Dos proyectos de Ley, uno de iniciativa gubernamental y otro de iniciativa parlamentaria, orientados a humanizar la política criminal y penitenciaria, impulsar la justicia restaurativa y buscar alternativas al encarcelamiento fueron analizados y discutidos en el conversatorio organizado por el Programa de Derecho y el Semillero de Investigación de Derecho penal y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de Utadeo.
En este escenario, cada uno de los panelistas expuso sus argumentos a favor o en contra de las iniciativas destacando sus bondades y aportes para el objetivo final de las reformas, humanizar el sistema carcelario en nuestro país.
En la bienvenida a este espacio, el rector de Utadeo, Carlos Sánchez Gaitán, señaló que, aunque este puede parecer un debate técnico que solo interesa a abogados penalistas, “en realidad propone un gran debate cultural y social mucho más amplio, pues se trata de propuestas que van a contracorriente de ideas que están muy arraigadas de la justicia retributiva y punitiva a partir de las cuales se han diseñado las respuestas contra el delito”. Indicó que las dos propuestas que se analizan “plantean como alternativa modelos de justicia restaurativa, idea que comienza abrirse camino en el debate público, pero con la que los colombianos estamos menos familiarizados”.
Recordó el Rector que justamente la Universidad es un espacio abierto a este tipo de discusiones, “por eso acogimos esta iniciativa de un grupo de estudiantes del semillero de investigación en Derecho Penal y Derechos Humanos y de un grupo de profesores del Área de Derecho para convocar esta conversación de los dos proyectos de ley y los modelos de justicia”.
En su presentación, el Ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna, señaló que la lógica punitiva de la justicia ha producido que nuestro código penal, desde principios de siglo, haya tenido cerca de 50 reformas con el común denominador de aumentar penas, disminuir beneficios y crear nuevos delitos lo que ha hecho crecer el número de personas detenidas a unas cifras que nunca antes se habían tenido y que sin embargo no han hecho disminuir la criminalidad. Señaló que el proyecto del Gobierno “abre una serie de discusiones en torno a ¿para qué el castigo? ¿Cuál es el sentido del castigo en una sociedad como la nuestra? ¿Qué esperar como sociedad de las cárceles? ¿Son solo depósitos de seres humanos en condiciones infrahumanas por muchos años a un precio elevadísimo? ¿Esperamos resocialización? ¿las queremos como solución extrema o generalizada?”.
Todas esas discusiones las abre el proyecto que presentó el gobierno que propone “rescatar ideas que están en la legislación, cerradas por clausulas normativas que se refieren a la posibilidad de justicia restaurativa y a la posibilidad de resocialización, hay mecanismos allí que en este momento están bloqueados como la reparación adecuada a las víctimas. Además el ministro sostuvo que “que es necesario llevar la educación a las cárceles, que un individuo que no sepa leer ni escribir, salga de allá haciéndolo y además aprendiendo un oficio que hará que no reincida, lo que en un alto porcentaje ocurre en este momento”. Señaló que a eso básicamente le apunta el proyecto del gobierno que invitó a leer la propuesta de reforma, pues mencionó que el debate ha girado más en torno a los temas que no contiene.
Por su parte, el representante a la cámara por el departamento de Caldas, Juan Sebastián Correa, se refirió al Proyecto 108 del 22 del cual es ponente, y señaló que seguro entre los dos proyectos -este y el del gobierno- hay temas comunes. “Comparten más o menos los mismos temas, aunque este no plantea que desaparezca ningún tipo penal, aunque puede pasar”. Sobre algunos temas puntuales del proyecto y que han estado en discusión en medios de comunicación dijo que “delitos como la estafa y la inasistencia alimentaria son muy sensibles pues tienen características culturales en cada región que se pueden manejar de forma diferente al pago de multas; puede ser con trabajo y aporte social además de capacitación como medidas alternativas”. El representante hizo un llamado para que estos proyectos sean tramitados en el Congreso a la luz del poder legislativo y no a través de facultades extraordinarias al ejecutivo.
