En Colombia, los medios de comunicación tradicionales están permeados por poderes políticos y económicos que poseen la hegemonía informativa. Aunque el periodismo independiente y quienes lo ejercen son un pilar fundamental para proteger la democracia, desempeñar este oficio de manera autónoma se ha convertido en un trabajo de alto riesgo.
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Desde el surgimiento de la República, en 1819, en el marco de las disputas entre posturas políticas federalistas y centralistas, y con el surgimiento de los partidos Conservador y Liberal, que se dio tiempo después, el periodismo se estableció bajo un dominio hegemónico; esto contribuyó a la formación de una opinión pública parcializada y permeada por las influencias bipartidistas propias de la época, alejándose de la premisa que fundamenta el ejercicio periodístico: ser apolítico y objetivo.
Con el pasar de los años el panorama no fue distinto, dado que el periodismo y los principales medios de comunicación seguían bajo el dominio de grupos políticos y económicos con gran influencia en el país; aquello se denominó como la gran prensa nacional.
En el informe La palabra y el silencio, del Centro Nacional de Memoria Histórica, se indica que: “Durante décadas la agenda informativa estuvo dominada completamente por la prensa escrita, vinculada a su vez con las élites y con aquellos ciudadanos que a través de la educación tenían acceso a ella”; sin embargo, algunos medios de comunicación, especialmente aquellos que se alejan de los grupos económicos tradicionales que controlan la mayor parte del mapa informativo a nivel nacional, buscaban mantenerse distantes de aquel dominio hegemónico, asumiendo con responsabilidad el rol de contrapoder por medio de la independencia informativa, el contraste riguroso de las fuentes y la postura crítica y objetiva.
La historia del periodismo independiente en Colombia tiene un referente, un medio que se caracterizó por cambiar los enfoques tradicionales de la agenda informativa: la Revista Alternativa (1974-1980), fundada por Gabriel García Márquez, Enrique Santos Calderón, Bernardo García, Jorge Villegas y Orlando Fals Borda. La primera edición salió a la luz meses antes del fin del Frente Nacional y continuó en circulación durante seis años. A lo largo de su trayectoria dio voz a dos importantes movimientos sociales: el sindicalismo y el campesinado, grupos que no tenían espacio en la prensa tradicional.
Este referente de periodismo independiente, que se puede decir fue uno de los primeros en Colombia, también inauguró uno de los primeros intentos de censura a la prensa alternativa. El martes 11 de noviembre de 1975, las instalaciones de la revista fueron atacadas con una bomba. Este hecho marcó el inicio del primer periodo de la violencia contra periodistas en Colombia, según se indica en el informe La palabra y el silencio del Centro Nacional de Memoria Histórica. Alternativa continuó siendo objetivo de amenazas y provocaciones, hostigamiento por vías telefónicas y persecución a sus integrantes.
Años más tarde, empezó a fortalecerse el ejercicio periodístico independiente, tanto por parte de individuos como por medios de comunicación, especialmente con el auge de las nuevas tecnologías y los medios nativos digitales que, se podría decir, democratizaron la información y liberaron al periodismo de la necesidad de financiarse con dinero de las élites. Sin embargo, el auge de estos medios de comunicación independientes no ha facilitado que la persecución hacia el oficio termine, todo lo contrario, pareciese que desde 1975 hasta la actualidad, nada hubiera cambiado.
Obstáculos de la labor periodística
Ser periodista en el contexto colombiano representa un acto de fe, una convicción de trabajar buscando, sobre todas las cosas, la verdad, pero reconociendo que en ese proceso se pueden poner en riesgo la integridad o la vida.
Los periodistas, en su trabajo de salir a encontrarse con la historia o la noticia, se tienen que enfrentar también a la incertidumbre de no saber si en ese camino se cruzará con amenazas, intimidaciones, censura, hostigamientos, persecuciones, interceptaciones o su propia muerte.
Imagen que ilustra la censura de la prensa independiente. Crédito: Luy caricaturista.
Si bien el periodismo conlleva riesgos desde múltiples perspectivas, ejercerlo de forma independiente o en una región concreta, incrementa el riesgo de ser blanco de ataques a la integridad física y moral del periodista.
