La figura jurídica de los ETCR finalizó en agosto de 2019. Si bien el gobierno ha enfatizado en que las zonas no serán eliminadas pronto, los excombatientes sienten que su futuro es incierto y que no hay garantías para todos en materia de vivienda y sustento económico.
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Como parte de la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia en el año 2016, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, se crearon los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). En estos lugares se gestan acciones colectivas para la capacitación y la reincorporación a la vida civil de las personas que se acogieron al proceso de paz y eran miembros de la extinta guerrilla de las Farc. El objetivo de estos lugares es ayudar a que quienes se incorporan a la sociedad civil tengan herramientas suficientes a nivel formativo para así acceder a mejores trabajos, incluso emprendiendo proyectos productivos, abriéndose puertas en el mercado nacional e internacional.
Crédito: Tatiana Alméciga Ortiz
Sin embargo, los procesos de desmovilización no empezaron con el proceso de paz del gobierno Santos (2016-2018). Consultando la historia del país, la primera campaña masiva de desmovilización se dio el 9 de marzo de 1990 con la desarticulación y entrega de armas del M19, el Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento Quintín Lame (MAQL), el Comando Ernesto Rojas (CER), la Corriente de Renovación Socialista (CRS), las Milicias Populares de Medellín (MPM), el Frente Francisco Garnica, el MIR-COAR y su posterior incorporación a la vida política.
Durante este proceso 4.817 personas se acogieron al programa, diseñado por el gobierno de Virgilio Barco, a través de la Oficina Nacional de Reinserción. Según Rafael Pardo Rueda, profesor y asesor del gobierno de Barco, en su libro 9 de marzo de 1990, este proceso de paz difiere del llevado a cabo con las FARC debido a que las garantías propuestas en este fueron cumplidas y respaldadas por organismos nacionales. Así mismo, porque el gobierno siguiente respetó por completo este acuerdo y ayudó a su completa implementación. Esto se puede ver reflejado en cómo diferentes figuras desmovilizadas, hasta el día de hoy, tienen gran protagonismo en la vida política del país.
Luego de esto, el gobierno de Álvaro Uribe implementó un proceso de desmovilización con enfoque individual, es decir, planteó un modelo donde las personas pertenecientes a estos grupos decidían desmovilizarse por sus propios medios, esto incluía tanto a guerrilleros de las Farc y del ELN como a paramilitares de las AUC. Según las estadísticas del Programa de Atención Humanitaria para el Desmovilizado (PAHD), del Ministerio de Defensa, durante el periodo de 2002-2010 se desmovilizaron 54.317 personas de diferentes grupos armados, gran parte de estos pertenecientes a las AUC.
La mayor crítica a este modelo de desmovilización fue a la Ley General de Amnistía, la cual buscaba la “reincorporación de miembros de grupos armados que contribuyan con la consecución de la paz nacional”, estas palabras fueron dichas por el alto comisionado para la paz entre 2002-2009, Luis Carlos Restrepo, que al día de hoy se encuentra prófugo de la justicia. Este enfoque daba solo garantías para quien se desmovilizó, pero las víctimas quedaban por fuera. Las penas alternativas planteadas por esta ley eran: no ejercer funciones públicas, no tener acceso a cargos de consulta popular, no portar armas, no residir en algunas zonas y no acercarse a las víctimas. Esta última sanción era la única pensada en las víctimas del conflicto, así que estas no se sentían amparadas por la ley, ya que sus exigencias iban más allá.
Durante los diálogos de paz de 2016, en La Habana, se recalcó la necesidad de crear procesos de reparación y reconciliación que tuvieran como foco central a las víctimas del conflicto, haciendo hincapié en la verdad para esclarecer los hechos en los que estas personas se vieron afectadas. Así mismo, en esta lógica quienes fueron reclutados a la fuerza, son vistos también como víctimas del conflicto; debido a esto se crea la Comisión de la Verdad, organismo que busca que todas las partes involucradas en actos de guerra den su testimonio para contrastar y así poder reparar a quienes lo necesiten y así garantizar la no repetición.
Siguiendo esta última idea, para garantizar la no repetición es necesario que todas las partes involucradas tengan garantías para mejorar su calidad de vida. Es por esto que los ETCR se convierten en centros de muchísima importancia, no solo porque brindan oportunidades de capacitación y formación para quienes se reincorporan a la vida civil, sino además porque dan un parte de tranquilidad para quienes vivieron el conflicto, pues, esto plantea que como ciudadanos estamos en otro tiempo de la historia, que el conflicto armado terminó y que se deben hacer las cosas de otra manera.
ETCR Antonio Nariño de Icononzo, Tolima. Crédito: Tatiana Alméciga.
