Defender los recursos y los ecosistemas de las comunidades supone un gran riesgo para la vida de los veedores en Colombia. A pesar de que es una labor reglamentada por la Constitución, no se les brinda garantías de seguridad y mucho menos remuneración, aunque su trabajo es indispensable para contrarrestar la corrupción.
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Entre corrupción y amenazas
Puerto Rico es un municipio apartado, ubicado en el departamento del Meta, a cuatro horas de Villavicencio. Este municipio cuenta con aproximadamente doce mil habitantes, en su mayoría campesinos, que cuidan del medio ambiente y se dedican al cultivo de yuca, piña, plátano, palma africana y ganado.
El pueblo tiene un parque principal en el que cuatro o cinco trabajadores informales venden sus productos para los visitantes. Allí también se encuentra la Alcaldía remodelada, lista para la llegada de los funcionarios públicos, la iglesia y los largos caminos entre árboles, que se encuentran con el río Ariari en la “Laguna del Amor”, un lugar donde los jóvenes llegan con sus amigos o sus parejas, dejan sus camisetas colgadas en un árbol y se lanzan sin pensarlo dos veces.
A pocos minutos del pueblo pasa el río Ariari, también denominado en esta región como el Bajo Ariari. En las orillas, los hombres dejan sus canoas para pasar a las personas al otro lado del río. Foto de Catalina Gallego.
En este municipio, José y Luis Fernando llevan a cabo sus jornadas como veedores ciudadanos. Aunque tienen puntos de vista diferentes y cada uno cambia notoriamente la perspectiva del municipio y de sus habitantes, la intención de ellos siempre ha sido velar por el buen funcionamiento de los recursos destinados para los puertorriqueños y trabajar por las oportunidades económicas de la comunidad.
Desde 1985, José Pachón llegó al municipio en busca de oportunidades laborales, huyendo de la inseguridad y de la violencia que vivía el país. José es oriundo de Pacho, Cundinamarca, un municipio que queda a dos horas, aproximadamente, de la capital de Colombia. Él y un grupo de personas lograron la construcción de un barrio al invadir un territorio y allí formalizaron un proyecto de vivienda con acueducto, alcantarillado y todo lo necesario para la supervivencia. Esto fue concebido para las familias vulnerables, pues un gran número de personas no contaba con las necesidades básicas de un ser humano. Sin embargo, debido a su lucha por los derechos de la comunidad, fue amenazado por integrantes del M-19, y por esta razón, migró del departamento.
Pachón ha puesto en práctica su fortaleza en cada una de sus labores con la comunidad. Este liderazgo le ha permitido lograr lo que se propone y ser eje fundamental de muchos proyectos, no obstante, la corrupción y la burocracia, asegura José, le impidieron culminar con sus dos periodos como concejal del municipio.
Durante los últimos 35 años, José se ha dedicado a su formación profesional y personal. Ha sido promotor de salud, enfermero, ambientalista y administrador público; entre los años 2011 y 2015, Pachón trabajó de la mano con el Ministerio de Cultura, allí pudo realizar un proyecto llamado PCI (Patrimonio Cultural e Inmaterial) de la cultura colono-macarena, con ayuda de dicho ministerio, José y su equipo de trabajo hicieron una investigación sobre la colonización del municipio.
A mediados del año 2020, José inició su función como veedor del PDET (Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial), al notar los incumplimientos establecidos en la hoja de ruta del desarrollo. Es por esto que vio la necesidad de hacerle un seguimiento y control al proceso del implementación de dichos proyectos adelantados a partir de los acuerdos en La Habana entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno Nacional. Es así como José decidió, junto con 10 compañeros más, fundar la Veeduría Grupo Motor Puerto Rico, del cual es el líder.
José Pachón trabaja a diario para fortalecer el bienestar del medio ambiente a través de proyectos colectivos. Foto de Catalina Gallego.
Actualmente, la veeduría ejecuta proyectos que benefician a la comunidad de Puerto Rico como la electrificación rural con energía alternativa. Esta iniciativa es vital para las comunidades, teniendo en cuenta que, debido a la distancia y a la poca ayuda por parte del Gobierno Nacional, las familias que viven en las fincas alejadas no cuentan con energía y no pueden hacer con facilidad las labores del hogar.
