* La mujer indígena de 40 años encabeza la lucha de la comunidad Inga del resguardo de Condagua en el Putumayo, Colombia, contra una empresa minera canadiense que busca explotar sus montañas sagradas para extraer cobre y molibdeno.
* En el territorio que Soraida Chindoy defiende está el páramo Doña Juana-Chimayoy, un lugar en donde nacen ocho ríos y permanecen 56 lagunas que los indígenas consideran sagradas; un sitio en donde se unen la selva amazónica y los Andes.
* Su oposición a la minería fue desatada por una tragedia. En 2017, ella y su familia estuvieron entre las cerca de 22 000 personas damnificadas por la avalancha de lodo que se registró en Mocoa. La madre tierra le recordó de una forma muy dura por qué es tan necesario cuidarla.
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La placenta de Soraida Chindoy Buesaquillo fue sembrada en las montañas del Putumayo, en la andinoamazonía Colombiana, el 9 de mayo de 1983, tal y como lo dicta la tradición de los Ingas, el pueblo indígena del que forma parte. No podía ser de otra manera porque su madre, Concepción Buesaquillo, era partera de oficio y conocía bien la importancia de este ritual: conectar al que nace con la madre tierra, para que ésta le guíe por el resto de su vida y para que crezca como un árbol firme y seguro.
La octava de diez hijos tiene los ojos negros igual que el pelo que se amarra en una cola de caballo que le llega a la cintura, a la misma altura del chumbe, el cinturón rosado que lleva su traje tradicional. No sale de su casa sin mambe —polvo de hoja de coca y otras sustancias usado por su comunidad como un elemento espiritual y medicinal— y sin un collar hecho con Pouteria caimito, una semilla que imita el ruido de un río fluyendo y que utiliza cuando canta en su lengua materna para complacer a la madre tierra.
En su casa, a Soraida Chindoy le enseñaron bien a aprovechar la tierra, a sembrar, a pescar y a recolectar, pero también a cuidarla. Así lo hizo desde que nació hasta que fue adolescente, mientras vivió en el Resguardo Indígena de Condagua, al sur del país, en donde la selva de la Amazonía se une con las montañas de los Andes.
Cuando creció se mudó a Mocoa, la capital del departamento del Putumayo, a 30 minutos en moto del resguardo, en búsqueda de oportunidades de trabajo, pero jamás se alejó del todo de su tierra, dónde sus padres y algunos de sus hermanos todavía viven.
Hoy tiene 40 años y recorre las montañas del resguardo descalza, con una destreza que sólo tienen quienes nacieron haciéndolo, y mientras recoge cacao de un árbol, recuerda la primera vez que sintió que la vida tranquila que llevaba su familia estaba en riesgo.
“Fue hace como diez años que escuché de las empresas (mineras) por primera vez. Todo eran rumores. Decían que traían buenos proyectos para la comunidad, que venían a ayudarnos y al principio pensé que era chévere porque nadie llegaba aquí y había mucha necesidad”, cuenta desde el resguardo.
Sin embargo, las dudas empezaron a invadirla: ¿De dónde salía la plata para esos proyectos?, ¿quiénes estaban detrás de la empresa? Las respuestas eran pocas, recuerda, pero sabe que a la montaña la estaban examinando porque, cerca del 2010, subían máquinas desde las veredas cercanas.
Soraida Chindoy hoy encabeza la lucha de su pueblo en contra de la minera canadiense Libero Copper. Esta compañía busca explotar las montañas sagradas de los Ingas para extraer cobre, mineral que el gobierno de Gustavo Petro considera “estratégico para la transición energética” por su importancia en la producción de las llamadas “energías limpias”, como paneles solares y turbinas eólicas.
En tierras indígenas, el yacimiento más grande de cobre
A mediados de la década de los setenta, Ingeominas, entidad que en ese momento era la encargada de realizar el estudio de los recursos naturales y los riesgos de origen geológico en Colombia, descubrió lo que aseguran es el yacimiento más grande de cobre y molibdeno del país en la zona que once años más tarde, en 1993, sería declarada por el Estado como un resguardo indígena de los ingas, el pueblo de Soraida Chindoy.
