En octubre de 2011 se firmó el acuerdo comercial con Estados Unidos y se pretende que entre en vigencia cinco o seis años después. El TLC cambia las reglas de importación y exportación con las cuales las dos naciones estaban negociando; de un periodo conocido como ATPDEA (ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas), en el que entraban ciertos productos y dependía del gobierno de turno, se pasa a un acuerdo comercial como el TLC que puede durar de diez a cincuenta años, dependiendo de la relación entre las partes.

Hasta ahora nos ha servido para tres cosas fundamentales; ser más realistas con nuestras oportunidades económicas, darnos a conocer en el mundo como un país con economía emergente y llamar la atención de otros países, es decir, ponernos en el mapa económico mundial.

Aunque todo eso parece positivo, ser más realistas con nuestras oportunidades nos muestra que sobra perspectiva positiva de futuro y nos falta mucha organización para alcanzar el éxito.

La infraestructura

El transporte de los productos destinados para la exportación e importación es quizá el más importante de los desafíos que afronta el país. Infortunadamente, los sectores económicos no han hecho una exigencia colectiva para resolver sus necesidades de cara al Tratado. Es decir, la demanda de infraestructura viene funcionando como las protestas nacionales: cada quien protesta cuando lo necesita; los gremios exigen desde sus necesidades específicas sin considerar que la infraestructura es un asunto que atañe a todos, sin importar si es empresario exportador o importador, comerciante o simple turista.

Aunque el gobierno prevé la mejora de la infraestructura nacional, hay problemas de tipo “cultural” desde los ejecutores que no permiten que se realice de forma eficiente. Los permisos ambientales y la compra de terrenos, por ejemplo, hacen parte de las dificultades organizacionales para la construcción o renovación de la malla vial.

Uno de los casos más evidentes es La ruta del Sol, que pretende conectar el centro del país con la Costa Atlántica y está prevista desde el 2010 con una inversión de 2.600 millones de dólares. Esta doble calzada fue dividida en tramos y se ha ido entregando paulatinamente por modificación en los diseños iniciales debido a la compleja geografía nacional. En febrero del 2012 fue suspendida por no tener planes de contención que mitigaran el impacto ambiental que genera su construcción.

A la ineficiencia de los contratos en las obras se le suma una burocracia que obstaculiza los trámites, donde el sector privado le tira la pelota al gobierno y este a su vez se la regresa, como si los beneficios de las vías no fueran para todos.

Sí, la malla vial es mala; pero aún así se cobran peajes altos, el precio de la transporte de una ciudad hacia los puertos sube el precio del producto, eleva el precio final de venta y así no solo pierde el consumidor, pierden todos.

Además, hay que tener en cuenta que no todas las vías nacionales cuentan con seguridad y presencia militar. Hay vías como la de Popayán-Pasto que los conductores no se atreven a transitar de noche porque aunque el gobierno hable de Seguridad Democrática, la realidad es otra. Algunos transportadores aún se ciñen a seguros de mercancía que solo cubren los productos de 5 a.m. a 6 p.m.

Los aeropuertos del país también hacen parte de este problema de infraestructura. A partir de diciembre la ampliación y renovación del Aeropuerto El Dorado de Bogotá entró en funcionamiento, lo que favorece a las zonas francas ubicadas en Cundinamarca, pero otros aeropuertos nacionales que reciben altos niveles de mercancía no han sido renovados ni ampliados. Tal es el caso del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira, que sirve para toda la zona del Pacífico colombiano y (para que veamos el problema multimodal de la infraestructura colombiana) cuyo puerto más cercano aún funciona con una draga las 24 horas para eliminar la sedimentación de la entrada al puerto por vía marítima.

La capacitación del personal 

La mayoría de los sectores que se enfrentan a la oportunidad que traen los acuerdos comerciales tienen un primer problema de fondo, y es capacitar a sus equipos para trabajar en sincronía con otros países.

El primer nivel será el del idioma: tanto el acuerdo con Estados Unidos, como con Turquía, China o Israel necesitarán una capacitación efectiva en el aprendizaje de cada uno de estos idiomas. De acuerdo al Programa Nacional de Bilingüismo, tan solo el 25% de los egresados universitarios alcanza un nivel B-1, es decir, intermedio de inglés. Si bien Colombia ha ido aumentando su porcentaje de población bilingüe, será necesario un conocimiento del lenguaje en términos técnicos y del negocio particular de cada empresa. Esto quiere decir que, aunque no fuese la lengua madre de su socio extranjero, el importador o exportador como mínimo deberá saber el lenguaje mundial de los negocios, el inglés.

Lo segundo es la adecuación de los horarios nacionales a los horarios de los socios extranjeros. Estamos hablando de nuevos acuerdos que trabajan mientras aquí dormimos, lo que hace parte de una cultura de trabajo 24/7 enfocada a planes y metas que empiezan como exportación por medio de tratados como este, pero que apuntan a la transnacionalización de las empresas colombianas así como a la tercerización de empresas extranjeras en territorio nacional.

Lo anterior incluye una aplicación y apropiación de tecnologías de la información que permitan a los empleados y dueños de las empresas estar en contacto el tiempo que sea necesario y desde cualquier lugar. Las empresas colombianas hasta ahora están entrando en el mundo online, al cual ven con tanto recelo como los clientes nacionales.

Según el Ministerio de Tecnologías de la Información, hasta el pasado 17 de mayo Colombia contaba con seis millones de suscriptores a Internet; sin embargo, el gobierno espera que al finalizar el 2014 la cifra alcance los ocho millones de suscriptores, lo cual idealmente iría de la mano con los cursos virtuales del Ciudadano Digital para el aprovechamiento de la Internet.

La experiencia

Colombia tiene sectores como el textil y el floricultor que cuentan con el potencial necesario para sacar grandes beneficios de los acuerdos comerciales que se han firmado. Estos sectores tienen en su mayoría algo que el resto de pequeñas y medianas pymes no tienen hasta ahora en nuestro país, experiencia.

La experiencia no se refiere solamente al saber hacer el papeleo, los trámites y el embalaje apropiado de sus productos, supone también una disciplina mental alineada a la visión de negocio que requiere una empresa exportadora. Las empresas colombianas se enfrentan adicionalmente a una competencia dura y experimentada que no solo provendrá de Estados Unidos.

Aunque las cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como las de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), son positivas en cuanto al incremento de pymes, la realidad es que en promedio las pequeñas y medianas empresas no logran sostenerse más allá de los cinco años, lo que demuestra que falta mucho por recorrer y aprender.

El TLC con Estados Unidos debe estar en marcha completamente en cinco años y según las expectativas del Fondo Monetario Internacional, Colombia estará dentro de las treinta economías emergentes del mundo en menos de dos décadas, llamando la atención de países como Canadá, Suiza, Holanda, Israel, Francia, Corea, Venezuela y Japón, y de acuerdos supranacionales como la Alianza del Pacífico. Solo tenemos un lustro para prepararnos; ¿alcanzaremos a estar listos? Todo depende de los buenos pasos que tomemos en el 2013.