Teniendo en cuenta el contexto colombiano, la situación es más riesgosa cuando se trata de cubrir temas de corrupción e irregularidades de la esfera pública, pues detrás de los datos que se publican, están las posturas económicas y políticas que buscan quebrantar el tejido comunicativo.
Según el informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ‘Prensa acorralada: Un juego de violentos y poderosos’, en el transcurso del año 2018 se presentaron 477 casos de ataques a la prensa desde sus diferentes variables. Este mismo informe estipula que el obstáculo más frecuente al que se deben enfrentar los periodistas es la amenaza, que para el año 2018 superó el balance con 200 casos que afectaron el ejercicio de la labor periodística. Por otra parte, la segunda agresión más frecuente es el hostigamiento, actividad que implica una persecución psicológica, con el objetivo de influenciar la actividad del periodista.
La obstrucción al acceso a la información representa otro de los retos a los que se enfrentan los periodistas, así como el acoso judicial, que acumulan entre ambas alrededor de 80 víctimas anuales. Aunque menos frecuentes, los atentados, daños a infraestructuras y desplazamiento son también realidades que tocan a la puerta de los periodistas, pasando por el espionaje o la invasión, las detenciones ilegales, los secuestros, el bloqueo de contenidos en internet, la violencia sexual y el exilio.
El estudio realizado por la FLIP brinda una noción respecto a los autores detrás de estos hechos, enunciando que en 180 de los casos el autor no pudo ser identificado y en 91 casos el agresor fue un particular. Un dato a tener en cuenta es que 36 de estas agresiones se atribuyen a la fuerza pública, 28 a bandas criminales, 6 a delincuencia común y 4 a un accionar político.
La censura es algo cada vez más común en el ejercicio periodístico, es por ello que la geografía de la censura a nivel nacional arroja datos relevantes sobre las dinámicas del periodismo por departamento. La Fundación para la Libertad de Prensa indicó que, para el año 2018, Bogotá contaba con el índice más alto de censura, con un total de 148 casos, seguida por Antioquia, con 38, y Norte de Santander, con 29.
En 2018, de las 153 denuncias de amenazas a periodistas ante la Fiscalía, 136 de ellas llegaron a mostrar adelantos en investigación penal. El informe de la FLIP deja en evidencia los altos índices de impunidad en casos de los 158 asesinatos que se han cometido, a razón del oficio periodístico, desde 1977. En un 99,3% de los casos la justicia no ha actuado de forma efectiva, ya que solo en un caso se condenó a toda la cadena criminal. En cuatro casos fue posible condenar a los autores intelectuales, mientras que en 28 de los casos se condenó a los autores materiales, dejando a la luz que el 79,1% de los casos de homicidio a periodistas está en total impunidad.
El oficio periodístico independiente lucha por sobrevivir, día a día, en medio de un ambiente hostil que no brinda garantías de seguridad, protección y justicia para quienes se encuentran bajo la amenaza latente de no poder desempeñar con libertad su labor, en un país donde ejercer el periodismo es casi una sentencia de muerte.
DAS y escándalos relacionados con interceptaciones
El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue creado por medio del decreto 1717 de 1960, con el objetivo de realizar una labor significativa en el país, pues era la agencia secreta de inteligencia de Colombia. Esta organización, en su largo recorrido, tuvo escándalos relacionados con actividades de corrupción y algunos nexos con grupos al margen de la ley. Esta institución protagonizó escándalos relevantes a nivel nacional, ya que en el año 1989 se le señaló de una presunta complicidad en el asesinato de Luís Carlos Galán. Por otra parte, en 1990 y 1999 se le acusó de una misma complicidad por el asesinato del líder político insurgente Carlos Pizarro y del humorista Jaime Garzón. Uno de los casos más preocupantes en los que se involucró al DAS, y que generó revuelo en el país, fue su participación en el caso de los falsos positivos en el año 2008.