Otro proyecto que están realizando es el plan de vivienda rural, pues en este municipio las personas no cuentan con una vida digna y carecen de los servicios públicos. Este proyecto surge como incentivo para brindarle a los puertorriqueños garantías y mejores oportunidades. En síntesis, José tiene experiencia en el trabajo con población vulnerable, por lo que sabe de antemano que hay múltiples situaciones que entorpecen las ayudas que llegan al municipio.
Aunque José tiene muchos motivos para seguir con su labor, también encuentra debilidades que de cierta manera perjudican la ejecución de sus proyectos, uno de ellos es la falta de recursos económicos suficientes para adelantar iniciativas que ayuden a su comunidad: “Exigimos que por lo menos tengamos un equipo de cómputo, una impresora, porque aparte de que uno trabaja a honoris causa, a uno le toca sacar de su bolsillo para hacer un trabajo”, asegura José. A raíz de esto, este ciudadano hace casi cualquier actividad para recaudar dinero y apoyar, al mismo tiempo, su hogar y sus proyectos como veedor.
Para este último cargo, José tiene funciones muy específicas, por ejemplo: estar atento de los proyectos de desarrollo en el municipio, supervisar su agilidad, asegurarse de que lleguen realmente a donde están enfocados y, como última labor, asegurarse de que los recursos destinados se ejecuten correctamente. Sin embargo, según dice, es lamentable hacerle control o seguimiento a los proyectos que se desarrollan en cualquier parte de la región, porque: “Para quienes administran eso es una piedra en el zapato”, dice José. Aunque hasta ahora no ha sido víctima de amenazas, estudia detenidamente todo lo que hace a diario para no poner en riesgo su vida ni la de su familia, puesto que, para él, hay una polarización política ceñida que perjudica los proyectos a favor de la comunidad.
La finalidad de la Veeduría Grupo Motor Puerto Rico es apoyar a este pueblo, especialmente a la población reinsertada a través de un apoyo logístico, que tiene la finalidad de brindarles seguridad y garantías a los firmantes, con el objetivo de que gocen de sus derechos como ciudadanos. Otra finalidad es generar en los puertorriqueños el sentido de pertenencia por los recursos que llegan al municipio e involucrar a los jóvenes, para que las próximas generaciones continúen con la búsqueda de una mejor calidad de vida para la comunidad.
Entre tejas, tablas y palos de madera, apartados del centro de Puerto Rico, viven las comunidades campesinas. Foto de Catalina Gallego.
En el año 2004, Luis Fernando Cabrales llegó a Puerto Rico debido al trabajo de su esposa. Trasladarse de departamento no estaba en sus planes, pero llegar al municipio fue una oportunidad para su vida personal y profesional, pues, aunque en Cúcuta, su tierra natal, vivía en buenas condiciones, el ambiente, la tranquilidad y las personas de Puerto Rico lo hicieron sentirse parte de ellos.
Hace aproximadamente 8 años, Luis se destaca como veedor. Además de ser líder social y defensor de derechos humanos, trabaja con el área de administración pública, salud y educación de los habitantes del municipio, pues sus intereses siempre han estado direccionados hacia el bienestar de la comunidad. Cabrales y un compañero suyo hacen parte de la veeduría ciudadana en Puerto Rico, sus funciones principales son verificar que los dineros sean invertidos como debe ser y que lleguen a su destino en perfectas condiciones.
Destacarse como veedor ciudadano también requiere una formación constante en las áreas profesional y personal. Luis recibe capacitaciones por parte de la Contraloría General de la República de manera periódica. Como parte de una iniciativa propia, decidió hacer una capacitación de infraestructura en una reconocida Universidad de Villavicencio y, actualmente, se encuentra finalizando otro curso de administración pública.
El proyecto que tienen actualmente es supervisar y asegurarse de los procesos de contratación, enfocados en el sector de la salud y educación; este último va de la mano con el proyecto de alimentación escolar. Otra de las iniciativas que están planificadas para el futuro cercano, es brindar capacitaciones a las veedurías de los 29 municipios del departamento del Meta, y establecer una red de veedurías ciudadanas conectadas, con el fin de que sirvan de apoyo colectivo. Para ello, Luis busca conseguir el reconocimiento de la red ante la Cámara de Comercio y contar con el aval de la Contraloría General de la República.
Alrededor del municipio se encuentran pequeños riachuelos que desembocan en el río Ariari. Allí, los niños juegan mientras los mayores se lanzan a la orilla del río. Foto de Catalina Gallego.
