Problema

¿Cuáles han sido las tensiones entre las prácticas culturales de los habitantes del Centro de Bogotá y las políticas institucionales alrededor de la construcción de la vida cultural entre los años de 1991 y 2011?

Actores sociales

Más que aportar una definición específica del concepto de actor social para el desarrollo de este proyecto, lo pertinente sería observar cómo mediante la combinación de lo que proponen al respecto las ciencias sociales y la gestión cultural, este concepto se amplía y problematiza. Los actores sociales de los estudios de caso que abordaremos en el proyecto pueden estar conformados de maneras distintas. Si se trata de observar el sector de la sociedad civil o el estado, los actores sociales pueden ser tanto organizaciones comunitarias que trabajan a un nivel barrial o local (asociaciones de padres o de jóvenes, juntas vecinales, etc.) como organizaciones gubernamentales o no gubernamentales (O.N.G.) que trabajen en una escala regional o internacional. Puede tratarse de grupos de presión que se conforman de manera espontánea y coyuntural o congregaciones políticas cuya historia institucional sea de mediana o larga duración. Si hacemos referencia al sector productivo, los actores sociales pueden estar representados en instituciones o empresas de gestión cultural, privada o pública, agentes inmobiliarios, propietarios de bienes raíces, firmas constructoras, corporaciones bancarias o colectivos de comerciantes que desempeñen su labor formal o informalmente en un área de la ciudad. Finalmente en el sector académico, los actores sociales están incorporados en las instituciones educativas, particularmente las universitarias (privadas o públicas), los centros de investigación y todo lo que la industria editorial pueda aportar al respecto. En síntesis podríamos afirmar que para nuestro proyecto de investigación un actor social es un sujeto o una colectividad que ejerce una fuerza determinante en un proceso histórico que en su desarrollo transforma las nociones o las condiciones del patrimonio urbano y la vida cultural del cuerpo social que conforma la urbe.   

Academia y Sociedad civil

La Academia y la Sociedad Civil empiezan a adquirir protagonismo a partir de las transformaciones que en el plano jurídico e institucional introducen la Constitución política de 1991y la promulgación del Estatuto Orgánico de Bogotá (1994). Hasta entonces la universidad colombiana, tanto pública como privada, se había limitado a observar con distancia los problemas de la Ciudad. La invitación que el gobierno distrital (alcaldía Mokus) hace a las universidades de participar como asesores, pensando e interviniendo de manera coherente y consistente sobre las diferentes problemáticas de  Ciudad, condujo a que por primera vez, la universidad colombiana fuera interlocutora de primera de la administración pública local.

Algo semejante sucedió con la sociedad civil organizada, debilitada desde años atrás por los diferentes gobiernos nacionales de corte autoritario y militarista, lo mismo que por el narcotráfico y las prácticas de desaparecer al contradictor. Gracias al movimiento ciudadano, gestado alrededor de la Constituyente y de la Constitución de 1991, movimientos ciudadanos, se fueron convirtiendo a la postre en organizaciones  ciudadanas, que trataron de atender problemáticas situadas específicas en las Localidades, Barrios   y sectores urbanos a partir de 1991. Organizaciones no gubernamentales como Cinep, Viva la Ciudadanía, entre otras, junto a los programas como el de “Cultura Ciudadana”, el plan “Formar Ciudad” implicaron la intervención directa de la ciudadanía, no solamente para darle contenido y ejecución a la política local, también para el ejercicio de novedosas formas de control político (veeduría). 

Sector productivo  

La propuesta de investigación propone mirar el comportamiento del sector productivo y la incidencia que ha tenido en relación a los otros actores sociales propuestos en el marco de esta investigación –la sociedad civil, el estado y la academia- con el objetivo de identificar las tensiones existentes entre las políticas institucionales y las prácticas culturales y el patrimonio en el centro de Bogotá entre los años 1991 y 2011. Se parte del supuesto de que hay una intervención del sector productivo en las políticas culturales que transforman y direccionan las representaciones simbólicas por los lugares de lo que se conoce como “industrias culturales”, vistas como “un conjunto de actividades de producción, comercialización y comunicación en gran escala de mensajes y bienes culturales que favorecen la difusión masiva, nacional e internacional, de la información y el entretenimiento, y el acceso creciente de las mayorías” (García Canclini, 1999), hacia modelos y sistemas culturales de carácter masivo.

