Indolencia punitiva
Redacción: Diego Quijano
A lo largo de mis años de adultez, he sido víctima de seis atracos con mano armada. Afortunadamente, he salido ileso de cada una de esas malas experiencias. He sentido la rabia, la impotencia y la frustración producto de esos robos; entiendo los sentimientos de enojo de todas las personas que han sido víctimas de estos vejámenes. Sin embargo, no celebro la muerte de los asaltantes, como si lo hacen miles de personas reaccionando positivamente y alentando para que, dada la oportunidad, asesinen al delincuente.
Últimamente, han salido varios videos y fotos en redes sociales de personas que han sido asaltadas y hasta asesinadas por ladrones que querían apropiarse de sus pertenencias. A raíz de esto, han venido apareciendo voces de indignación, promoviendo la flexibilización del porte de armas en Colombia. ¿Acaso esa es una medida razonable y legítima para afrontar el problema de la delincuencia en el país?
Según el Centro de Memoria Histórica, La Organización Mundial de la Salud, Colombia Diversa, el Observatorio de Feminicidios en Colombia y el DANE, el país tiene cifras de violencia similares o hasta peores que las guerras del siglo pasado. Por el lado del conflicto armado, se tiene un registro de 23 mil asesinatos selectivos, más de dos mil masacres y más de 60 mil desaparecidos. En los años 2018 y 2019 registraron más de 12 mil y 7 mil asesinatos respectivamente; la mayoría con arma blanca y de fuego. Durante los días de fiesta, siempre se ha registrado un aumento de riñas y homicidios. En los dos últimos años han muerto en promedio tres mujeres por día; en lo que llevamos del año, se han denunciado más de cinco mil casos de violencia de género; un aumento de casi el 50% con respecto a los años anteriores. Y desde 1993, han sido agredidos más de 1700 personas pertenecientes a la comunidad LGBTI. En conclusión, además de ser un país intrínsecamente violento, somos pasionales, machistas, misóginos y homófobos .
No obstante, estas cifras no significan nada para aquellos que promueven el porte de armas para “proteger” a la población de estas acciones. De hecho, hace poco más de un mes, el Congreso de la República aprobó en último debate la prisión perpetua para los violadores y asesinos de menores de edad. Un acto legislativo que podría ser inconstitucional, ya que podría estar en contra del artículo 34 de la Constitución Política, el cual dice que la “prisión perpetua está prohibida”. Fuera de eso, estaría en contra del Estado Social de Derecho, pues no garantiza una disminución en la impunidad de los casos de violencia sexual contra los menores y otros casos de violencia como los descritos con anterioridad.
Para las personas que celebran estos actos legislativos y los que promueven proyectos de ley que flexibilizan el porte de armas, solo apelan al deseo de una (falsa) justicia, dirigido a personas que creen que la venganza, la muerte y la cárcel es sinónimo de justicia. La justicia punitiva siempre ha estado presente tanto en en el imaginario colectivo y en los discursos políticos tradicionales. Desde tomar acciones por mano propia, castigando física y psicológicamente a los delincuentes, prometer acabar militarmente con la guerrilla en un año, hasta recurrir en un discurso falaz para que la gente votará NO a un acuerdo de paz histórico, son acciones y palabras que sacian el anhelo de justicia que la ciudadanía colombiana ha pedido a gritos desde hace décadas. Empero, estas acciones solo aumentan la sed de violencia que ha estado latente, en donde los gobiernos han tenido gran responsabilidad, por la constante corrupción y nutrición de la guerra a lo largo y ancho del país.
Para fortalecer el verdadero Estado Social de Derecho, se debe atender y fortalecer primero las políticas públicas de prevención primaria. Existen dos circunstancias que el Estado debería poner atención: las distintas violencias, empiezan desde casa. Los niños ven como maltratan a las mujeres de su familia, ven como son golpizas trivializadas y las violaciones hacia ellos mismos o hacia mujeres y menores de edad de sus propias familias. La segunda circunstancia es la desigualdad y la falta de oportunidades, generada por el sistema económico actual y sobre todo por la corrupción representada por la clase política hegemónica y conservadora.
Hacer la guerra es muy fácil; y más en un país tan emocional como lo es Colombia. En un día se podría revivir la guerra en Colombia. Pero construir un Estado donde reine la paz, la tolerancia, la reconciliación y la empatía, es una hazaña que no puede ser alcanzada si se siguen aplicando políticas populistas, medidas punitivas que solo reducen el fuego pero no apagan el incendio. Apelar a los verdaderos problemas sociales, dejando a un lado un status quo que rige la sociedad oligarca colombiana, es la mejor manera de fortalecer un verdadero Estado Social de Derecho que todos los ciudadanos colombianos hemos anhelado desde hace décadas.
