El boom de este fruto provoca disputas en cada región donde se siembra. La acumulación de tierras en manos extranjeras, la deforestación, la falta de control ambiental, la captación y contaminación de aguas, y las presiones sobre los campesinos generan pugnas en Quindío, Caldas y Risaralda, donde el ‘oro verde’ va desplazando al café.
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La edición 55 del Super Bowl, el partido final del fútbol americano, se jugó en Tampa, Estados Unidos, y fue visto por más de 100 millones de televidentes en febrero pasado. Treinta segundos de pauta costaron hasta 5,5 millones de dólares en esta gran vitrina publicitaria. Avocados From México, la potente agroindustria aguacatera, por primera vez decidió no pautar; y en su lugar figuró Colombia, que envió 43 toneladas del fruto a ese evento deportivo. El embarque representa menos del 0,1 % de lo que vendió México, pero bastó para colmar algunos corazones de un orgullo nacional promovido por agencias gubernamentales y algunos medios.
Pero el exportador no era colombiano, sino el emporio israelí Managro, que hace un año compró Pacific Fruits, una empresa del Valle del Cauca, y la puso a cargo de Chagai Stern, un ejecutivo con experiencia en lobby y cofundador de centros de pensamiento judío en nuestro país.
Detrás de esta operación internacional, con enorme consumo de aguacate hass cosechado en nuestro país, se esconde el impacto ambiental y social que el cultivo está causando en Caldas, Quindío y Risaralda. Una arremetida que se traduce en acumulación de tierras en manos extranjeras, deforestación, falta de control ambiental y presiones sobre los campesinos.
Aguacateros conquistadores
En septiembre de 2019 se realizó por primera vez en Colombia, entonces el cuarto productor del globo, el IX Congreso Mundial de Aguacate. Al año siguiente el país subió al tercer lugar, con 70.000 hectáreas y una producción de 55.000 toneladas. La cuarta parte corresponde a la variedad hass.
Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), Colombia tiene potencial para cultivar 3,3 millones de hectáreas: casi cuatro veces el área dedicada hoy al café. Nuestro territorio garantiza suelos de alta montaña, agua, clima tropical y una producción de dos grandes cosechas anuales.
Además, desde Colombia es más fácil obtener certificados de buenas prácticas medioambientales y sociales. “México solo cuenta con 11 fincas productoras con certificación de la Rainforest Alliance. Los cultivos colombianos registraron un aumento de 315 % solo en un año”, reseña una investigación periodística. Esto se explica, entre otras razones, porque el ICA, encargado de certificar, se la ha jugado como uno de los principales “jalonadores” de las exportaciones de aguacate colombiano. Entonces son múltiples compañías atraídas, que controlan desde la siembra del fruto y el transporte, hasta la entrega a supermercados alrededor del mundo.
Aguacate hass cultivado en fincas aledañas a Pijao. En Quindío hay más de 2.500 hectáreas de este producto. Crédito Sandra Bejarano Aguirre.
Según diversas organizaciones ambientalistas y sociales, el aguacate es un gran consumidor de agua que le disputa este recurso a los bosques nativos. A esto se suma la deforestación en la alta montaña. Según el periódico The Guardian, con datos de Water Footprint Network, se necesitan 2.000 litros de agua para producir solo un kilo de aguacate; cuatro veces lo que necesitan las naranjas y 10 veces los tomates. Es habitual ver sembradíos en vastas zonas de bosques talados en zonas de alta riqueza hídrica; muchos de ellos heredados de antiguas haciendas ganaderas.
En un escenario de alto desempleo, estas empresas son bien recibidas por los gobernantes locales, y de forma especial por los ciudadanos que buscan trabajar en las fincas y plantas empacadoras. Según el Ministerio de Agricultura, esta agroindustria genera 54.000 empleos en Colombia. El precio a cambio, como ya reportó La Liga en otras regiones del país, incluye conflictos socioambientales que ahora se extienden por el Eje Cafetero.