El proyecto se enfocará en aquellas industrias que tienen su origen en la creatividad, las habilidades y el talento y que buscan el bienestar y la creación de trabajos a través de la generación y la explotación de la propiedad intelectual (DCMS, 2001:04).

De acuerdo a la UNESCO las principales características de las industrias culturales y creativas son:

“Intersección entre la economía, la cultura y el derecho: 1) Incorporan la creatividad como componente central de la producción, 2) Contenido artístico, cultural o patrimonial, 3) Bienes, servicios y actividades frecuentemente protegidas por la propiedad intelectual - derecho de autor y los derechos conexos, 4) Doble naturaleza: económica (generación de riqueza y empleo) y cultural (generación de valores, sentido e identidades). Innovación y re-creación y 5) Demanda y comportamiento de los públicos difícil de anticipar” (UNESCO).

Desde esta perspectiva se reconocen los sectores cuyo modo de operación es la reproducción industrial o semi-industrial con la posibilidad de reproducir y distribuir a gran escala sus productos, y por otro lado los sectores en los que los bienes, servicios y actividades no son reproducibles de manera industrial y operan a pequeña o mediana escala. Sin embargo, estos dos modelos comparten una dimensión común de salida al mercado, promoción y difusión.

Centro

Este proyecto de investigación presupone una noción de centro ampliada que trasciende claramente la noción del mismo como determinación física, geográfica, territorial, política y/o administrativa. Esta ampliación no corresponde a una decisión abstracta y/o intelectual, sino a la necesidad de que la noción de centro resulte congruente con la noción ampliada de  patrimonio cultural presupuesta en esta investigación. Esta noción ampliada se refiere, por una parte, a nociones sociales, culturales y existenciales del espacio como las de lugar, espacio existencial, hogar, genius loci y espacialidad de Christian Norberg-Schulz, y por otra parte, a la noción de centro espacial y simbólico de Carla Pasquinelli.

En relación al primer autor, el centro para el ser humano se refiere a lo ‘conocido’ en contraste con lo ‘desconocido’. Lo primero se considera como lugar, es decir como un espacio limitado, estable como referencia y fuente de seguridad (personal, social y/o cultural). Lo segundo se considera como sitio (no lugar), es decir, como ilimitado, inestable como referencia y fuente de inseguridad (personal, social y/o cultural). A manera de ejemplo, el centro histórico de una ciudad para unos sujetos puede constituir un lugar, brindar seguridad existencial y operar como centro, mientras que para otros puede constituir un sitio, causar inseguridad existencial y no operar como centro.

En el caso del centro como ´lo conocido´, el sujeto gana seguridad porque el centro se comporta como un espacio que lo invita o mejor lo impulsa a actuar como ser individual, social y cultural, mientras que en el segundo caso sucede lo contrario. Según Norberg-Schulz: “El ´espacio personal´ definido en el concepto de ´territorialidad´ no debe ser confundido con el espacio existencial que, en líneas generales, tiene un carácter público, reuniendo los miembros de una sociedad en lugares comunes. Dentro de ese espacio público el espacio individual halla su lugar personal”. (Norberg-Schulz, 1975, 23). De este modo, la creación, generación y preservación de centros en sentido existencial constituye una necesidad que trasciende la dimensión privada y adquiere una dimensión pública. En este sentido, los centros en sentido existencial operan como factores tanto de identidad como de cohesión social y cultural.

Y en relación al segundo autor, el centro tiene un carácter fundacional, por lo tanto, adquiere una dimensión no solo espacial, sino temporal. La autora cita el ejemplo del entierro una piedra sagrada, por parte de una cultura, en un nuevo territorio: “…para refundarlo y convertirlo así en su centro espacial y simbólico. Un centro que funcionara como eje de orientación respecto del pasado y el futuro, y que rescatara el espacio desconocido e indiferente de la ciudad, de modo de anular su anonimato y volverlo menos extraño y hostil (…) en suma, era una ´resemantización´ del territorio (…) Una verdadera fundación del mundo, un centro (…) la fundación del centro es el acto preliminar que confiere una forma la espacio”. (Pasquinelli, 2006, 97). Como en el caso del primer autor, la autora enfatiza la dimensión temporal del centro y no lo reduce a la dimensión espacial. Entonces sin la acción humana los centros no solo no existirían, sino dejarían de existir aquellos centros que, en un determinado momento, resultaran ausentes de la misma. Por otra parte, se enfatiza la dimensión significativa del centro no solo como creación, sino organización de la realidad construida y experimentada, es decir, del mundo.  