En el año 2009, la Revista Semana rpublicó una serie de artículos que revelarían un último escándalo donde estaba envuelta esta organización, ya que los miembros del Departamento de Seguridad habrían espiado y amedrentado a algunas figuras de la esfera pública que representaban alguna amenaza para el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Este medio logró reunirse con algunos detectives, para conocer de primera mano cómo era el asunto sobre los “trabajos” que se realizaban en dicha organización. Estos revelaron documentos donde, presuntamente, este organismo había hecho interceptaciones a algunos magistrados pertenecientes a La Corte Suprema de Justicia. El periodista encargado de realizar esta investigación fue Ricardo Calderón, quien se dio cuenta de que no solo eran interceptaciones a magistrados sino a otros personajes de la esfera pública y a instituciones estatales.
Chuzadas del DAS, 2009. Crédito: Matador.
El 21 de febrero de 2009, la Revista Semana publicó el artículo “El DAS sigue grabando”. Según esa investigación, el DAS estaba ejecutando operaciones de vigilancia y espionaje a grupos, personas con antecedentes y preferencias políticas marcadas, que estuvieran en contra del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Según Javier Orlando García, en la investigación Un análisis del papel de la Revista Semana en el escándalo político de las interceptaciones ilegales del DAS, los agentes estaban enfocados en espiar tres objetivos: el primero era la Corte Suprema de Justicia; el segundo blanco tenía como objetivo a los políticos opositores al gobierno; en tercer lugar se encontraban periodistas y algunos medios de comunicación.
La Revista Semana logró, en su primera publicación, incluir algunos documentos oficiales de esta organización, los cuales mostraban la estrategia de seguimiento que ellos usaban en contra de los magistrados y de otros personajes públicos. Entre lo que se publicó se encontraba el espionaje a sus vidas cotidianas, a lo que realizaba la familia de cada uno de ellos, e incluso lograron interceptar las llamadas que recibían. Tiempo después de la primera publicación, por este medio se fueron conociendo más detalles sobre la investigación, ya que después de que las figuras de la esfera pública se enteraran de las interceptaciones, decidieron actuar. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), inició una indagación a las instalaciones del DAS y allí encontró que no solo eran unas interceptaciones, sino que actuaban con amenazas, intimidaciones, fake news y hasta terrorismo. Esto se convirtió en un embrollo mucho más grande y representó un peligro para cualquier persona que estuviera en contra del gobierno o que hubiese sido interceptada y perseguida.
Según esta misma revista, la primera reacción del Gobierno fue minimizar la gravedad de las denuncias e intentar presentarlo como actos cometidos por "algunas manzanas podridas" y "una guerra de ex detectives de esa entidad que querían hacerle daño al DAS". La Fiscalía reveló, a finales de abril del año 2009, que en la investigación que realizó el CTI se encontraron documentos repletos de información sobre las personas víctimas de estas interceptaciones, además, tenían pilas de documentos con cada una de las transcripciones de las “chuzadas” que habían realizado a los diferentes personajes, tanto políticos como del medio.
La investigación de la Revista Semana logró recolectar pruebas suficientes que lograban culpar a esta organización sobre dichas interceptaciones ilegales, pero, en el marco del mandato del presidente de turno, nunca se llegó a un culpable final, pues siempre se desviaban las audiencias y acusaciones, además, varios de los fiscales a cargo de este caso fueron amenazados.
Interceptaciones por parte del Ejército
Después de las chuzadas del DAS, Colombia no estaba lista para recibir la noticia de que nuevas interceptaciones estaban a la vista, esta vez por parte de la Fuerza Pública.
La Revista Semana publicó el 1 de mayo del año 2020, una investigación llamada “Las carpetas secretas”, en donde condensaron información sobre los perfilamientos que hizo el Ejército a más de 130 personas, entre ellas magistrados, políticos, sindicalistas, defensores de derechos humanos y periodistas. Esto fue un hecho que nuevamente dejó una herida abierta en el país.
