El nuevo presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aseguró durante su campaña electoral que acabaría con las drogas en seis meses "matando a los criminales si hace falta". Siete semanas después de su toma de posesión, su promesa empieza a materializarse. Desde el 1 de julio, unas 1.900 personas -entre presuntos narcotraficantes y consumidores- han muerto a manos de las fuerzas de seguridad o de grupos de vigilancia que patrullan las calles de las ciudades del país. Tanto organizaciones en defensa de los derechos humanos como representantes de Naciones Unidas han criticado duramente esta particular guerra emprendida por el nuevo presidente, que no tiene visos de terminar pronto.
El jefe de la Policía de Filipinas, Ronald de la Rosa, compareció este martes ante el Senado del país asiático en una comisión de investigación sobre el caso. Según sus datos, las fuerzas de seguridad han abatido a 756 personas "que ofrecieron resistencia" durante varias operaciones antidroga. El resto de fallecidos, más de 1.100, son responsabilidad de las patrullas que realizan grupos informales de vigilancia y "están siendo investigadas". Solamente las muertes de los agentes oficiales multiplican por diez los registros entre enero y junio, antes de la llegada de Duterte al poder.
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