Para culminar estos proyectos, es necesario contar con la participación de la comunidad durante todo el proceso, por ende, Luis se encarga de llevar a cabo la rendición de cuentas, escuchar las opiniones de otros veedores y a los miembros de su comunidad, donde también hacen presencia los presidentes de las juntas de las veredas. Estos últimos, también verifican que el proyecto se desarrolle con los estándares de calidad y dentro de lo que ordena el manual general de contratación. Aunque las comunidades son muy activas y brindan apoyo a las veedurías, del mismo modo que José, muchas de las actividades y de los informes que adelantan corren por su cuenta, lo que dificulta su gestión.
A su vez, aunque esta labor ha motivado a Luis Fernando a luchar por sus vecinos, no ha sido fácil para él y su familia, pues desde hace cinco años se encuentra bajo un esquema de seguridad que le brinda la Unidad Nacional de Protección -UNP, lo que le ha traído limitaciones de movilidad para visitar las veredas, moverse por el territorio y, en general, cumplir su labor, pues teme constantemente por su vida. Esta situación está íntimamente relacionada con su función. En el año 2015, Luis notó un detrimento patrimonial en la región y por eso decidió instaurar las respectivas denuncias en organismos de control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
A raíz de esto, ha recibido amenazas en llamadas telefónicas, debido a las denuncias que hizo Luis sobre las falencias que se encontraron en la contratación de la administración pasada. El último año ha sido el más complicado de todos, pues su vida se ha visto hostigada más de una vez. En consecuencia, Cabrales permaneció cinco meses escondido fuera del municipio, mientras que los organismos de control adelantaban investigaciones para verificar de dónde salían las llamadas. Actualmente continúan las amenazas y, por consiguiente, las investigaciones que están siendo adelantadas por la Fiscalía.
Uno de los problemas de la administración anterior, que Luis procuró denunciar, es el proceso de elección del personero en el año 2020, en el que la veeduría ciudadana se vio en la obligación de intervenir debido a las irregularidades que ocurrieron en el proceso de elección. Al acudir a la Procuraduría y a la Fiscalía para interponer las respectivas tutelas, la investigación de Luis y su compañero arrojó pistas que le permitieron a los organismos de control tomar medidas judiciales con los implicados, así como el desarrollo de audiencias públicas y la imputación de cargos a los concejales de ese entonces, quienes en su mayoría abandonaron el cargo.
El parque principal de Puerto Rico está rodeado de árboles. El espacio hace evidente el respeto que tiene la comunidad por la naturaleza. Foto de Catalina Gallego.
“Cuando uno pone el dedo en la llaga ahí se empiezan a presentar los problemas”, explica Luis Fernando; lo dice con todo conocimiento de causa, pues su labor como veedor lo ha llevado a reflexionar sobre los riesgos que corre por luchar por los derechos de su comunidad. Esta tarea es todavía más difícil cuando existen personas cercanas a la administración pública que rechazan las acciones de los veedores, refiriéndose a ellos como “sapos” o desconociendo su importancia; sin embargo, para el caso de Luis, aún en medio de los tiempos más difíciles, ha encontrado apoyo en las comunidades para hacerle contrapeso a los gobiernos de turno.
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Minería y turismo, una amenaza para el Valle de Cocora
En el municipio de Salento, perteneciente al departamento del Quindío, se encuentra uno de los ecosistemas más icónicos de todo el mundo y de los más importantes de Colombia: el Valle de Cocora, un lugar con gran diversidad de flora y fauna, que cuenta con la emblemática palma de cera, el árbol nacional de Colombia. Este lugar ha sido clave para el desarrollo turístico y económico del departamento del Quindío, sin embargo, diversos proyectos encaminados por grandes multinacionales, respaldadas por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, han puesto en riesgo la vida silvestre y la existencia de la palma de cera.
El Valle de Cocora está situado en la cuenca media del río Quindío, en la Cordillera Central de los Andes, lugar en el cual se extienden minerales de cuantioso valor como el oro, plata, cobre, estaño, hierro, zinc y plomo. Según geólogos de la Universidad de Chile, esto se debe a la erupción de volcanes y a la acción de las aguas subterráneas que se filtran en el subsuelo, lo que arrastra pequeños fragmentos o “xenolitos” del manto de la tierra, bajo los continentes hasta la superficie. Por esta razón, las multinacionales ponen su interés en proyectos mineros en este valle.