De acuerdo a las anteriores consideraciones, la casa familiar, la cuadra, el barrio, la universidad, el trabajo y/o el centro de la ciudad pueden ser considerados o no como centro en sentido existencial. Por una parte, se observa que los centros tienen una naturaleza dinámica que los obliga tanto a cambiar como a tener un nivel de constancia y permanencia. Y por otra parte, se observa que los mismos no tienen un carácter dado, no existen por sí mismos, sino requieren para su creación, generación y preservación de la imaginación, la voluntad, la determinación y la acción de la cultura y la sociedad. 

Justificación

Desde las políticas y programas de gobierno para la Ciudad de Bogotá no se ha reconocido lo suficiente  la vida culturalcomo un Derecho Humano[1] ni su papel fundamental en el desarrollo político, social y económico[2] de las comunidades que habitan el Centro de Bogotá.

La función del Estado es asegurar que existan las condiciones previas para participar en la vida cultural, dar acceso público a amplios sectores de la población a los bienes culturales y preservarlos. Sin embargo, en varias ocasiones, el aporte de recursos del erario público para actividades culturales de origen privado y semiprivado no permiten la participación de la mayoría de la población y terminan siendo actividades para un minoría social.

De otra parte, al margen de las políticas institucionales de la cultura, diferentes actores sociales en el Centro de Bogotá vienen produciendo prácticas culturales al ritmo de los esfuerzos de construcción de la civilidad, que bien merecen la pena observarse y valorarse. Esto permite reconocer que los sujetos sociales no son entes pasivos en la construcción de la vida cultural y por lo tanto deben ser considerados en la elaboración e implementación de las políticas culturales.

La construcción de la vida cultural de ciudades es fruto, entre otros factores, de la confluencia y la interacción de todos los actores que intervienen en la animación, creación y preservación de la misma. Bogotá ha sido concebida frecuentemente, tanto desde el discurso como desde la práctica institucional, como un lugar dispuesto para el buen estar de ciertas minorías, con exclusión de las mayorías.

En la década de los noventa se formularon reformas políticas coherentes tales como el Estatuto Orgánico de Bogotá durante la administración de Jaime Castro o el Plan formar Ciudad de la primera administración de Antanas Mockus. Sin embargo, estas reformas no dieron los resultados esperados respecto a la participación amplia de la ciudadanía; uno de los factores adversos para el cumplimiento efectivo de estos planes ha sido la no continuidad de las políticas implementadas. Son los habitantes quienes deben elegir libremente cómo satisfacer sus necesidades culturales, y el Estado facilitar y motivar la participación de ellos en la vida cultural, cosa que no ocurre frecuentemente desde las instituciones públicas (Ministerio de Cultura, Secretaria Distrital de Cultura) cuyo enfoque se dirige hacia la “cultura como espectáculo” y a una concepción del patrimonio como monumento, que ha beneficiado más intereses privados que genuinamente colectivos y públicos.

Las actuales políticas sobre la construcción de la vida cultural no reconocen de manera suficiente el papel del ciudadano en el ejercicio pleno de la civilidad que implica el respeto por la vida, la dignidad humana y el sentido de pertenencia, factores que posibilitan la afirmación y la construcción de la identidad. Se tiende a pensar desde las políticas institucionales acerca de la cultura que los ciudadanos son simplemente receptores y que no constituyen agentes activos en la construcción e implementación de las mismas. En este sentido, resulta necesario iniciar procesos que reviertan las tendencias actuales en las que no se aprecia suficientemente la creatividad cultural de los diferentes grupos sociales y, a la vez, generar espacios de participación que descubran y valoren los aportes de la vida cultural a la resolución de los problemas actuales y al desarrollo político, social y económico de la sociedad. Para alcanzar estos propósitos es necesario implementar estrategias y políticas que favorezcan la diversidad, sin originar fragmentación y exclusión social, conflictos ni prácticas que finalmente resultan autoritarias. Si una comunidad o sociedad no invierte en satisfacer sus necesidades culturales, desaparece y  somos todos los que perdemos y vemos mermado nuestro derecho a participar de la ciudad[3]. Este "derecho a la ciudad" se debe ampliar con la exigencia del derecho a la memoria y a los lugares para la expresión cultural de todos.

