En este artículo se darán a conocer algunos antecedentes y testimonios que la Comisión de la Verdad logró recopilar para el Informe Final, haciendo alusión a los abusos verbales, psicológicos y sexuales que sufrieron algunas mujeres por parte de agentes de la fuerza pública. Las víctimas eran personas que hacían parte de grupos vulnerables como trabajadoras sexuales, mujeres que tenían cargos en la política, mujeres campesinas y excombatientes que eran estigmatizadas como enemigas.
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Fuerza Pública
El capítulo seis 'Mi cuerpo es la verdad' del Informe de la Comisión de la Verdad, se relatan las vivencias de las mujeres violentadas por parte la fuerza pública, sus relatos son descritos detalladamente contando cómo eran usadas para satisfacer el deseo de los hombres como venganza hacia sus enemigas y violentando a como diera lugar los derechos que les pertenecen. Lo que busca esta Comisión, es informar sobre la verdadera historia contada desde las víctimas y en algunas ocasiones por los mismos responsables que fueron testigos y/o partícipes de estas violaciones y abusos. El siguiente testimonio es contado por Rodolfo, un compareciente del Ejército Nacional: «Una vez, unos oficiales y suboficiales tuvieron un inconveniente en un prostíbulo por allá y después volvieron a matar como a dos viejas de esas. Eso se armó un problema que ni se imaginan». Este militar da a conocer que no existía el respeto en lo absoluto, los delitos eran minimizados y pasaban por encima de cualquier mujer que, desafortunadamente, se les atravesara, es allí donde se afirma que oficiales y suboficiales mataron a mujeres trabajadoras sexuales sin justificación alguna.
Muchas de las acciones que tenía la fuerza pública frente a la población civil, generaba discordia, odio y fuertes acusaciones hacia los mismos soldados, los trabajos de inteligencia del Ejército Nacional hablan de la utilización de trabajadoras sexuales como informantes del mismo Ejército, dando un doble sentido a la situación y aprovechando de este para los abusos constantes que como mujeres vivieron. Gracias a estas acciones de la fuerza pública, muchas mujeres fueron consideradas como supuestas colaboradoras de los bandos enemigos, debido a esto los campesinos tomaron acciones de rechazo y discriminación hacia los militares, ya que además de ser abusadores del poder, los actos como fumar marihuana y beber hasta embriagarse no eran bien vistos en la sociedad. Esto provocó un odio desmedido hacia la fuerza pública y todo lo que tenía relación con ellos.
«La gente se enfureció con el Ejército, porque salió el cuento de que las prostitutas de Peñas Coloradas eran las que les habían hecho la inteligencia para golpearlos, y eso no fue así. Segundo, dijeron que más atrás venían los paramilitares, que se iban a encontrar con ellos, y aparecieron soldados con brazaletes de las AUC. Así también ocurría en Cartagena del Chairá: le decían a la población que los paras venían. Un soldado borracho y enmariguanado se puso el brazalete al revés y se quedó con el de AUC, y la gente viendo todo eso. Entonces fueron y le dijeron al teniente: “Dígale al soldado que se cambie el brazalete, que se lo puso mal”, así le decía la gente. Entonces la gente cogió también como un odio, de no querer a la fuerza pública, por todas esas pendejadas que venían haciendo».
Es importante entender que la historia detrás de cada relato hace parte de Colombia y que el conflicto armado, que hasta el día de hoy no ha cesado, lo cual ha generado espacios que relacionan la paz y han llevado a la organización de espacios para generar encuentros en las comunidades. «Al déficit de presencia del Estado con sus instituciones civiles, especialmente de aquellas encargadas del sector justicia, y de la supremacía de la respuesta militar, se sumó la connivencia de integrantes de la fuerza pública con grupos paramilitares o mafias del narcotráfico luego de la firma del Acuerdo de Paz, lo que acentuó no solo la desconfianza en el Estado, sino también la impunidad. Para las mujeres y niñas esto significó una completa desprotección y enfrentar mayores riesgos debido a las retaliaciones que pudiera haber».
En este capítulo del Informe, Efraín relata que un soldado de la fuerza pública fomenta el odio al tener una acción indigna de la institución: «Dígale al soldado que se cambie el brazalete, que se lo puso mal, así le decía la gente. Entonces la gente cogió también como un odio, de no querer a la fuerza pública, por todas esas pendejadas que venían haciendo».
Uno de los motivos principales por los cuales la fuerza pública y demás fuerzas armadas hacían estos actos, era para demostrar que el responsable era un verdadero hombre, allí se generaba una pelea diaria donde se demostraba quien violaba y hacía sufrir a más mujeres, esto como una muestra de masculinidad y una construcción identitaria ante su grupo a comandar. Además de tener un título machista de superioridad, era una forma de demostrar poder hacia quienes iniciaban con las acciones anteriormente mencionadas y así fomentar el odio sin argumentos previos a las mujeres para sentirse menos culpables usando como excusa la masculinidad.
«La idea del guerrero se alimenta de los atributos tradicionalmente considerados propios de lo masculino (poder sobre otros, disciplina, conducta, reputación, dignidad basada en una identidad masculina rígida, no sentir o demostrar miedo, ser fuertes), y viceversa. Esta retroalimentación entre las masculinidades guerreras y las masculinidades civiles explica, en parte, el contínuum de las violencias sobre las mujeres. Además, la experiencia de ellas en organizaciones armadas pasó por la exigencia, en muchas ocasiones, de equipararse a los varones, de lograr o demostrar esas mismas capacidades».