Según el experto en seguridad John Marulanda, el Ejército no tiene aparatos para hacer ‘chuzadas’ y “las tales carpetas sobre las que se ha armado un escándalo, basado en la ignorancia, son parte de los archivos de cualquier central de inteligencia del mundo”. Aunque otros expertos sugieren que esta situación no es algo negativo y solo se trata de un intento de mancillar el nombre de la institución, lo cierto es que dichas acciones generan desconfianza en la opinión pública.
Las chuzadas se realizaban desde dos guarniciones de esta institución, ya que lo que buscaban era ocultar las pruebas que pudiera encontrar la justicia. Desde estos sitios se utilizaban plataformas digitales en donde los encargados de las interceptaciones podían acceder de manera ágil, y sin crear sospecha, a las aplicaciones o redes sociales que las diferentes víctimas utilizaban a diario, como lo eran WhatsApp y Telegram. Desde estas aplicaciones podían bajar contenidos como fotos, videos o hasta conversaciones que en algún momento fueron eliminadas por la víctima. Todo estaba cuidadosamente planeado, ya que después de acceder a estas redes no dejaban rastro alguno.
El Ejército, otro protagonista de censura a la prensa. Crédito: Javier Vite, Punto y Coma.
Después de que la Revista Semana revelara cada uno de los pasos y la investigación que realizó, se fueron conociendo muchas más pruebas que dejaban entrever la situación a la que se tenía que enfrentar el Ejército, pues ellos no estaban de acuerdo con que fueran investigados. Los periodistas interceptados, naturalmente, denunciaron y de esta forma se conoció cómo la situación de riesgo contra los ellos se había incrementado de manera exponencial en los últimos años. En 2018 la FLIP documentó que 257 periodistas fueron amenazados y 178 durante el 2019. En esa escalada de amenazas, resulta especialmente delicado que nuevamente sea el Ejército quien está involucrado en las intimidaciones, amenazas e interceptaciones a periodistas.
Hasta el momento no se ha identificado a un solo culpable, pues son miembros de los de cargos o rangos más bajos en el Ejército los que se han adjudicado algunas de las denuncias que se han hecho, pero no se tiene claridad sobre las autoridades competentes que están detrás de estas acciones.
La labor del periodista es fundamental, ya que, a través de su trabajo se pueden conocer las realidades sociales, los hechos de corrupción, las amenazas a líderes sociales y las diferentes investigaciones sobre temas que son negados por entes del Estado; de manera que ningún periodista debería ser amedrentado ni perseguido por realizar su trabajo, cuando este beneficia tanto a los colombianos. Por otro lado, el Ejército es el ente que tiene como misión la defensa de la integridad del territorio nacional, algo que realmente se ve opacado por las acciones que toma en el marco de las interceptaciones.
Garantías
La protección de los derechos humanos de quienes ejercen el periodismo debe ser garantizada por el Gobierno Nacional, pues es importante que en el país se respete la libertad de prensa, se den las condiciones propicias para el desarrollo de un buen periodismo y, sobre todo, se respete la premisa de que este sea libre. La Constitución Política de Colombia de 1991 reconoce la actividad periodística y plantea que esta labor deberá gozar de protección en el desarrollo de la misma, así como garantizar su independencia y libertad laboral, sin embargo, es importante resaltar que desde el año 2014 se ha venido implementando una serie de leyes que protegen al periodista al momento de solicitar información.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha dedicado sus espacios a fomentar el uso del buen periodismo, pero, de igual forma, lo ha hecho para exigir las garantías para los periodistas. En uno de sus últimos manuales publicados recuerda a las autoridades nacionales y locales la obligación que les asiste de garantizar el acceso a la información de todos los periodistas, pues es necesario que puedan obtener los datos para transmitirlos a los ciudadanos de forma organizada, verificada y transparente.
No en vano se dice que la información es la materia prima de la democracia, es por esto que no debe existir ningún tipo de obstrucción en el ejercicio periodístico, a razón de lo anterior, la Ley 1712 de 2014, o Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dicta que este derecho consiste en que toda persona puede conocer la existencia y el contenido de la información que esté en posesión de las entidades públicas. Este derecho también abarca la obligación y responsabilidad de producir, capturar y divulgar información sin que haya una solicitud previa.