El Valle de Cocora tiene un significado ambiental y simbólico muy importante para las más de 300.000 personas que habitan el territorio y las más de 40 especies de fauna silvestre que viven allí. Foto de Daniela Roldán.
Oro, vida e indiferencia
Néstor Ocampo es un veedor ciudadano de las políticas ambientales en el departamento del Quindío, quien desde hace 34 años creó la fundación ecológica “Cosmos”, con el objetivo de promover la participación ciudadana en beneficio de un ambiente adecuado. Dentro de las funciones de Ocampo se encuentra denunciar los hechos que se consideren ilegales y destructores del ecosistema. Según el Artículo 2 del Acuerdo 24 de 1993 de la Constitución Política de Colombia, el principal objetivo de un veedor es velar porque se sancionen oportunamente a los servidores públicos y particulares que cometan delitos contra la administración pública, así como a los que atenten contra el interés general.
Dentro de sus prioridades como ambientalista y veedor, se encuentra el Valle de Cocora, por todas las amenazas que atraviesa el ecosistema, como la megaminería, el turismo, los monocultivos y la ganadería. Fue en ese entorno donde conoció a Jaime Hernán Arias, el primer veedor y concejal de Salento en proponer la declaración de Cocora como sujeto de derecho después de interponer una acción de tutela, en la que se solicitaba la protección cultural y ambiental del sector. No obstante, la Corte Suprema de Justicia declaró inadecuadas e insuficientes las pruebas entre la vulneración del derecho colectivo al medioambiente y la violación de los derechos fundamentales a la vida, la dignidad, el mínimo vital o la salud.
“Me han amenazado, pero a mí no me van callar las ideas que he tenido desde niño, en cuanto a la preocupación por el deterioro del medio ambiente y la preservación de la cultura”, dice Jaime Arias. Foto de Daniela Roldán.
Tras esa decisión, quienes tendrán que velar por el desarrollo adecuado de esta zona serán la Alcaldía de Salento, la Gobernación de Quindío, la Corporación Autónoma Regional del Quindío y, claro está, los veedores públicos encargados de lo ambiental, como es el caso de Néstor y Jaime, para que continúen coordinando y velando por el bienestar del Valle de Cocora.
No ha sido una tarea fácil para estos veedores. Salento lleva alrededor de 20 años recibiendo solicitudes de megaminería para el Valle de Cocora, luego de que el terremoto de Armenia en 1999 obligara al departamento a implementar el turismo en la zona como estrategia de desarrollo económico. Esto contrajo deterioro ambiental al territorio y le restó atención a distintas compañías mineras, que comenzaron a llegar buscando la extracción de los recursos. Según la Agencia Nacional de Minería, en el 2016 se otorgaron 17 títulos mineros en el municipio, 15 de ellos en renuncia por los evidentes daños que causarían en el área, entre ellos el de la multinacional AngloGold Ashanti, la cual no demostró que iba a utilizar una fuente alterna para las labores de exploración y eventual explotación, que no afectara el Río Quindío ni sus afluentes. Sin embargo, aún están vigentes siete títulos mineros.
La perseverancia de Néstor es incansable, cada día se enfrenta a nuevos desafíos, sin embargo, tiene muy claras sus ideas y sus intenciones salvaguardando el ecosistema. Foto de Daniela Roldán.
Perseverancia y justicia
La lucha para estos dos veedores es imparable, el agua que consumen en los municipios de Armenia, Circasia y La Tebaida proviene del Río Quindío, el cual contiene una alta contaminación por cuenta de los fungicidas implementados en los monocultivos que se están multiplicando en la zona, como el aguacate hass y los cultivos de pino y eucalipto, de ahí la importancia de su cuidado y protección. Ocampo y Arias han impuesto diversas denuncias que han logrado detener diversos proyectos aprobados por el Gobierno Nacional en compañía de las multinacionales.
Desde que el grupo Reforestadora Andina se apropió de los sectores naturales del municipio de Salento, sembrando pinos y eucalipto, el veedor se encargó de verificar sus intenciones y sancionar, por medio de entes gubernamentales, los proyectos que se venían construyendo, pues una de las principales metas de la compañía era talar una gran cantidad de palmas de cera en el Valle de Cocora. “Yo he tenido problemas con la Reforestadora Andina desde hace 11 años, me han impuesto demandas y he recibido amenazas de muerte, pero eso a mí no me importa, solo me interesa luchar por mis ideales, por cuidar los ecosistemas que tanto han explotado bajo un nombre que desvía sus verdaderas acciones, no es una reforestadora, son unos corruptos destruidores”, menciona Néstor.