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Los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) fueron inaugurados el 15 de agosto de 2017, pues antes eran llamados Zonas Veredales Transitorias (ZVT). En estos se consiguió igualar el nivel educativo de los vinculados a partir de clases de regularización escolar y gestar proyectos productivos que contribuyeron a la generación de empleo para quienes están vinculados a estos proyectos. El primero que encontramos fue “Avanza”, la nueva marca de ropa que excombatientes de las Farc lanzaron al mercado. La cooperativa Tejiendo Paz, de exguerrilleros de Icononzo (Tolima), tiene marca propia, y no solo eso, ya han llegado a pasarelas bogotanas y han ampliado su catálogo, creando piezas tanto para hombres como para mujeres. Durante la pandemia han fabricado miles de tapabocas para donar.
Otro de los proyectos más conocidos es “La Roja”, la cerveza artesanal que ha entrado al mercado nacional en el último año. Carlos Alberto, como es conocido, es el líder de este proyecto, y gracias a su amigo del colegio Wally Broderick, organizaron a todo un grupo de excombatientes para elaborar cerveza artesanal y distribuirla. En entrevista con el portal Hacemosmemoria.org, ambos cuentan cómo después de quince años de no verse iniciaron este proyecto, uno como profesor del ETCR y el otro como desmovilizado. Luego de “adelantar cuaderno”, como se diría coloquialmente, Broderick, de ascendencia irlandesa, les enseñó a hacer cerveza artesanal. Este proyecto es presentado y aprobado ante las comitivas del ETCR y empiezan a organizar y delegar diferentes funciones para que el proyecto crezca. Al día de hoy, tienen presencia en Bogotá, Medellín y algunos municipios de Cundinamarca.
Conozca a continuación el proyecto Avanza desde la voz de sus protagonistas.
Sin embargo, no todo son casos de éxito como los anteriormente mencionados. De hecho, en su gran mayoría no hay garantías para la continuación de proyectos de estas comunidades. El problema principal es de tierras, ya que en estas personas se quieren dedicar al agro y es lo que mejor saben hacer, pero “el aprovisionamiento de tierras es algo que no está incluido en el acuerdo”, según el director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ANR), Andrés Strapper. Las soluciones que brinda la agencia y otras instituciones es que busquen otras alternativas de emprendimiento que no estén directamente relacionadas con el agro o que contribuyan con privados.
Esto a su vez es problemático, ya que la relación entre los ETCR y privados no ha sido la mejor. En un principio el sector privado ha tomado distancia en colaborar con estos proyectos, y así mismo, ha dado largas para la contratación de excombatientes; en palabras del mismo Strapper: “Un error que cometimos en el pasado era decirle al sector privado: ‘tenga diez excombatientes, empléelos’. Ellos decían, ‘pero por qué si me hicieron tantas cosas’. Lo que hemos logrado a través de un abanico de posibilidades es vincularlos a procesos comunitarios o de generación de oportunidades de encadenamiento productivo para estas personas”, pero como ya explicamos anteriormente esto no ha sido suficiente.
Las viviendas y los terrenos donde viven actualmente los excombatientes no son espacios definitivos y muchos de ellos temen quedarse sin hogar. Crédito: Tatiana Alméciga.
De esta manera se explica cómo luego de perder vigencia los ETCR, en septiembre de 2020, la situación de muchos excombatientes es incierta, ya que no hay un marco regulatorio de cómo deben actuar las instituciones. En primer lugar, la declaración del presidente Iván Duque a finales del año pasado, indicó que los ETCR permanecerán hasta que fueran necesarios, sin embargo, no hay una ruta clara a seguir. Algunos de estos territorios deben ser desalojados, ya que los contratos vencieron o están próximos a caducar y deben ser reubicados, pero la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN no da información al respecto. Al día de hoy, mayo de 2021, muchos excombatientes comprometidos con la paz no saben qué harán, ya que no tienen inversión para sus proyectos productivos, los lugares que habitan (los ETCR) deben ser desalojados y en el sector privado es difícil el acceso al empleo.
Un agravante a estas situaciones es la inseguridad latente a la que están expuestas estas personas. En 2018 fueron asesinados 80 desmovilizados de las Farc, según cifras del Observatorio Nacional para la Paz. El 2020 cerró con una cifra de 249 excombatientes asesinados, según comunicados del partido Comunes. Esto pone en tela de juicio las promesas del gobierno nacional por hacer cumplir a cabalidad el Acuerdo de Paz, ya que dentro de los puntos dialogados en La Habana estaba incluida la seguridad de quienes decidieran dejar las armas. Strapper, en entrevista con la RTVC, aseguró que las fuerzas armadas y la policía protegían los ETCR y que los eventos donde fueron asesinadas estas personas ahora son materia de investigación de las autoridades competentes. Sin embargo, esta respuesta no da un parte de seguridad para quienes están saliendo de los ETCR a la vida productiva en ciudades y pueblos en todo el país. Por eso, cabe preguntarle al gobierno nacional qué estrategias van a aplicar para garantizar la seguridad de quienes se acogieron a los acuerdos de paz, porque tanto estos hombres y mujeres como la ciudadanía requieren respuestas sobre el futuro de la paz.