Es desde la Academia donde proponemos el fortalecimiento de estos derechos, y desde donde se posibilita de manera efectiva el encuentro de todos los actores implicados en la construcción de la vida cultural. Mediante el estudio histórico de las relaciones entre las políticas, las prácticas y las experiencias e imaginarios de los habitantes respecto a la cultura, se puede construir un modelo de intervención que permita la participación de todos y la construcción conjunta de lo que se considera patrimonio, cultura y civilidad.

Vida cultural

Podemos partir aquí de la “vida cultural” como la capacidad de los colectivos humanos de agenciar  múltiples mundos posibles (Viveiros de Castro, 2012). Sin embargo, la noción de “vida cultural” es relativamente reciente y alude a tres  horizontes de sentido distintos, estructuralmente  complementarios: un horizonte jurídico, un horizonte político y un horizonte simbólico-artefactual

El horizonte de sentido jurídico, asimila la “vida cultural” a un “derecho humano universal”, con respecto al  marco de los derechos individuales, sociales y políticos (ONU, 1987), producto del pleno ejercicio del derecho “a la vida y la libertad”, “la vida privada” (Derechos individuales), la “justicia”, el derecho a la seguridad y el derecho al trabajo (Derechos sociales), así mismo, el derecho al ejercicio de la ciudadanía (Derechos políticos). Según Naciones Unidas,  los derechos culturales, son el derecho a la educación, esto es, a la instrucción universal y gratuita; el derecho a tener acceso, y a participar en la vida cultural de la propia comunidad; el derecho a gozar de los resultados y facilidades que otorga a la humanidad el desarrollo científico y tecnológico; el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales derivados de la producción científica, tecnológica y de la creación literaria y artística (ONU, 1966). Naciones Unidas, con la finalidad de crear las “condiciones” que permitieran a cada persona gozar de sus “derechos económicos, sociales y culturales”, tanto como de sus “derechos civiles y políticos”,aprobó, el 16 de diciembre de 1966, durante el transcurso de la vigésimo primera Asamblea General, la resolución 2200-A. conocida como el “Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. Resolución que entró en vigor el 3 de enero de 1976 (ONU, 1966, 1976).

El horizonte de sentido político, la vida cultural objetiva la pertenencia del individuo a una nacionalidad, por la cual se le reconoce una lengua,  unas costumbres, unos valores, y en esa misma dirección, el estado le debe  protección, recursos de vida, cultura y garantías frente a otros ciudadanos y estados. Por lo que la participación política, es una manera más de práctica cultural.

El horizonte simbólico-artefactual alude al componente  liminal de la “vida cultural”, pues  tiene que ver con el ambiguo umbral de la experiencia perceptiva de cada individuo, por lo cual, la cultura  se evidencia en formas simbólicas particulares (Turner, 1980), al mismo tiempo que en materialidades factuales e instrumentales.

En este orden de ideas, la definición de la  “vida cultural” en tanto agenciamiento de mundos posibles,  pasa por la articulación tanto de actos técnicos, como expresivos  y  actos productores de sentido (Harris, 1978, 1982).

Habría que darles entonces la razón,  a quienes proponen de manera general la cultura como elaboración ideacional y construcción de significado (Maurice Godelier, 1986), que contrasta con la cultura como industria y espectáculo (Córdova, 2007). En suma,   una expresión de  transculturalidad (Graves, 2004), en la que además  cabe reconocer  la vida cultural como creatividad, diferenciación e historia. Como el producto de interacciones entre sujetos diferentes, el individuo y la sociedad, donde la cultura es manifestación de diferentes razas y etnias; de  equidad multicultural (Bashkow, et al. 2004).

Prácticas culturales

Para los objetivos de la investigación, resulta de utilidad la propuesta John B. Thompson (1998), en su libro “Ideología y cultura moderna”, donde desarrolla el concepto de cultura en tres grandes concepciones: clásica, antropológica y estructural; volcándolas  sobre la  utilidad de una visión contextualizada de las formas simbólicas: arte, diseño, cultura de masas, etc. Así Thompson, 1998, define la cultura  de un grupo o sociedad como: “…el conjunto de creencias, costumbres, objetos e instrumentos materiales que adquieren los individuos como miembros de ese grupo o esa sociedad…” (Thompson, 1998:194).

