“Demasiado celo por la imparcialidad generó que trabajáramos a ciegas”

Entrevista con Juan Gabriel Gómez Albarello profesor de la Universidad Nacional de Colombia y ex miembro de la Comisión de la Verdad para El Salvador

“Demasiado celo por la imparcialidad generó que trabajáramos a ciegas”

En diálogo con el Observatorio de Construcción de Paz el abogado y doctor en Ciencias Políticas Juan Gabriel Gómez Albarello relató su experiencia como miembro del equipo de expertos en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario que integró la Comisión de la Verdad para El Salvador. En esta charla Gómez Albarello describió las dificultades que enfrentó una Comisión íntegramente formada por extranjeros. “En aquellos años la sociedad salvadoreña se hallaba supremamente polarizada y ante la desconfianza entre ambos bandos se decidió que los integrantes de la Comisión de la Verdad fueran todos extranjeros”, explicó. Luego de la una cruenta guerra civil y como resultado de los acuerdos de paz de Chapultepec –suscriptos entre el Gobierno salvadoreño y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)–, en 1992 se puso en marcha el trabajo de una Comisión que, según Gómez Albarello, contó con muy poco tiempo para realizar su tarea, además de que “la falta de claridad metodológica generó duros roces dentro del equipo de trabajo”.

Por: José David Moreno Mancera y Pablo Leonardo Uncos[1]

¿Cómo se planificó a grandes rasgos la estructura y funcionamiento de la Comisión de la Verdad para El Salvador?

El secretario de Naciones Unidas recibió el mandato de las partes para nombrar a la secretaria ejecutiva y a los comisionados. Como secretaria ejecutiva se nombró a la abogada argentina Patricia Tappatá de Valdez. Luego, el criterio utilizado para elegir a los comisionados era que fueran personas respetadas por ambas partes por su trayectoria política, ética e intelectual. Sobre ese criterio se convocaron al ex presidente colombiano Belisario Betancur, al ex ministro de relaciones exteriores de Venezuela, Reinaldo Figueredo y al estadounidense Thomas Buergenthal, que había sido magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego, la Secretaría Ejecutiva, con autonomía e independientemente de los comisionados, nombró al equipo de especialistas del que yo fui parte.

¿Cómo se dio su incorporación a la Comisión?

La convocatoria fue proceso informal. La secretaria ejecutiva de la Comisión, Patricia Tappatá de Valdez, se puso en contacto con diferentes personas en Suramérica para reclutar a expertos con conocimientos en derechos humanos y en Derecho Internacional Humanitario (DHI), dado que era necesario investigar tanto los crímenes cometidos por las fuerzas del Estado como los cometidos por el la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Para esos años yo era un abogado muy joven, pero ya tenía algunas publicaciones académicas y cierta experiencia con mi participación en la Comisión para la Superación de la Violencia que estudió los factores de la violencia en las regiones en donde se desmovilizaron el Ejército Popular de Liberación (EPL), la guerrilla del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Movimiento Armado Quintín Lame. Es decir que el hecho de que uno de los comisionados fuera colombiano, como es el caso del ex presidente Belisario Betancur, no tuvo nada que ver en que otro colombiano fuese electo como miembro del equipo de especialistas. Yo llegué allí por otra vía.

¿Cuál era el mandato de la Comisión?

Las partes, por iniciativa de los negociadores del FMLN, acordaron abordar el tema de la verdad. Los guerrilleros planteaban que no se podía construir la paz si no se hacía una investigación y una eventual sanción por crímenes aberrantes como la masacre del Mosote; las desapariciones forzadas; el asesinato de líderes sindicales, o el asesinato de los sacerdotes jesuitas, ocurridos durante la Ofensiva del FMLN de 1989. Los militares aceptaron, pero a cambio pidieron que se investigara idéntico número de casos de crímenes cometidos por la guerrilla. El problema se presentó porque, a mi juicio, el conflicto en El Salvador fue muy asimétrico.

¿En qué se basa para tal afirmación?

Sostengo que fue muy asimétrico en el sentido de que el número de violaciones cometidas por las fuerzas estatales superaba en creses a los crímenes cometidos por la guerrilla, en una relación que yo calculo de 90% a 10%, respectivamente. Por ello mismo, el FMLN no aceptaba que se investigara un número similar de casos, porque eso daría la impresión de un conflicto simétrico. Finalmente se llegó al acuerdo de que fueran los comisionistas quienes eligieran los casos que considerasen más relevantes. Además, se acordó que, luego de ser investigados, esos casos no pudieran ser amnistiados. Esos acuerdos fueron precisamente los que definieron el mandato de la Comisión para un período de trabajo de seis meses.

¿Qué criterio se utilizó para decidir que el mandato fuera de solo seis meses?

El plazo surgió de la experiencia internacional y de la idea de que la incertidumbre sobre la situación jurídica de las personas acusadas por la responsabilidad de esos hechos no debía extenderse durante un largo período de tiempo. Pero la contracara de ello estuvo en que se trató de un período muy limitado de tiempo, lo que implicaba que la Comisión no iba a tener la capacidad de revisar los tantísimos casos  de violaciones a los derechos humanos y al DIH que se habían producido durante la guerra civil en El Salvador.

¿Por qué se optó por conformar una Comisión íntegramente compuesta por ciudadanos extranjeros?

Se decidió que no iba a haber salvadoreños en la Comisión a raíz de que en esos años la sociedad salvadoreña se encontraba supremamente polarizada, y tanto por derecha como por izquierda había una profunda desconfianza mutua. En ese contexto toda la reserva moral que hubiese tenido alguna institución salvadoreña, para que se la considerara neutral, se encontraba agotada, incluyendo a la dirigencia de Iglesia Católica Salvadoreña, a quien la extrema derecha veía como simpatizante de la guerrilla.