Contaminar el agua y privatizar el territorio
En 2019 Caldas tenía unas 3.500 hectáreas de aguacate. Miles pertenecen a Wakate, del grupo GreenLand con capital colombo-estadounidense, y que desde el Aburrá Sur invierte en los municipios de Neira y Aranzazu. Para su proyecto “Entre Arroyos”, en Neira, cuentan con 1.679 hectáreas, 778 destinadas a conservación (varias en terrenos no cultivables) y 852 para cultivar 470.000 árboles. Y una ubicación estratégica que los conecta con la concesión vial Pacífico Tres.
De los casos revisados en el Eje Cafetero es la empresa con prácticas más dominantes. Tienen influencia en el medio de comunicación local La Cheverísima Neira; patrocinan al equipo de fútbol profesional de la región, el Once Caldas; e invierten en la infraestructura de salud. También ampliaron una carretera rural que cruzaron por la cancha de fútbol en la vereda Morro Azul, en dirección hacia sus cultivos.
Carolina Ocampo, de la veeduría “Por la vida y para la dignidad del campo”, en Neira, cuenta que la empresa abrió carreteras en zonas de bosques protegidos por ley segunda de 1959. “La tierra removida fue arrojada sobre los manantiales que proveen agua a más de 900 familias de 17 veredas del acueducto Pan de Azúcar. Cuando abrimos las llaves lo que salió fue agua sucia y lodo. En el Informe de Ensayo de la Calidad del Agua para Consumo Humano IRCA, el agua no cumplía con varias características básicas”, dice.
Cartel del Parque Nacional Tatamá en zona cultivada con aguacate hass. Crédito Sandra Bejarano Aguirre.
Corpocaldas inició un procedimiento sancionatorio ambiental contra Wakate S.A.S. mediante autos 1439 y 1797 de septiembre y octubre del 2020. Tras varios conceptos técnicos, la medida fue levantada. Luego la empresa construyó una planta clarificadora de agua, pero el líquido sigue saliendo turbio.
Un equipo periodístico llegó hasta la vereda Morro Azul, acompañado por miembros de la veeduría y el concejal Hernando Murillo. Allí un personal de la empresa siguió al grupo en motos sin placas. Tres kilómetros adelante, una mujer que se identificó como Daniela Jiménez, pidió identificaciones e informó que no podían seguir. “Esto es propiedad privada”, dijo.
“Estos son caminos para llegar a la bocatoma de los acueductos y a la escuela. Hemos cambiado el agua, la tranquilidad y el patrimonio por una empresa de aguacates”, lamentó Óscar Pulido, campesino de Neira. El alcalde Luis Gonzaga se negó a comentar.
Los demasiados conflictos de Pijao
Quindío tiene más de 2.500 hectáreas de aguacate hass. Mónica Flórez, exconcejal de Pijao y parte de CittaSlow, la red mundial de pueblos de vida “lenta” –una manera de entender el mundo que se contrapone al ritmo vertiginoso y súper productivo de la actualidad–, dice que este cultivo ha impactado el suelo y ha afectado el Paisaje Cultural Cafetero, Patrimonio Mundial de la Humanidad. “Acá el área cafetera disminuyó 50 % en los últimos años”, cuenta Flórez. Detrás de los nuevos cultivos operan dos empresas con capital extranjero, Green SuperFood y Campo Sol; y una nacional, Doña Eva, operada por ALS Inversiones S.A.S.
Para Green SuperFood es primordial la compra de tierras, una estrategia que puede derivar en conflictos con las unidades agrícolas familiares (UAF), donde se busca una equitativa distribución de la tierra productiva, según lo establecido en la Ley 60 de 1994. Juan Esteban Salcedo, ingeniero agroforestal e hijo de campesinos, manifiesta que la agroindustria y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en Pijao, adelanta prácticas que pueden presionar a los pequeños propietarios que van quedando rodeados por las aguacateras a medida que éstas compran fincas: “El ICA llega con resoluciones en mano, manifestando que nuestros palos de aguacate, de pancoger, que complementan nuestra seguridad alimentaria, deben ser intervenidos con sistemas técnicos que incluyen plaguicidas. De lo contrario debemos tumbarlos o pagar los daños que causen a los monocultivos de aguacate”, dice Salcedo.