Del total de las hectáreas del Valle de Cocora, el 1,6% son cultivos de aguacate hass con más de 20.000 árboles sembrados. Foto de Daniela Roldán
Debido a las amenazas que ha recibido, en Dublín, Irlanda, la parlamentaria Patricia McKenna compró una acción de la multinacional a nombre de Néstor, para que él pudiera asistir a las asambleas internacionales de la multinacional, certificar su trabajo e intervenir en sus decisiones: “Yo he ido a Dublín a decirles hasta de qué se van a morir, son unos aprovechados, ahí me he dado cuenta de que les pagan las campañas a los candidatos para la alcaldía de Salento, por eso son los dueños del 10% del municipio”, recuerda Ocampo.
La primera multa que se le interpuso a la multinacional fue a causa de Néstor, las amenazas no fueron un modelo de distracción para el veedor, por el contrario, su lucha perseverante permitió incluir a la justicia en proyectos destructivos para uno de los ecosistemas más grandes y reconocidos de Colombia.
Explotación y control
En el año 2007, en el mandato del expresidente Álvaro Uribe, el primer mandatario anunció con gran satisfacción que se había hecho el más grande hallazgo de oro en el mundo durante los últimos años, con ello se refería al proyecto de La Colosa, en poder de la multinacional AngloGold Ashanti, ubicado en Cajamarca, Tolima. Esto supuso una amenaza adicional para el lugar, por esa razón, Néstor inició una minuciosa investigación con los miembros de su fundación ecológica Cosmos, sobre los proyectos mineros que allí se pretendían explotar.
Por medio de Google Earth y Catastro Minero, identificó que el 61.8% del área total del departamento del Quindío estaba comprometida en proyectos de minería: 98 contratos de concesión minera activos, de los cuales solo 18 le pertenecían a colombianos, y 113 solicitudes en proceso de admisión. En ese momento, Néstor se dirigió a interponer una denuncia ante el Gobernador del Quindío: “Cuando yo le reclamé al gobernador lo que estaba pasando, se puso pálido, no sabía ni qué responder, porque ni siquiera estaba enterado de lo que hacían en el departamento, o sea que van tomando decisiones desde arriba sin mencionarles a los que vivimos acá, quieren barrer con nosotros”, sostiene Ocampo.
El comercio es una de las principales fuentes de ingreso económico en el sector, existen más de 20 restaurantes y pequeñas tiendas que ofrecen distintos servicios. Foto de Daniela Roldán.
Fue a partir de esa información que se intervinieron estos proyectos mineros por medio de denuncias. A su vez, se estableció como requisito para la aprobación de dichos proyectos, la presentación de estudios ambientales, técnicos y sociales, para evitar el desarrollo de la megaminería en el departamento. Según Néstor, existen muchas amenazas para el Valle de Cocora, sin embargo, las principales son el turismo desbordado y la megaminería. De acuerdo con el Sistema de Información Turística del Paisaje Cultural Cafetero, anualmente 1.300.000 extranjeros visitan el departamento del Quindío, integrando a Cocora como uno de los atractivos turísticos con mayor favoritismo.
Resistencia
Para Néstor este es un turismo de invasión capitalista, pues el comercio crece deliberadamente en el lugar. Hasta el momento, existen más de 20 restaurantes y con el pasar del tiempo se expanden todavía más los espacios de estacionamiento y las zonas de diversión, lo que genera un daño irreversible en el sector. “De aquella belleza natural queda muy poco, los recurrentes paseos a caballo han ido hundiendo los caminos, por el paso continuo de los turistas. Cocora es un ejemplo de que somos el departamento con los ecosistemas más modificados, somos el departamento al que le queda menos de su mundo natural en Colombia”, expresa Néstor.
Este ciudadano, en su labor como veedor, se mueve estratégicamente para promover más grupos de veeduría ambiental. Su labor ha sido reconocida internacionalmente. Así, en medio de amenazas y dificultades, a través de la comunicación y la perseverancia, ha logrado grandes cambios en el Valle de Cocora y la Cordillera Central de los Andes.