Además, es importante mencionar que existen ciertas garantías de protección para aquellas personas que se sientan en peligro por ejercer su labor de solicitar información para comunicar de forma veraz, pues, basándose en el parágrafo del artículo 4 de la Ley 1712 de 2014, la ley protege al ciudadano que, al solicitar información, pueda quedar en riesgo. Por eso, es deber del Estado garantizar la reserva del nombre y dar trámite a la solicitud por medio de entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo o la Personería.
Conozca la historia de Juan Pablo Gómez, periodista víctima de perfilamientos por parte del Ejército.
Ilustración: Sebastián Jiménez Plata
Juan Pablo Gómez
Convenios de Fuerza y Justicia fue el trabajo del medio digital Rutas del Conflicto que llamó la atención de la Fuerza Pública. Dicho reportaje habla de las petroleras y mineras que financian a esta institución y a la Fiscalía. Según Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio se encontraron aspectos cuestionables en la manera como las empresas entregan algunos dineros al Ejército y a la Policía. En esta investigación se encontraron más de 200 convenios de cooperación entre instituciones públicas y diferentes empresas. Estos medios independientes registraron acuerdos por sumas entre 220 millones y 61 mil millones de pesos. Es difícil encontrar datos que muestren los convenios que se venían llevando, ya que el periodista Juan Gómez menciona que el Ejército no quería entregarle a los periodistas de Rutas del Conflicto la información que era de carácter público y se excusaban en decir que esa información era enteramente confidencial.
Juan Pablo se encuentra dentro de la cifra de 130 personas interceptadas por el Ejército. Él ha pensado que fue víctima de esto, ya que a la Fuerza Pública no le gustó que se involucraran en temas que mancharan más su nombre, pues con la investigación realizada se encontraron algunas fallas en la institución.
Juan Pablo y sus compañeros ya habían implementado algunos protocolos de seguridad, pues sabían que los periodistas de medios independientes son de los más afectados por las amenazas, censura y violaciones a su labor; estos protocolos contaban con diferentes estrategias que se podrían implementar en algún caso de fuerza mayor. Afortunadamente no fue víctima de seguimientos ni de amenazas, pero sus redes y su celular fueron interceptados para seguir sus pasos. Él se enteró de que había sido víctima de estas “chuzadas” por parte del Ejército, ya que fue informado por la Revista Semana de que iban a sacar una investigación llamada “carpetas secretas” y allí se encontraba consignado su nombre y el de varios compañeros más.
Los jóvenes que pertenecen a Rutas del Conflicto, que oscilan entre los 23 y los 24 años, luchan por contar las realidades de un país que por muchas décadas ha vivido corrupción, violencia y muerte, al tiempo que se enfrentan diariamente a los peligros que trae ejercer esta labor en el país. En este momento existen dos procesos, uno en la Fiscalía y otro en la Procuraduría, pues los periodistas interceptados solicitaron respuestas al Ejército, para saber los motivos por los cuales esta institución decidió irrumpir en sus vidas privadas y perseguir a sus familias.
El trabajo periodístico es un derecho y un deber, puesto que cada colombiano necesita estar informado. Es por esto que las víctimas de estas interceptaciones no van a callar sus investigaciones ni van a dejar de informar. Juan Pablo menciona que está en proceso una demanda hacia el Estado, sin embargo, estos procedimientos legales suelen ser muy largos, pues llegan a demorarse entre 7 u 8 años, y muchas veces los fiscales que asumen los casos son cambiados o presentan trabas en los procesos que no permiten el esclarecimiento de la verdad.
A continuación, podrá conocer la historia de Camilo Guzmán, periodista víctima de hostigamientos por su labor.
Ilustración: Sebastián Jiménez Plata
Camilo Andrés Guzmán
El calvario de los propietarios de Balcones de Santa Cecilia, así se tituló el reportaje que llevó a que Camilo fuera blanco de hostigamientos, amenazas y persecuciones. El fundador del portal digital La Otra Verdad se adentró en una investigación que buscaba entender las razones detrás del incumplimiento a las más de 160 familias que habían depositado en este proyecto de vivienda de interés social, no solo su dinero, también sus anhelos y sueños de contar con una casa propia.
