a constituir zona económica exclusiva de Nicaragua.
Tras más de ocho años de esta decisión, el litigio entre ambos países permanece, a pesar de que el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos denunciara el tratado que reconocía la jurisdicción de esta corte, pues el país centroamericano exige una compensación de Colombia por no acatar, hasta el momento, la decisión del alto tribunal, al tiempo que solicita una ampliación de la plataforma continental de hasta 200 millas. En ese sentido, son varias voces de juristas e internacionalistas que sugieren que la diplomacia colombiana ha fallado en el manejo de este diferendo limítrofe.
Como parte del lanzamiento del Grupo de Seguimiento de Casos y Tribunales Internacionales, el 18 de marzo, se llevó a cabo el conversatorio “Diferendo Colombia – Nicaragua”, con la participación del presidente del Consejo Directivo de Utadeo, Jaime Pinzón López, y el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rafael Nieto Navia, bajo la moderación de la profesora Martha Liliana Gutiérrez Salazar, del Área Académica de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
Por un lado, Jaime Pinzón mantiene la tesis de que el fallo proferido por la corte es inaplicable y confuso, pues este organismo carece de competencia para reconocer los límites de las plataformas continentales de los países, en la medida que su carácter solo puede ser el de interpretar los tratados entre las naciones y resolver diferendos jurídicos. Por su parte, Rafael Nieto declara que, si bien la decisión no es compatible con la condición geográfica del archipiélago, dado que separa las islas de los islotes ubicados al norte del caribe, el fallo es definitivo e inapelable, pero que se debe actuar prontamente frente a las decisiones que próximamente tome la corte al respecto, y en que es necesario que se fijen los límites entre ambas naciones. En todo caso, ambos coincidieron en que el fallo de 2012 perjudicó a Colombia, porque, aunque se mantuvo la soberanía sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se dejó la duda sobre el meridiano 82
En ese sentido, Pinzón sostiene que el primer error del Estado fue reconocer en el 2002 el diferendo con Nicaragua, al comparecer ante la corte. Por otro lado, recuerda que, si bien en el 2012, el Gobierno Santos denunció el Pacto de Bogotá, la Cancillería colombiana no acató la orden y continuó la representación allí.
En todo caso, expresa el también exministro, una de las problemáticas más críticas es que el congreso de la República no haya estudiado a fondo el manejo diplomático que se le ha dado al litigio, siendo este un asunto de “diplomacia secreta”, en el que actualmente el país carece de una política internacional clara.
Por otro lado, frente a la reciente ley sancionada por la Asamblea de Nicaragua, en la que se declara la reserva de biósfera de ese país en el Caribe nicaragüense, Pinzón argumenta que se construyó de manera arbitraria e ilícita, incluyendo parte de la zona marítima colombiana y que podría poner en riesgo la reserva de biosfera Seaflower, declarada Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, por lo que insta al Gobierno nacional no solo a emitir una nota de protesta, como ya lo hizo la Cancillería, sino además a elevar el caso ante la Unesco.
Por último, el presidente del Consejo Directivo de Utadeo fue tajante al afirmar que Colombia debe llegar a acuerdos con los países vecinos para el respeto a la soberanía y sobre la conservación de la biodiversidad, pero no a seguir aceptando diferendos: “el territorio hace parte del Estado, al igual que sus mares”, al recordar que la población de San Andrés y Providencia, sus raizales y pescadores, son los principales afectados por el mandato de la corte.
En un segundo momento, Nieto explica que, en los alcances del fallo, la corte señala que Nicaragua puede extender sus fronteras al Este, pero que Colombia no lo puede hacer hacia el Oeste, tratando de compensar con ello una disparidad limítrofe entre ambos países. En todo caso, argumenta el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la corte intervino sobre disputas de tratados que no eran de su competencia.
En otro punto, Nieto recordó que el archipiélago carece de unos límites de base que estén definidos, salvo los que establece el Derecho del Mar, y que el fallo de la corte podría poner tropiezo a los límites marítimos que se tienen con otros países como Costa Rica y Panamá, tratados que no pueden ser modificados por la corte: “yo confío que en esta ocasión la corte cumplirá con la justicia”, declara el jurista, ante el eventual nuevo pronunciamiento del organismo.
Frente a la ley que promulgó la Asamblea Nicaragüense, Nieto indica que el país vecino está ejerciendo derecho en un área que no le corresponde, pero lo que aún es más grave es la desatención que le ha dado el Estado al diferendo limítrofe en toda su historia.
Por último, la profesora Gutiérrez se refirió a los derechos de petición que, en conjunto con su grupo de estudios, interpuso ante el Instituto Agustín Codazzi, la Dirección Marítima (DIMAR) y la Cancillería, con el propósito de determinar algunos aspectos sobre el acatamiento de la sentencia de la corte internacional y las medidas del Ejecutivo sobre la ley establecida por Nicaragua, sin obtener una respuesta positiva por parte de estos organismos.
Vale la pena resaltar que el rector de Utadeo, Carlos Sánchez, inauguró este conversatorio y el lanzamiento del grupo de estudios, recordando que este es el inicio de una nueva etapa en la Universidad en torno al análisis de temas internacionales, y que es necesario incorporar a la academia en la toma de decisiones diplomáticas que afronta el país.
Revive aquí el conversatorio
Ingresa al sitio del Grupo de Seguimiento de Casos y Tribunales Internacionales