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El profe de Tibacuy
En la vereda El Ocobo, entre los municipios de Tibacuy y Cumaca, Cundinamarca, vive el arquitecto Gustavo Tayac, quien decidió dejar la ciudad de Bogotá para tener un pedacito de tierra para proteger. Su amor y conexión con la naturaleza fue su principal inspiración para crear y dirigir la Veeduría Medioambiental del municipio de Tibacuy, iniciativa ciudadana para proteger la reserva El Tamuy de la deforestación, la minería ilegal y la ganadería en lugares protegidos como el Alto del Quinini y Peñas Blancas.
Gustavo y su familia encontraron en Tibacuy el lugar perfecto para un desarrollo social fuera del caos que tiene la capital. Foto de Juan David Escobar.
Dentro de esta reserva, que hace parte de la jurisdicción del municipio, se encuentra el cerro Quinini, una cumbre afilada que circunda hacia el occidente del Valle del río Magdalena y hacía el oriente del cañón del río Sumapaz. Cuenta con una extensión de 1.900 hectáreas aproximadamente, compuesta en su mayoría por bosques netamente protegidos y sin ningún tipo de intervención humana. Cerca del bosque virgen hay un área de fincas agropecuarias con siembras de café y plátano, y espacios destinados a la vivienda y la hotelería. Por otro lado se encuentra Peñas Blancas, otra de las montañas que cobijan al municipio y que otorga un medio ambiente sano, compuesto por una gran variedad de flora y fauna.
Esta cercanía con la naturaleza, a escasas horas de la capital, se debe al trabajo en conjunto que llevan los habitantes del municipio, quienes sienten un aprecio por esta reserva. Es el caso de don Orlando, un tendero de Tibacuy reconocido por muchas personas, ya que su tienda es un punto de referencia para los turistas que vienen al Quinini. Él comenta que en el campo es primordial mantener los lugares naturales y las fuentes de agua potable, pues gracias a esto han logrado que el pueblo tenga casi de manera permanente acceso a este líquido y no sufra desabastecimiento. Esto les ha traído reconocimiento por parte de visitantes de otras regiones del país y, en esa medida, también ha resaltado la labor que la veeduría ciudadana, en cabeza de su gran amigo Gustavo, ha realizado en el municipio.
El “Profe”, como le dicen de cariño a Gustavo, nació en Leticia y fue trasladado en su infancia a Bogotá. Desde muy niño comenzó a tener una fuerte conexión y un amor profundo hacia la naturaleza, cuando sus padres lo llevaban a acampar bajo las estrellas en las afueras de la ciudad. Su infancia transcurrió entre las historias frente a la fogata y los sonidos de grillos, aves y otros animales que retumbaban a lo largo y ancho del paisaje natural que visitaba. Mientras fue creciendo, su fascinación se vio un poco disipada, en parte por sus preocupaciones e insistencias de buscar oportunidades para estudiar, trabajar y salir adelante. Tuvo la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional y allí optó por la arquitectura.
La casa de Gustavo está hecha con caña, madera y metal. Tiene tres plantas y fue diseñada y construida por él mismo en tres años. Foto de Juan David Escobar.
El campus de la Universidad Nacional fue una oportunidad para volver a tener un acercamiento con la naturaleza, ya que con unos compañeros iniciaron la siembra de huertas, además de comenzar a aprender sobre monocultivos, agrotóxicos y técnicas artesanales de siembra. Dicho proyecto duró un año y medio, hasta que la Universidad, por decisión de las directivas, decidió cerrarlo y retirar las huertas en las que llevaban tanto tiempo trabajando, sin embargo, la pérdida de su trabajo estudiantil no quedó en vano, ya que se llevó consigo la experiencia adquirida, que hasta el día de hoy tiene muy presente.
Después de este suceso, algunos compañeros decidieron comprar un terreno en el Verjón, en los cerros orientales de Bogotá, donde salían cada semana a visitar la huerta, para continuar con los procesos aprendidos dentro de la universidad.