La tierra en la que nació la mujer indígena es muy especial y no sólo por el yacimiento que, de acuerdo con la Agencia Nacional de Minería, tiene cerca de 636 millones de toneladas de cobre equivalente. En ella, además, se encuentra el páramo Doña Juana-Chimayoy, en donde nacen ocho ríos y más de 1140 afluentes superficiales. Este territorio, también alberga 56 lagunas consideradas sagradas por los indígenas y representa el punto de encuentro de la selva amazónica con los Andes.
A pesar de que el área ya había sido reconocida como resguardo indígena, figura que implica la propiedad comunitaria y se distingue por ser inalienable, imprescindible e inembargable, con la condición de que cualquier proyecto en el territorio debe contar con la aprobación de sus dueños ancestrales, el Estado colombiano otorgó cuatro títulos mineros en 2006, sin consultar previamente a la comunidad indígena.
La empresa británica Anglo American fue la primera en gestionar y obtener los cuatro títulos mineros que, después, pasaron a manos de Anglogold Ashanti de Sudáfrica y B2Gold de Canadá. Desde mayo de 2018 pertenecen a la compañía canadiense Libero Copper, que opera en Colombia bajo el nombre de Libero Cobre.
En un informe técnico de enero de 2022, disponible en la página de internet de Libero Cooper, la empresa señala que el “Proyecto Mocoa de Cobre y Molibdeno” abarca una extensión de poco más de 11 391 hectáreas.
En junio de 2023, Mongabay Latam publicó una investigación realizada por una alianza periodística en la que se revela que el proyecto minero de Mocoa beneficiaría a dos integrantes de una dinastía política de Estados Unidos y que llevarlo a cabo implicaría, entre otras cosas, reducir un área natural protegida.
La investigación liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) muestra que en octubre de 2021, la empresa informó sobre el inicio de actividades de exploración en Putumayo. Dos meses más tarde, la compañía británica Anglo Asian Mining se convirtió en el mayor socio de Libero Copper.
Entre los accionistas de Anglo Asian figura John Henry Sununu, un político republicano de los Estados Unidos, exgobernador de New Hampshire y ex jefe de gabinete de George Bush padre. Su hijo, Michael Charles Sununu, es integrante de la junta de Libero Copper. Ambos, además de pertenecer a una familia que lleva más de 40 años en la política estadounidense, han sido controversiales por cuestionar la veracidad de la información científica sobre el cambio climático.
Un historial que refuerza los temores a la minería
El colectivo ciudadano Rizoma, Entretejiendo la defensa de los Bienes Comunes, dedicado a dar acompañamiento a comunidades que se oponen a la minería en América Latina, ha documentado que proyectos mineros de la empresa Anglo Asian han generado conflictos sociales y ambientales en países como Azerbaiyán.
Además, el presidente y CEO de Libero, Ian Harris, fue vicepresidente de Corriente Resources, otra compañía canadiense que en el sur de la Amazonía ecuatoriana impulsó el proyecto minero de cobre El Mirador, que después vendió al consorcio chino CRCC y que ha sido señalado de provocar deforestación y diversas violaciones a los derechos humanos en Ecuador.
Soraida Chindoy teme que esos conflictos sociales y ambientales que acarrea la actividad minera terminen transformado a su tierra de orígen. “A futuro esto se va a volver un desierto, se van a secar nuestras fuentes hídricas. Desde ya estamos viendo el desplazamiento de los animales. Usted ahora mira micos y pájaros que sólo se encontraban en la selva virgen y están buscando otros nidos. Ese es el daño que están ellos (la minera) causando y muchos no entienden”, asegura.
Además, la sensación de su comunidad es que la empresa los subestima al hablarles de los impactos ambientales que pueden causar sus actividades. “Ellos creen que uno es bien caído del zarzo pa’ no entender. Un día les pregunté qué iban a hacer con esa agua con la que sacan todos esos minerales, dónde la botan. ‘La reciclamos’, me respondieron. Y yo digo, están por allá en la púchica y ¿van a bajar toda esa agua de allá para reciclarla? Yo no creo”, dice.