La concepción simbólica de la cultura es una de las posiciones más sugestivas y críticas de la antropología, se pregunta por las capas de significado que las personas construyen, usan y reproducen para dar sentido a su vida diaria (Turner, 1980). Para Thompson (1998) al mismo tiempo que se entiende la cultura como texto, de la misma forma, deben cuestionarse las relaciones de poder, de los contextos en los cuales la cultura se usa, construye y re-construye (en clara alusión a las ideas de Foucault), por lo que el  tratamiento simbólico de la cultura, debe superar el análisis formal de los textos  y tratar con la suficiente profundidad los contextos socio-históricos de esa textualidad que supone la cultura.

Thompson propone resolver el análisis contextual de la perspectiva antropológica simbólica de la cultura, con la “teoría de los campos” de Bourdieu, en sus palabras el análisis cultural desde la concepción “estructural” como:  “El estudio de las formas simbólicas -es decir, las acciones, los objetos y las expresiones significativos de diversos tipos- en relación con, contextos y, procesos históricamente específicos y estructurados socialmente, en los cuales, y por medio de los cuales, se producen, transmiten y reciben tales formas simbólicas…” (Thompson 1998:203). Lo importante del análisis de las formas simbólicas es que sea algo producido por una persona y que sea significativo, es decir, que comunique algo a alguien, que sea significativo para alguien.

En este orden de ideas, las “prácticas culturales” pueden valorarse en un caso  por su materialidad (artefactos, objetos, cultura material en su conjunto), en otro, bajo la condición de formas simbólicas, sin restarle por ello su objetivación en unas materialidades como la cultura material, actos técnicos, y actos expresivos.  

Analizar formas simbólicas desde una perspectiva estructural, persigue distinguir y equilibrar: a) rasgos estructurales internos de las formas simbólicas y, b) procesos de estructuración situados (contextos históricos) donde se insertan las formas simbólicas, no algo muy distinto de lo propuesto por los estructuralistas levistrossianos y por Godelier).

Al hablar de la relación entre “vida cultural” y “prácticas culturales” no podemos eludir que ambas están mediadas por la “calidad de vida”,  por lo menos en los contextos urbanos contemporáneos, si entendemos que la calidad en tanto habitabilidad, se traduce hoy día en las capacidades reales que tienen los individuos para disponer de una mayor nivel de ingresos económicos, de acceso a los servicios de salud y educación (GarcíaViniegras, 2008: 27), a un disfrute cultural que los habilita para implementar estilos de vida de cuidado “de sí” y de los “otros” (saludables); gracias el pleno ejercicio de la vida cultural,  pueden  encontrarse  mejor dispuestos para disfrutar de una calidad de vida superior.

Marco Teórico

Esta investigación enfatiza la dimensión cultural del fenómeno urbano, pues se considera que la problemática de éste no reside sólo en factores funcionales, productivos o tecnocráticos, sino que está constituido de diversos materiales, entre ellos la representaciones, los símbolos, la memoria, los deseos y los sueños. Es la superposición continua de muy diversos estratos lo que estructura toda ciudad, reino de la diversidad y la pluralidad (Montaner, 1992). Por lo tanto, la ciudad es un lugar de producción simbólica permanente que es experimentado de manera rutinaria o inédita por aquellos que la habitan.

Desde este enfoque sobre la ciudad, vida cultural es un concepto de la presente investigación,  entendida como el conjunto de las  prácticas mediante el cual una sociedad se expresa y se sitúa en un mundo globalizado, buscando el respeto de las particularidades y la diversidad de los individuos y grupos que la conforman. Como señala Roger Chartier (1992: xi) son esas prácticas que “...tejen la trama de las relaciones cotidianas y que expresan la manera en la que una comunidad singular, en un tiempo y un espacio, vive y reflexiona su relación con el mundo y la historia”. Por tanto, la vida cultural es ese conjunto de significaciones que se enuncian en los discursos o en las conductas cotidianas de los habitantes. Para Clifford  Geertz el concepto de cultura “...denota una norma de significados transmitidos históricamente, personificados en símbolos, un sistema de concepciones heredadas expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales los hombres se comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento de la vida y sus actitudes con respecto a está”. (Chartier, 1992: 43). En este sentido se comprende la cultura como un cuerpo de representaciones de mundo construido y transmitido con un sentido existencial que trasciende claramente la concepción de cultura como una actividad intelectual propia de determinados grupos y clases sociales.  