Si bien, el hecho de que ustedes fueran extranjeros les dio un halo de imparcialidad, por otro lado, ¿eso no les generó dificultades?

Totalmente. De hecho, ese es un tema que discutimos internamente. Justamente por no ser salvadoreños no conocíamos en detalle qué es lo que había ocurrido en ese país. Entonces la pregunta que se nos imponía era: ¿con qué criterio íbamos a hacer la selección de los casos que llegasen a la Comisión? Asimismo, a penas empezamos a trabajar en esos criterios las ONGs defensoras de Derechos Humanos estaban muy ansiosas por ser escuchadas con respecto a cuáles debieran ser los casos más prioritarios o simbólicos. Ello, a su vez, despertó el celo de la Secretaría General y de los comisionados, quienes temían que fuéramos percibidos como demasiado abiertos o inclinados a escuchar a las ONGs; pues de ese modo nuestra imparcialidad podía quedar impugnada. En la práctica eso significó que estábamos trabajando a ciegas. Había criterios muy encontrados y se generaron fisuras muy profundas entre los miembros del equipo.

¿Cuáles fueron esas fisuras?

Por ejemplo, el director de investigación, el abogado peruano Carlos Chipoco, insistía en que no podíamos hacer acopio y lectura todo lo que se había escrito sobre el conflicto armado salvadoreño para, con base en ello, formular unas hipótesis para empezar a discriminar los criterios de selección de casos. Lo que él propuso entonces fue que hiciéramos una cronología. A mí eso me parecía absurdo y limitado, porque una cronología solo podía arrojarnos un simple listado de hechos. Pero más allá de estas internas, había un fuerte celo de que la imparcialidad de la Comisión fuera impugnada, lo que generó que no se le abrieran las puertas a los distintos actores de la sociedad salvadoreña. Y precisamente esa hubiese sido la estrategia más óptima. Esto es: llamar dese la extrema derecha hasta la extrema izquierda para interrogarlos sobre la selección de los casos más representativos. Es obvio que el listado de casos de cada sector del arco político iba a ser muy diferente, pero seguramente se iban a poder identificar algunos casos de empalme. Además, la colaboración de expertos en el conflicto salvadoreño también habría ayudado en la tarea de selección. Esa falta de claridad metodológica generó duros roces dentro del equipo de trabajo.

¿Cómo se efectuó en ese contexto la tarea de recolección de testimonios?

En un principio se hizo necesario comunicar a la sociedad salvadoreña que la Comisión iba a tomar testimonio a todas las personas que quisiesen acercarse a contar lo ocurrido durante la guerra. Pero para ello era necesario saber en cuánto tiempo lo íbamos a hacer, porque esa tarea siempre lleva tiempo. Además, luego íbamos a necesitar otra cantidad considerable de tiempo para el análisis de tales testimonios. Conjuntamente, tampoco teníamos bien claro cuáles eran los casos que íbamos a investigar.

¿Cuáles fueron los efectos de esos vacíos metodológicos?

La falta de claridad generó decisiones bastante arbitrarias, lo que se combinó con un ejercicio de autoritarismo e irresponsabilidad. Incluso algunos miembros del equipo renunciaron, como la abogada argentina Mabel Colalongo, lo que generó una oleada de especulaciones sobre el futuro de la Comisión y sobre los resultados mismos de su trabajo. Nuestra tarea había comenzado en junio de 1992, entre julio y agosto efectuamos la recolección de testimonios, y ya para septiembre la crisis estaba desatada. Como respuesta, cada uno de los Comisionados designó a un asesor especial para que trabajara con el equipo y monitoreara sus investigaciones. Recuerdo que entre esos asesores se encontraba Douglass Cassel, quien actualmente colabora con los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC en La Habana (Cuba).

¿La recolección de testimonios se concentró en la ciudad capital, San Salvador, o se realizó en todo el territorio?

Como les conté, hubo anuncios en la televisión y en la prensa convocando a la sociedad para que se acercara a la Comisión y diera su testimonio. La sede de la Comisión era una casa situada en la comuna de Escalón, uno de los barrios más ricos de la capital. Era una casa muy grande, pero que al final, resultó muy pequeña para la tarea de atender a tanta gente. Nos vimos absolutamente desbordados porque empezó a llegar gente de todas partes del país. La verdad es que no dábamos abasto. Ni siquiera teníamos tiempo para almorzar. Frente a este desborde, la Comisión decidió enviar equipos a las regiones.

¿El procedimiento de recolección de testimonios era registrar declaraciones libres, es decir, si alguien necesitaba hablar tres horas se le escuchaba todo ese tiempo?

Sí.  Porque las personas que daban su testimonio nos contaban cosas aterradoras: habían sido víctimas o testigos no de uno, sino de varios hechos. Y nosotros estábamos frente a un computador transcribiendo el relato y procurando que esa transcripción fuera lo más fiel posible al testimonio.

¿Por qué no se grababan los testimonios a través de cintas o casetes de audio? Eso hubiera agilizado el trabajo de la Comisión.

Francamente no sé. Habría que preguntarles a quienes tomaron esa decisión. Lo cierto es que todos esos testimonios hoy están sepultados en la sede central de las Naciones Unidas, en Nueva York. Yo no entiendo por qué las Naciones Unidas se negaron a entregar todo ese testimonio a la sociedad salvadoreña para que esta tuviera la oportunidad de acceder a ese conocimiento. Se trató de una decisión política y burocrática inaceptable desde todo punto de vista.