El título minero de Libero, publicado en la página de la Agencia Nacional de Minería, tiene cuatro bloques diferentes, todos activos. El primero (FJT141) fue otorgado en diciembre de 2006 para explotar minerales de cobre, molibdeno, oro, plata, platino y todos sus derivados, en un área de 1912 hectáreas, hasta el 17 de diciembre de 2037. Los otros tres bloques son para la construcción y el montaje de la mina, así como la explotación de piedras y otros minerales. Estos fueron otorgados en 2007 y tienen vigencia hasta 2038.
El lío de estos títulos es que los cuatro se traslapan con el territorio reconocido como el Resguardo Inga de Condagua —el lugar donde nació Soraida Chindoy— y con la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Mocoa, un área protegida. Además, cuando fueron entregados, se realizaron estudios, labores y operaciones de exploración de minerales en la región, sin que los indígenas tuvieran voz, ni voto.
Para 2017 el avance del proyecto minero era evidente, pues veían subir y bajar máquinas de la zona de exploración y un helicóptero sobrevolaba el lugar, pero aún no había una resistencia de las comunidades a las actividades que estaban dándose. Incluso, para la misma Soraida Chindoy no representaban un riesgo hasta que —dice— la madre tierra le recordó de una forma muy dura por qué es tan necesario cuidarla.
La tragedia que detonó la defensa del territorio
El 31 de marzo del 2017, Soraida Chindoy estaba en la primera planta de la casa que ella, junto con su esposo, estaban construyendo. Ya había oscurecido, eran cerca de las ocho cuando escucharon un estruendo y lo que siguió —recuerda— fue una de las noches más difíciles de su vida.
Por las fuertes lluvias, los ríos Mulato, Sangoyaco y Taruca se salieron de su cauce y se unieron a las aguas del río Mocoa provocando una avalancha de lodo y piedra que dejó a 336 personas muertas y más de 400 heridos; además, destruyó 17 barrios de Mocoa dejando a 22 000 personas damnificadas, entre ellos a Soraida Chindoy y su familia.
Junto con su esposo y sus dos hijos —de uno y cinco años— lograron subirse a la segunda planta de su casa que estaba en construcción, desde allí veían bajar a sus vecinos, vivos y muertos. A pesar de la aterradora escena, consiguieron resguardar a 28 personas en el planchón de lo que quedaba de su hogar. “Yo sólo quería tener mis manos largas para poder subirlos a todos”, dice. Al final, sobrevivieron los cuatro integrantes de su familia y todas las personas que pudieron resguardar bajo su techo. Tras un evento así, la defensora considera que la vida es un milagro que hoy no se cansa de agradecer.
Para la mujer inga era obvio lo que había pasado, la madre tierra estaba enferma, pero una toma de yagé —una bebida tradicional que para su comunidad es la fuente de todo el conocimiento, que les guía en la vida espiritual y física— se lo terminó de confirmar poco después de la avalancha. “Durante la medicina veía animales muy atormentados y me decían que estaban sufriendo”, recuerda.
Cuatro días después de la tragedia, Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) acabaría por corroborar la injerencia que tuvo el daño del medio ambiente en la avalancha en una entrevista a la emisora Blu Radio.
Al preguntarle por las causas del desbordamiento de los ríos, aseguró: “Putumayo representa uno de los núcleos de deforestación más complicados en estos últimos años. Cuando tumbamos el bosque hacemos un efecto gravísimo en cuanto a la retención y el ciclo del agua”.
Esta afirmación está sustentada en cifras que Global Forest Watch ha recopilado durante años. La organización reporta que, entre 2000 y 2022, el departamento del Putumayo perdió el 14 % de su cobertura arbórea.