El proyecto de vivienda de interés social Balcones de Santa Cecilia, se compone de dos torres de 80 apartamentos. Dicha obra empezó en el 2014 y se tenía contemplada que concluiría en un periodo no mayor a tres años; sin embargo, el panorama para el 2018 dejaba ver un proyecto de vivienda en total abandono, sin servicios básicos, parqueaderos, zonas sociales y con tan solo 45 apartamentos entregados de los 160 acordados.
Lo que llamó la atención de los miembros de La Otra Verdad, especialmente de su fundador, fue el hecho de que una de las firmas detrás del proyecto era de la constructora Inversiones H&H, empresa familiar de Marco Emilio Hincapié Ramírez.
Una vez publicado el reportaje, la vida de Camilo dio un vuelco, pues empezó a ser blanco de diferentes acciones en contra de su integridad física y emocional, ya que las amenazas y persecuciones no se hicieron esperar. Camilo Andrés tuvo que lidiar con la constante preocupación de que su vida y la de sus seres queridos estuviera en peligro.
El estrés por las persecuciones se transformó en ansiedad, desatando en él un cuadro severo de crisis de ansiedad y depresivas. Desde que Camilo encontró en el periodismo la forma de ejercer un espacio de contrapoder, supo que en cualquier momento las realidades que agobian el ejercicio periodístico lo podrían mirar de frente, no obstante, vivirlo dista mucho de imaginarlo. La zozobra y el temor se apoderaron de este periodista durante dos años, lo invadió un miedo incontrolable de salir solo, temía por su vida, pero en especial temía por la vida de sus seres queridos y allegados, esto se evidencia en sus constantes pronunciamientos en redes sociales y columnas de opinión donde asevera: “Si quieren meterse con alguien, háganlo conmigo, no con mi familia”.
Llegado el 2020, las amenazas no cesaban y, de la mano del confinamiento ocasionado por la Covid-19, la mente de Camilo se llenó de pensamientos incontrolables que lo llevaron a tener tres intentos de suicidio. En medio de la soledad, las amenazas y el confinamiento, la mente de Camilo se consumía en el temor y la impotencia de no poder hacer algo al respecto, además de tener que verse limitado en lo que más le apasiona: estar en el lugar de la noticia, investigar en terreno y contrastar fuentes de información.
Camilo afirma que, a día de hoy, el miedo por su seguridad es latente, por ello interpuso una solicitud a la Unidad Nacional de Protección, que espera sea respondida. No obstante, reconoce que esto no sería la solución, su petición real para resarcir sus derechos es que el culpable se esclarezca y que se haga justicia en su caso, según afirma “ese es el gran inconveniente, que la justicia no actúa o, si lo hace, actúa con mucha lentitud”.
Para Camilo Andrés el mayor reto al que se ha enfrentado en su trayectoria como periodista ha sido lidiar con la idea de que ejercer un periodismo independiente tenga que costarle su tranquilidad e, incluso, su vida.
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Actualmente, el periodista sigue corriendo riesgos que obstaculizan su labor e imponen censura en su trabajo. Juan Pablo y Camilo son solo dos casos entre cientos de periodistas que a diario se exponen a amenazas y hostigamientos por parte de personajes de la esfera pública, instituciones estatales y ciudadanos. Los periodistas tienen una tarea importante: informar con verdad, contando aquellas historias que no tienen visibilidad en los medios hegemónicos. El periodismo independiente ha tratado de hacer eso: permitirles a los colombianos conocer las historias que no cuentan los medios tradicionales, pero, por eso mismo, su labor ha sido blanco de amenazas y censura.
Estos planteamientos invitan a cuestionarse las garantías para la libertad de prensa en Colombia y a plantearse nuevos interrogantes sobre los intereses de quienes persiguen a los periodistas, que cumplen con su responsabilidad ética de informar el país. Aunque el panorama no sea del todo alentador, la labor de medios independientes y periodistas comprometidos, reivindica el nombre de la profesión que, aún en medio de los obstáculos, siguen ejerciendo con dignidad.