Para el año 2014, adquirió con su esposa el terreno en Tibacuy y, en el año 2016, se puso en contacto con las personas encargadas de las reservas ubicadas en los alrededores, ya que querían destinar el terreno comprado a un área protegida. En esta búsqueda tuvo su primer acercamiento con una veeduría en Choachí, encargada de la protección del medio ambiente. De esta manera conoció el potencial que tiene conformar una vigilancia ciudadana en pro del habitante, de los espacios y de los ecosistemas, para evitar el daño indiscriminado, por ende, aprovechó las elecciones a la alcaldía del año 2019 para conformar la veeduría a través de un taller dirigido a todos los sectores del municipio. De esta manera, firmaron un pacto ambiental de protección a la reserva con los candidatos.
A lo lejos se observa el cerro Quinini, un lugar que se ha posicionado en el municipio como un destino turístico importante en Cundinamarca. Foto de Juan David Escobar.
Gustavo se ha enfrentado a varios desafíos para liderar la veeduría: primero, convencer a la población de su importancia en estos procesos, y desde su posición, busca concientizar a los ciudadanos sobre el cuidado de la naturaleza: segundo, tiene que dividir sus tiempos para trabajar y cuidar de sus tres hijos; tercero, lleva varios meses adelantando un proceso para renovar el plan de ordenamiento territorial del municipio y darle garantías de preservación a los espacios naturales; y por último, lucha por cerrar permanentemente una cantera que lleva más de siete años en funcionamiento y que pretende dañar gravemente una parte de la montaña, debido a que, en los años que lleva en operación, la empresa responsable ya ha hecho una excavación en la montaña que ha afectado notablemente el ecosistema.
Según Gustavo, el plan de ordenamiento territorial de Tibacuy está desactualizado y no responde a los nuevos retos que tiene la reserva, lo que genera un descontrol en la tala de árboles y pérdida de flora y fauna: “Si se hace una revisión de la división territorial del municipio, data de hace seis años; el problema es que son muchas las personas que han llegado a comprar lotes para convertirlos en casas de descanso, hoteles u otras construcciones, si no se registra debidamente este número, no se puede tener un panorama de la zona ocupada y la zona en reserva”, advierte Gustavo.
Respecto a la minería, en el sector de El Tachuelo, en el año 2014 se inició una excavación en parte del Cerro de Peñas Blancas. En un principio se había delimitado la zona, y hasta 2017 empezaron las excavaciones, que se hicieron de manera intensiva. Con la puesta en marcha de la veeduría, comenzó el trabajo de investigación para determinar si los permisos tenían estudios previos certificados. En ese proceso recibió la negativa del dueño de la cantera y el silencio de la Alcaldía, por lo que interpuso un recurso jurídico ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, apelando a la conservación del cerro, para lograr un cierre parcial de la cantera. Aunque no se ha logrado el cierre definitivo, fue una victoria de la veeduría que posicionó a Gustavo como una persona reconocida en el municipio.
La cantera se encuentra parcialmente cerrada. Se espera una resolución para el cierre permanente, debido a que el contrato está estipulado hasta el 2025. Foto de Juan David Escobar.
El impulso que les dio el cierre parcial de la cantera ha hecho que se tracen objetivos a largo plazo, para posicionar la veeduría como un referente en todo el departamento; dentro de estos objetivos se encuentran: aumentar el personal de la veeduría, trabajar junto a la CAR para aumentar el territorio declarado de Peñas Blancas como reserva natural, evitar futuras inspecciones mineras, elaborar talleres en diferentes municipios para incentivar a nuevos líderes ambientales y lograr una mejor conexión con la Alcaldía, para evitar futuras complicaciones con la reserva.
Aunque el aforo de la veeduría ha disminuido ligeramente y ya no son los mismos 30 participantes de cuando se creó, Gustavo se resiste a suspender los procesos que llevan hasta ahora y, por eso, adelanta talleres en diferentes zonas de Tibacuy, enseñando procesos de cultivo, diseño y construcción de espacios en las fincas, para que las personas aprendan a cuidar el territorio y se animen a ayudar en la veeduría.
Para Gustavo, el municipio de Tibacuy es un lugar soñado, lleno de tranquilidad, donde existe la posibilidad de reconectarse con la madre tierra. Siente una enorme gratitud por este espacio, pues allí pudo desarrollar su espíritu de liderazgo. Aunque sus días son arduos debido a que tiene que mezclar su trabajo de arquitectura con la vigilancia de la reserva, hoy más que nunca espera que el trabajo dé frutos y que el municipio se posicione entre los más importantes en la preservación del medio ambiente, para así evitar la minería intensiva y la destrucción de la naturaleza.