Renacer de los escombros
“Luego de la tragedia yo dije que si Dios me dio la oportunidad de nuevamente vivir, yo iba a levantar la voz por los que no tienen voz. Así que empecé a consultar con los abuelos y a leer en internet los impactos que causan las empresas de cobre”, cuenta Soraida Chindoy.
Impactos que el Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), MiningWatch Canadá y las comunidades afectadas de nueve países americanos han recopilado desde 2021 en el Atlas de Justicia Ambiental. El sitio reúne denuncias de deforestación, contaminación de tierras agrícolas y fuentes de agua, así como de residuos de metales pesados en los cuerpos de animales y personas; además de testimonios de militarización y violaciones a los derechos humanos, entre otros, ocasionados por proyectos de minería de cobre en el continente americano.
Cuando Soraida Chindoy empezó a entender el riesgo que estaba corriendo su tierra ancestral, se unió al grupo Guardianes de la Andinoamazonía, una iniciativa de campesinos que habitan cerca de la zona donde se encuentra el cobre en Mocoa y que se oponen al proyecto de Libero Cobre.
En 2022 organizaron el primer Festival por el Agua, la Vida y la Montaña para buscar que las personas de Mocoa entiendan las consecuencias ambientales y sociales que la extracción de cobre puede provocar. En el marco de ese evento, la guardia indígena del pueblo Nasa —que ocupa otro territorio cercano— realizó una caminata hacia uno de los campamentos que la empresa canadiense tiene en las montañas.
“Los compañeros se encontraron caballos que los utilizaban para subir cosas, árboles talados y un aparato, una máquina grande como que era un taladro”, explica Soraida Chindoy.
La visita desencadenó que la autoridad ambiental de la Amazonía (Corpoamazonia) empezara a realizar inspecciones en la zona. Desde entonces, se inició un tire y afloje entre las entidades estatales y la minera que ha hecho que la Agencia Nacional de Minería y la autoridad ambiental ratifiquen que cualquier trabajo de exploración o explotación por parte de Libero Cobre está suspendido, porque no hay licencia ambiental y los títulos están sobre un área protegida.
Sin embargo, los títulos mineros y el Proyecto Mocoa de la compañía canadiense siguen en pie en una zona en la que, un reporte de Corpoamazonía expuesto en una audiencia pública en abril del 2019 señala que hay “una corona de un deslizamiento activo que posee una extensión superficial aproximada a 13 hectáreas y de otros movimientos en masa con menor tamaño que se encuentran activos”.
Esta información la reiteraron luego los ingenieros de Corpoamazonia durante una audiencia pública el 30 de abril del 2022, en la que explicaron que el área de los cuatro títulos mineros está en una zona susceptible de movimientos y, por lo tanto, podría generar (avenidas torrenciales) avalanchas de agua y piedras, como la de 2017 que dejó damnificada a Soraida Chindoy y su familia.
Por eso, la lideresa inga ha buscado visibilizar su causa por medio de la organización social, de actividades comunitarias y de las redes sociales. Y se ha vuelto una figura importante y con mucha visibilidad en la lucha contra la extracción minera en Mocoa.
Defender un bien común
“Soraida es una persona que busca la forma de hacerse escuchar y de poner en el radar las injusticias que se están dando en Mocoa con la empresa Libero Cobre. Admiro que siempre está buscando información para tener bases para defender el territorio”, dice Julli Mantilla, investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad que conoció a la defensora inga en medio de la lucha por su tierra.
En eso coincide el esposo de la lideresa indígena, Leandro Arteaga Yela. “Soraida tiene una gran sabiduría y saca su fuerza de la medicina tradicional, ella no tiene temor de expresar lo que piensa, ni de exigir o motivar a la comunidad. Con su voz ha logrado hacer que muchas personas que, al comienzo estaban escépticas, se unan a la lucha contra las empresas extractivistas”, asegura.
Muchos ojos están puestos sobre Soraida Chidoy. Sobre todo a partir de que asistió a la precumbre amazónica que se realizó los días 7 y 8 de julio de 2023 en Leticia, Amazonas. Allí, ella y otras lideresas indígenas se reunieron con la actual ministra de medio ambiente y desarrollo sostenible de Colombia, Susana Muhamad, y le expusieron su preocupación por los riesgos que corre su territorio ante la posible extracción de minerales.