Cultivos de aguacate en territorios de la palma de cera, árbol nacional de Colombia. Crédito Sandra Bejarano Aguirre.
Edilma, una campesina de la zona que prefirió ser identificada solo por su nombre, cuenta que no aguantó la presión y decidió tumbar su cultivo de aguacate tradicional. Juan Esteban, en cambio, asegura que su padre prefiere morir antes que acabar con sus árboles. “Yo lo apoyo, pero pido que nos respeten la vida y nuestros derechos constitucionales”, dice.
A Mónica Flórez le preocupa que en los consejos municipales de política rural, nivel de participación y articulación local, haya cada vez más presencia de las aguacateras. “Es difícil que la política rural del orden municipal pueda proteger al pequeño y mediano campesino, si hay poderes económicos interviniendo”, dice.
Para Camilo Pinzón, alcalde de Pijao, es decisiva la importancia económica del sector aguacatero y su aporte a la formalidad laboral en el campo, pero reconoce los desafíos. “Existen retos importantes para hacer uso sostenible de nuestra excepcional oferta ambiental”, dice. Sobre las nuevas relaciones sociales es menos categórico. “No podemos afirmar si existe un conflicto social, porque no hay hasta el momento evidencia de impactos negativos de tal situación. Pero es un tema importante para hacerle seguimiento”, dice.
Eva en su paraíso
La finca Doña Eva, ubicada en la vereda Espartillal, supera las 1.500 hectáreas con árboles de aguacate hass en crecimiento. Contra esta empresa, que llegó de Santa Marta (ver registro mercantil), Corpoquindío emitió órdenes para retirar árboles de aguacate que afectan a la palma de cera que es el árbol nacional.
En la carretera que conduce a sus cultivos asoma entre la montaña la escuela “La Mariela”. En la entrada aparece el cartel que declara la zona como Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Chili Bosque Alto Andino Pijao, lo que lo convierte en un área de manejo especial ambiental y socioeconómico. En esta escuela estudia un grupo mínimo. “Solo siete niños, los hijos míos. Por aquí ya no vive nadie más. Solo está la hacienda Doña Eva, que es una verraquera. Yo trabajo ahí y la hacienda ganadera Costa Rica”, dice el padre de los niños, que prefirió omitir su nombre.
Los monocultivos, como lo expone Oxfam en su informe “Divide y comprarás”, traen diversas amenazas sobre la actividad agrícola familiar; entre ellas la disminución de la pequeña parcela campesina.
Cultivos de aguacate de la hacienda Doña Eva vistos desde la carretera. Crédito Sandra Bejarano Aguirre.
Al continuar el recorrido por la carretera, se puede ver maquinaria pesada en actividad, luchando con los cauces de las cuencas hídricas que discurren por estas trochas. En la orilla se veían arrumes (ver foto) de madera nativa aserrada que usan para cercar la finca. En la parte alta, a más de 2.700 metros sobre el mar, en áreas de conservación del páramo de Chili, la vista es panorámica. Hileras extensas de aguacate invaden allí el territorio de la palma de cera.
Siguiendo esta ruta, la carretera va hasta el Tolima en límites con el páramo de Las Hermosas. Este fue un corredor estratégico de las FARC, que algunos habitantes temen sea ocupado de nuevo por otros grupos armados.
Pijao resume un nuevo contexto global donde existe escasez de tierra para cultivar, especialmente en el norte del planeta. Según datos del Banco Mundial y la Organización Mundial de Alimentos (FAO), el porcentaje global de tierras agrícolas, creciente desde 1960 hasta 1990, ahora disminuye. Para 2030 el sur del mundo deberá integrar 70 millones de nuevas hectáreas agrícolas. La inversión del norte en tierras del sur, en este caso para cosechar aguacate, estimula los conflictos sociales y está acabando con el hábitat de distintas especies: los elefantes en Kenia y el loro orejiamarillo en Colombia.