De otra parte, es importante destacar diferentes declaraciones de la comunidad internacional sobre lo que se considera el derecho a la vida cultural. Una de ellas es la Observación general Nº 21 de Naciones Unidas, la cual se refiere al Derecho de toda persona a participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)[4] :

 “Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos y, al igual que los demás, son universales, indivisibles e interdependientes. Su promoción y respeto cabales son esenciales para mantener la dignidad humana y para la interacción social positiva de individuos y comunidades en un mundo caracterizado por la diversidad y la pluralidad cultural”.

La expresión ‘vida cultural’ hace referencia explícita al carácter de la cultura como un proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo, que tiene un pasado, un presente y un futuro. Como señala la Observación general Nº 21 de Naciones Unidas, la cultura, por tanto, comprende, entre otras cosas,

“…las formas de vida, el lenguaje, la literatura escrita y oral, la música y las canciones, la comunicación no verbal, los sistemas de religión y de creencias, los ritos y las ceremonias, los deportes y juegos, los métodos de producción o la tecnología, el entorno natural y el producido por el ser humano, la comida, el vestido y la vivienda, así como las artes, costumbres y tradiciones, por los cuales individuos, grupos y comunidades expresan su humanidad y el sentido que dan a su existencia, y configuran una visión del mundo que representa su encuentro con las fuerzas externas que afectan a sus vidas. La cultura refleja y configura los valores del bienestar y la vida económica, social y política de los individuos, los grupos y las comunidades”.

Asimismo en esta concepción se enfatiza que toda persona tiene derecho “a participar en la vida cultural” individualmente o en asociación con otras, y esta es una elección que debe ser reconocida, respetada y protegida. Dentro de esta concepción ampliada de la vida cultural, las actividades relativas a la preservación, generación y apropiación del patrimonio juegan un papel fundamental. Esto implica una reconsideración de las nociones y presupuestos tradicionales acerca del patrimonio.

La problemática del Patrimonio está directamente vinculada a la cultura humana y a los sustratos socio-culturales sobre los que se funda la vida cultural. En la 25° Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas (Paris, 1989)[5] se concibe al Patrimonio como el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad y constituyen una expresión de su identidad. Asimismo, en la 29° Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas (1999) se proclamaron las obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad lo que permitió tanto superar el concepto de patrimonio ligado a lo monumental como des-jerarquizar las nociones y las prácticas culturales.

En Colombia existe una tradición de defensa del Patrimonio en congruencia con los desarrollos que se han dado internacionalmente al respecto. En relación al campo de la cultura, la Constitución de 1991 realiza un avance fundamental al considerarla como fundamento de la nacionalidad. A partir de ella, se reconoce y protege la diversidad étnica y cultural y reconoce la obligación del Estado de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación (Artículos 7 y 8) .La noción política de Patrimonio se define en nuestro país según la Ley 397/1997[6] e incluye en su artículo 4º denominado ‘Integración del patrimonio cultural de la Nación’:

“El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico”.

Otra dimensión de la vida cultural es el medio ambiente. En efecto uno de los instrumentos jurídicos producidos en la última década, como desarrollos derivados de la Nueva Constitución  de 1991 es la Ley 99 de 1993 o Ley de Medio Ambiente, que hace un reconocimiento del medio ambiente natural y cultural como parte del patrimonio del país. En el medio ambiente se manifiestan las transformaciones que las personas han hecho de su entorno, dando lugar a una interacción que es expresión misma del devenir histórico y del bagaje cultural como medio de exteriorización de la forma de ser y estar en el mundo.En este sentido se sitúa  el entorno medioambiental como un paisaje cuyo metabolismo se encuentra estructurado y construido social y culturalmente, un paisaje que es inseparable de los valores que diferentes colectivos sociales le otorgan  a emplazamientos, localizaciones, objetos e imágenes, y que por reconocerlos y legitimarlos ampliamente, integran lo que hoy se conoce como patrimonio cultural. Así, Entorno medioambiental y patrimonio cultural constituyen un aspecto central de la habitabilidad.