No obstante, las mujeres víctimas de violencia también aseguran que el Estado tiene cierto porcentaje de responsabilidad y protagonizan un papel fundamental en el conflicto armado de Colombia, esto teniendo en cuenta que en sus relatos narran la desprotección, negligencia y revictimización que recibieron por parte de estas, cuando en realidad lo que debieron haber recibido eran la garantías para sus vidas, la de sus familiares y sus derechos. En palabras de Adela: «O sea, por eso mucha gente se fue. Por eso le digo que no tiene nada que ver con nosotras. Mujeres, más que todo mujeres, amigos de nosotras, todos se desplazaron y nosotras no. Nosotras hemos sido abandonadas por el Gobierno, por las administraciones, por todos hemos sido abandonadas».
Mujeres que han tenido cargos en entidades del Estado y han sido violentadas
Cuando el conflicto armado y la violencia tomó fuerza en los territorios afectados se inició un gran desnivel de participación femenina en ámbitos como la política, la educación, temas sociales e incluso en temas laborales. Este y otros factores hicieron que la participación de la mujer se limitará nuevamente, en especial, aquellas que ya había logrado su posicionamiento en cargos públicos afectando la democracia del país.
Ahora para dar un mayor acercamiento a las violencias que en Colombia se han evidenciado por el conflicto armado, la Comisión para la Verdad da a conocer unos datos donde se detalla la cantidad de muertes registradas durante el periodo de 1958 a 2021 «El registro arrojó 215 funcionarias asesinadas: concejalas, corregidoras/inspectoras, funcionarias judiciales y alcaldesas, entre otras. Según la militancia política de las víctimas, fueron asesinadas más mujeres pertenecientes al Partido Liberal (40,7 %) y a la Unión Patriótica (33,9 %), y los responsables se distribuyen entre grupos paramilitares (34,1 %), guerrillas (26,2 %) y actores desconocidos (21,5 %). Al igual que en la línea temporal general, fue entre 1989 y 2002 cuando se agudizaron los homicidios; no obstante, hubo nuevos incrementos posteriores en 2005, 2007 y 2009.» Esto demuestra que los actores desconocidos o grupos no identificados tienen una gran responsabilidad entre los asesinatos presentados durante el conflicto armado y extrañamente tienen un 40 % de cargos imputados, es decir que casi la mitad del porcentaje general es desconocido y probablemente controlado por grandes personajes del poder, evadiendo las consecuencias que estos podrían causar al ser identificados como actores principales de la violencia ejercida contra los funcionarios, mujeres, excombatientes y demás.
Teniendo en cuenta las cifras anteriormente mencionadas acerca de las mujeres violentadas que ocupaban cargos públicos, se debe reconocer de igual manera que los hombres también han sido afectados en este ámbito «En el caso de los hombres, los partidos políticos más afectados fueron el Liberal, el Conservador y en tercer lugar la UP, mientras que para las mujeres fueron el Partido Liberal y la UP. En la responsabilidad de estos asesinatos, el OMC indicó que le siguen los grupos posdesmovilización (3,7 %); Agentes del Estado (3,1 %); Otro (1,7 %); Bandolerismo (0,9 %); Grupo armado no dirimido (0,6 %); Crimen Organizado (0,2 %)». Sin embargo, los números demuestran que las muertes de las mujeres en este campo son más significativas.
Además se puede evidenciar la violencia por parte de la fuerza pública durante 1988 cuando el machismo era fuertemente expresado, uno de los ejemplos más claros del machismo que manejan entre hombres con actos de violencia verbal hacia las mujeres al obtener un cargo alto dentro del estado, se dio durante la posesión a la alcaldía de Ana Carlina Bohórquez en La Montañita, durante su posesión un comandante de la Policía se reveló hacia la mandataria diciendo: «No me voy a dejar mandar por una mujer y menos de la UP. A nosotros nos han dicho que ustedes son guerrilleros». Demostrando el odio y la enemistad que entre ellos se generaba.
Actos similares se evidenciaron durante el periodo de gobernación de varias alcaldesas, donde se les fueron negados proyectos, además de tener amenazas, hostigamientos, rumores que comprometieron su intimidad, solo por el hecho de ser mujeres en un cargo alto que dirigen a los hombres. Además de esto no solo fueron afectadas ellas, sino también sus familias al no tener la libertad para salir de su territorio sin permiso de los personajes superiores.
Otro de los ejemplos más claros durante la época del conflicto se dio después de la toma del M-19 al Palacio de Justicia, donde se encontraron varias personas involucradas en la investigación para aclarar lo ocurrido durante este periodo, diferentes periodistas y funcionarias de la rama judicial fueron asesinadas por prestar un interés sobre la verdad. Es allí cuando militares del alto rango como coroneles y generales intervinieron en las decisiones de la fiscal Buitrago por las fuertes tensiones que estos militares generaron para detener el proceso de investigación, «El avance de la investigación le valió a la fiscal Buitrago presiones para detener el proceso, pues este implicaba a militares de alto rango como el general Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Alfonso Plazas Vega».