Apía: deforestación con tufo político
En 2019 Risaralda sumaba más de 1.000 hectáreas de hass. Su Paisaje Cultural Cafetero también está reconfigurándose. En la zona alta de la antigua vía que conecta Pereira con Medellín, entre Guática y Quinchía, irrumpe con fuerza este monocultivo. Lo mismo ocurre en municipios como Pueblo Rico, Belén, Santuario y Apía. En este último se reconfiguran varios poderes regionales alrededor del fruto.
La protagonista es la Sierra de Greenwich, finca de 40 hectáreas certificadas en aguacate hass, ubicada en la vereda Campoalegre de Apía, en el Parque Regional Natural Cuchilla del San Juan. Parte de su terreno era bosque, pero hoy está destinado al aguacate. Como propietaria aparece Vitalway S.A.S., con domicilio registrado en un apartamento del exclusivo barrio Álamos, en Pereira.
Vista del municipio de Apía desde la parte alta cultivada con aguacate. Vía hacia el Parque Nacional Tatamá. Crédito Sandra Bejarano Aguirre.
El representante legal de Vitalway es Guillermo Vélez Jaramillo, cuñado de Victoria López García, representante legal suplente de VitalWay y esposa del senador Sammy Merheg. La relación de Vélez Jaramillo con la familia Merheg incluye además cargos en las empresas de la familia, como Media Commerce Partners S.A, cuya sociedad y domicilio varían de forma constante.
Media Commerce presta servicios de telecomunicaciones para Colombia, Ecuador y Perú y ha sido relacionada en investigaciones periodísticas con el exsenador Habib Merheg. El domicilio registrado en Pereira se ubica sobre la bodega de la calle 94 del multicentro empresarial y comercial La Villa. Vélez Jaramillo fue consultado para una entrevista, pero cortó la llamada y luego dejó de responder.
La finca Sierra de Greenwich opera bajo Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), y aporta a la sostenibilidad ambiental (ver cartel 23). Para 2019 tenía certificación de www.naturalcert.org, con estándares nacionales e internacionales para productos sostenibles colombianos. Según registro del ICA y el servicio de inspección sanitaria animal y vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, está entre los lugares de producción habilitados para la importación de aguacate fresco hass de Colombia a los Estados Unidos.
En los terrenos de Greenwich han deforestado zonas de bosques húmedo premontano, áreas que son parte de las rutas del oso de anteojos, el venado soche y otras especies. Al comparar fotografías de la zona, tomadas en 2019 y en abril de 2021, se observa el avance de los cultivos de aguacate en donde antes solo había bosque. Debido a la plaga que surge en las zonas taladas, los cultivos dependen de los plaguicidas.
A la izquierda y en el centro, fotos de los terrenos de Greenwich y detalle del bosque que fueron tomadas en 2019. (Archivo particular). A la derecha, foto de abril de 2021 de la misma zona (La Cola de Rata). Se ve deforestación en la parte alta, en el bosque húmedo premontano.
Según la Carder (Corporación Autónoma Regional de Risaralda), a la fecha no hay denuncias ni investigaciones sobre la deforestación en Apía. Las organizaciones ambientales, por temor, prefirieron no hablar sobre los impactos de este caso.
Ricaurte Sánchez, de Dignidad Cafetera en Apía, dice que el aguacate tiene dos caras: “La gente se está beneficiando de la mano de obra creada en veredas donde hay mucha pobreza. Pero en ciertos territorios junto al parque Tatamá hay deforestación (ver foto). Otro tema delicado es que la escasez de mano de obra del sector cafetero puede empeorar, pues la gente prefiere irse a las aguacateras donde les pagan mejor”, explica.
Las entidades estatales que buscan garantizar la inversión en la agroindustria, incluido el ICA y algunas agencias de promoción como Procolombia e Invest, funcionan a toda máquina para estimular la producción de aguacate a escala masiva en el país. Mientras tanto, las entidades encargadas de proteger las tierras, las políticas públicas ambientales y sociales, parecen ir rezagadas frente a la necesidad de dirimir las constantes pugnas por el territorio, el foco original de nuestro conflicto.