Las concepciones aquí planteadas en torno a la vida cultural, la civilidad, el patrimonio y el medio ambiente implica tanto una reconsideración de las políticas ‘convencionales’ de patrimonio usualmente restringidas a la memoria política de la Nación como una revaluación de actividades sociales antes excluidas. Esta reconsideración indica que el pasado puede ser usado de manera fructífera pues heredar es también transformar. Un patrimonio solo preservado se vuelve una carga intolerable; en efecto, autores como David Lowenthal proponen una relación activa con el pasado y señalan que el lugar de lo antiguo no es simplemente un país extranjero. Antes bien, el pasado debe ser asimilado para que resurja en un presente siempre cambiante. La preservación del  patrimonio nada tiene que ver con “fosilizar” la cultura; por el contrario, se requiere revitalizarlo continuamente mediante la recreación significativa de las relaciones entre el presente y el pasado que construyen la memoria y la identidad, aspectos fundamentales para las posibilidades futuras de una sociedad.

Estado del Arte

A partir de la Asamblea Nacional Constituyente (1991) conceptos como ciudadanía, habitabilidad, convivencia, cultura ciudadana y vida cultural, adquieren una relevancia política sin antecedentes en Colombia. Estos conceptos se trabajaron principalmente desde organizaciones de base y la sociedad civil organizada (ONGs)[7]; por otra parte, las cinco últimas Administraciones Distritales los han empleado y reactualizado.

En el marco de la política urbana del Salto Social (gobierno de Ernesto Samper), se presenta el documento Ciudad y Ciudadanía (1995)[8] que buscó establecer un punto de encuentro entre el gobierno nacional y las autoridades locales y de éstas con la sociedad. En él se entiende la ciudad como espacio privilegiado al interior del cual se teje la trama social, política y económica del país. Otro texto de la Presidencia es  “Trabajo cultural  en Colombia”, en donde aparece una leve aproximación a la vida cultural en el país. 

En Bogotá, durante la primera administración de Antanas Mockus (1995-1998) entre las siete prioridades de su plan de gobierno Formar Ciudad figura la de Cultura Ciudadana. Con ella se abre el debate sobre civilidad, ciudadanía y cultura. Bogotá 2000, plan de la segunda Administración de Mockus (1994-1997) incorporó doce conceptos-fuerza básicos, entre los cuales cabe destacar: cultura para la convivencia; sustentabilidad ambiental y urbanismo de costos razonables.

En 1998 se creó el proyecto Bogotá cómo vamos con el propósito de lograr un consenso sobre el concepto de calidad de vida. El Distrito también promovió talleres y seminarios sobre temas de interés para la ciudad, principalmente alrededor de la cultura y la investigación social. A través de esos programas y campañas el gobierno distrital reafirmó su responsabilidad de educar y comunicar el tipo de normas y comportamientos que mejor contribuyeran a la construcción de ciudad. Por su parte, el alcalde Peñalosa -quien orientó su gestión hacia la transformación del medio urbano- mantuvo en parte el enfoque pedagógico de Mockus, y lo aplicó para el apropiado uso del espacio y el transporte público.

Martin y Ceballos (2004) en su trabajo Bogotá: anatomía de una trasformación política de seguridad ciudadana 1995-2003, destacan los procesos participativos, estrategias de comunicación y programas recreativos, deportivos y culturales para involucrar a la ciudadanía en el buen uso de las obras; también subrayan  la ampliación de la oferta de eventos culturales como Rock al Parque, Rap al Parque, Festival de Verano, entre otros, que han contribuido a que haya más sentido de pertenencia, mejor entendimiento y respeto por lo público. En síntesis el esfuerzo realizado en Bogotá entre 1995 y 2003 redefinió un proyecto de ciudad  y de reconstrucción de la ciudadanía.

Por otra parte, durante la Administración del Alcalde Luis Eduardo Garzón, en el Sexto Foro de Biarritzsobre Desarrollo social y democracia local (septiembre 2005), se debatieron varias problemáticas, relacionadas con  la importancia de la cultura y de la ciudad productiva en tanto generadora de capital de vida. Mediante la cualificación y calificación de la fuerza laboral se estableció el incremento de las capacidades y oportunidades de los más pobres y vulnerables en el desarrollo social, donde se reivindica la vida cultural como Derecho Humano fundamental.