La ministra aseguró que, ante la disyuntiva del cobre o el agua, ella elegiría siempre el agua, y explicó que para casos como el del Resguardo de Condagua se haría un “decreto sombrilla”: “Vamos a empezar desde el Ministerio de Ambiente a sacar resoluciones que bloquean algunas de esas áreas, una de esas áreas es donde está Libero Cobre”, dijo Muhamad.
Mongabay Latam consultó a la cartera sobre estas declaraciones y explicaron que el decreto que Muhamad le mencionó a Soraida Chindoy, fue publicado el pasado 30 de enero. En él se establece que en Colombia se podrán declarar “reservas de recursos naturales de carácter temporal”. Lo que implicaría que, al entrar en vigencia esa figura, las autoridades ambientales revisarán los contratos de concesión que ya están en funcionamiento y, de interferir con las áreas protegidas, podrían darle terminación a los contratos de las empresas extractivistas.
Este documento es un primer paso para frenar la minería en áreas protegidas, pero aún falta que se materialice. A la fecha de la publicación de este artículo, aún no había tenido ningún impacto sobre el Resguardo de Condagua. Mientras eso llega, Soraida Chindoy tiene que lidiar con lo que significa ser defensora ambiental y de territorio en Colombia.
Hay muchas personas que no están de acuerdo con la labor que ejercen personas como ella. En las calles de su ciudad, Mocoa, hay quienes le reclaman por su lucha en contra de la minería. “A mí me reconocen fácilmente y cuando estoy en los semáforos, ya sea en moto o a pie, a veces paran a decirme que deje de pelear por lo que peleo, que los deje trabajar. Seguramente porque tienen algún empleo con la minera”, asegura.
Aunque agradece que, hasta el momento, no haya recibido ninguna amenaza o atentado contra su vida, ella y todos los que la conocen saben que es una posibilidad de la que hay que cuidarse.
“En ocasiones sentimos incertidumbre o un poco de temor en cuanto a la seguridad de Soraida, porque los líderes siempre han sido el foco de personas u organizaciones que les incomoda quienes piensen diferente o se atreven a decir lo que los demás callamos”, asegura su esposo. Y tiene razones de sobra para preocuparse, porque según el último informe de la organización no gubernamental Global Witness, en Colombia fueron asesinadas 60 personas defensoras de ambiente y territorio en 2022. Esta cifra coloca al país como el más violento para los líderes ambientales.
Soraida Chindoy lo sabe, pero enfrenta la realidad con una valentía admirable: “Yo no tengo miedo, porque sé que estoy defendiendo algo que necesitamos. Si esto no lo defiende desde el más pequeño al más grande, entonces ¿quién va a venir a defenderlo? Yo sé que últimamente a los líderes que estamos en esta defensa, nos han venido matando, pero si nos quedamos en la casa también nos matan, entonces prefiero que nos maten levantando la voz”.
La lideresa ha seguido en su activismo junto a los demás miembros de Guardianes de la Andinoamazonía. Del 18 al 20 de agosto de 2023, organizaron el Segundo Festival del Agua, la Montaña y la Vida en la capital del Putumayo. La base del evento fue concientizar a los ciudadanos sobre las riquezas que tiene la selva de la andinoamazonía y el riesgo que corren ante una posible extracción de minerales.
Para el festival, Soraida Chindoy confeccionó un disfraz de oso andino, un animal que habita en la zona que la lideresa defiende y que según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es una especie catalogada como Vulnerable. La defensora usó ese atuendo en todas las actividades del encuentro. Con él, buscó llamar la atención de grandes y niños para que entiendan por qué vale la pena pelear por las montañas dónde su placenta, como la de muchos otros ingas, fue sembrada.
* Ilustraciones: Leo Jiménez.
* * Esta cobertura periodística forma parte del proyecto “Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques”, una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.