"Deberíamos preguntarnos qué es mejor para la ciudad: un metro elevado en mano o uno subterráneo volando" es la sentencia que hace el consejero de Utadeo, José Fernando Isaza, al hacer un análisis en su columna de El Espectador de lo que implicaría cambiar la construcción del metro con un contrato que ya fue aprobado y está en marcha.
El columnista escribe con asombro que "Preocupa y aterra ver a un ministro de Estado chantajeando, en vivo y en directo, a una funcionaria, elegida por el voto popular, para que cumpla una orden presidencial que aún tiene muchos interrogantes legales y financieros...Amenazar con no cumplir los compromisos de la nación para las obras de transporte es ofender en materia grave a los habitantes de Bogotá".
Y recuerda lo que jurídicamente se debe tener en cuenta "Hay que recordar que si bien los particulares pueden hacer lo que no les prohíbe la ley, los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley explícitamente les autoriza...Los contratos de obra pública se pueden modificar de común un acuerdo manteniendo las condiciones financieras o ampliando el objeto si el valor total no supera el 50 % del valor inicial. Se puede declarar la caducidad por incumplimiento, que no es hoy el caso".