En cuanto a la sociedad civil, se destaca la Fundación Barrio Taller, la cual a través de su revista Práctica Barrial se enfocó en los noventa en temas de convivencia y vida ciudadana. Desde la Academia, en 1995 se destaca el artículo Fernando Cepeda Ulloa La aventura de sobrevivir en Bogotá donde muestra que ante la ausencia de alternativas de vida, la gente de la capital implementa diferentes estrategias que no pasan necesariamente por la cultura hegemónica.

En las reflexiones alrededor de la ciudadanía el arquitecto Alberto Saldarriaga  propone pensar la escuela como ciudad y la ciudad como escuela pues la experiencia del espacio público desempeña un papel importante en la formación del futuro ciudadano; el arquitecto Fernando Viviescas apuesta por una ciudad donde la cultura ciudadana dote a cada habitante de los elementos con los cuales pueda aportar al interés colectivo su creatividad, su ingenio y su voluntad para construir una urbe donde la vida sea digna; Manuel Espinel insiste en la cultura ciudadana y en establecer nuevos criterios de apropiación de los diferentes contextos urbanos, y Hernando Gómez Serrano se detiene en las múltiples posibilidades de las pedagogías urbanas.

En el periodo 1995-2003 el Observatorio de Cultura Urbana, financió investigaciones donde participaron diferentes actores sociales, principalmente universidades, con el fin de determinar cuáles eran los vacíos y diseñar el sistema de información relativo a la cultura ciudadana, a la cultura política, al arte y al patrimonio. Es un momento en que la academia, la sociedad civil organizada y la producción adquieren cierto grado de interlocución frente a la Administración Distrital.

Otros trabajos sobre la ciudad, como el del profesor Jorge Aurelio Díaz, quien plantea el papel del fenómeno religioso en la conformación de la sociedad y la ciudad urbana, a Carlos Gutiérrez en La ciudad, la tolerancia y la multiculturalidad; Lisímaco Parra quien propone pensar el tránsito de la Ciudad barroca a la ciudad moderna y Juan Antonio Malaver que señala que es la ciudad la que crea al ciudadano.

Cabe mencionar también a Armando Silva quien establece un puente entre los imaginarios y las dinámicas de habitar la Ciudad. El trabajo de Guillermo Álvarez es una buena aproximación a la noción de vida cultural; Julián Arturo Lucio, muestra la manera en que los pobladores urbanos hacen su cultura para vivir y sobrevivir. Álvaro Suárez en Bogotá obra pública señala los seis hechos urbanos del siglo XX en Bogotá en relación a la obra. En el año 2000, la Universidad Nacional de Colombia publica un compendio de trabajos sobre las Imágenes de la Ciudad en las artes y en los medios; los artículos tratan sobre reflexiones alrededor de las sensibilidades urbanas contemporáneas que pasan por la intensión de observar  las diferentes construcciones de habitar la ciudad.

Desde lo cultural el ex alcalde Antanas Mockus interpreta la ciudad en términos de un conjunto de dispositivos de recontextualización, de circulación selectiva de conocimientos, del patrimonio cultural y de cosas y de personas, como tres síntomas de desorganización simbólica en Bogotá; la antropóloga María Victoria Uribe,  sugiere que la Bogotá de finales de la década de 1990 es el escenario de la intervención en dos ámbitos: La semiótica y la pragmática, que en suma, es lo que conforma la Cultura ciudadana. Desde la mirada feminista sobre Bogotá, Florence Thomas plantea que debe haber una mayor participación de la mujer en la gestión de la vida cotidiana; la filósofa Martha López, en Ciudad y desencuentro: dos miradas de mujer, señala que la Ciudad no se encuentra estructurada para el goce de la vida y de la cultura, y llama a generar espacios para el arte y la expresión.

En relación a la industria cultural, Jesús Martín Barbero en Industrias culturales y Consumos  Culturales reflexiona sobre estos dos conceptos en el marco de la anacrónica actividad cultural y económica local; Marisol Cano aborda el papel de los medios como industria cultural en la construcción de nación; Germán Muñoz, pone de manifiesto la injerencia de las industrias culturales pero por el lado del consumidor que se encuentra con el desafío de apropiar una cultura técnica.

Finalmente en el programa de Maestría en Estética e Historia del Arte (UJTL) se han venido articulando esfuerzos en torno a los problemas ligados al patrimonio y la vida cultural en los seminarios Historiografía del arte en Colombia y Latinoamérica e Imagen y ciudad, centrados en investigaciones en torno a la historia del Centro de Bogotá.