A su turno, Diana Britto Ruíz, experta en justicia restaurativa, exdirectora de conocimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, afirmó que “esta es la primera vez que siente que se puede realmente hacer un modelo complementario entre la justicia puramente punitiva y la restaurativa”. Señaló que el proyecto “llega a la comprensión de que el delito es un asunto humano que, aunque suene lógico, la diferencia es que no se considera el delito desde la justicia restaurativa como un asunto abstracto sino como un asunto que acontece en la vida cotidiana de las personas y rompe la lógica de la justicia como venganza”. Britto dice que el proyecto “refuerza el enfoque restaurativo que debe tener la Ley penal. La justicia más que un asunto de leyes y códigos debe ser tomado como un asunto ético que se vive cotidianamente por eso se debe tener en cuenta el contexto de la persona que delinque y permite entender al ser humano que se ve enfrentado a esta situación, pero sin dejar de dar la importancia que tienen las víctimas; allí debe haber un balance”.
Rodrigo Uprimny, presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal, dio a conocer que para la Comisión los dos proyectos se deben analizar a la luz de 5 tesis básicas: “la primera es que Colombia enfrenta el tema de política criminal como dos crisis, una de seguridad ciudadana con indicadores bastante malos y la segunda con una crisis carcelaria muy profunda con una casi que violación masiva de los derechos humanos de los internos. La segunda tesis es que, si lo anterior es así, se debe repensar la política criminal porque no está funcionando ni en términos de eficiencia y seguridad ciudadana, ni en términos de garantismo con los procesos y las personas privadas de la libertad. La tercera es una consecuencia, si se quiere, de carácter metodológico, hay que ponerle tranquilidad y cultura democrática al debate público.
La cuarta tesis tiene que ver con la pregunta de ¿hacia dónde avanzamos? En los últimos años el país intentó una vía, la punitiva que incrementó el promedio de las penas y al tiempo incrementó la población carcelaria con un hacinamiento del 40% y, sin embargo, la seguridad ciudadana no ha mejorado. Y la quinta tesis es que estos proyectos están bien orientados pues uno puede al mismo tiempo mejorar la seguridad ciudadana y solucionar la crisis carcelaria reconociendo que hemos llegado a niveles de encarcelamiento excesivos, por eso se da el debate de por qué despenalizar ciertos comportamientos, pero acá se puede además pensar en aplicar penas más racionales, y si se fortalece la justicia restaurativa se tienen otros mecanismos para lograr la satisfacción de los derechos de las víctimas mejor que en la justicia penal retributiva en la que usualmente la olvidada es la víctima pues se centra en el delincuente”.
En su intervención, Johanna Bahamón, presidenta de la Fundación Acción Interna, mencionó desde su experiencia, que señalar y juzgar desde afuera es diferente a lo que se vive en la cárcel y eso es lo que se debe tener en cuenta en la discusión. A la pregunta de si las cárceles cumplen un proceso de resocialización, declaró que desde el trabajo con su proyecto “me di cuenta que estar privado de la libertad no debe significar estar privado de la dignidad; lamentablemente como están funcionando las cárceles en este momento es muy difícil que los reclusos salgan siendo mejores seres humanos” por lo que menciona que su proyecto trabaja en metodologías de intervención enfocadas a la resocialización que tienen que ver con apoyo psicosocial, jurídico, la expresión a través del arte y la cultura, y un enfoque productivo que les dé herramientas para cuando estén en libertad.
La última intervención estuvo a cargo del profesor Fernando Tamayo, Director del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, quien indicó que entre las claves para entender la política criminal en Colombia hay 4 temas ligados a la idea del término populismo punitivo: “el primero tiene que ver con la idea extendida de que las reformas penales tienen apoyo en la comunidad y en centros estratégicos de información como los medios y las redes sociales; el segundo elemento es que los gobiernos pueden sacar rédito político por impulsar cierto tipo de reformas fortaleciendo sus capitales sociales a través del clientelismo por ejemplo; el otro tiene que ver con el endurecimiento punitivo, con la creación de más delitos y el endurecimiento de las penas y restricciones; y por último, la percepción de la legislación penal desde un punto de vista simbólico que hace pensar que al aprobar un proyecto como estos se solucionarán algunos problemas de tipo social”.
