Redacción: Diego Quijano
En Colombia no asesinan; “se fallece durante un procedimiento”. En Colombia no hay masacres; hay “homicidios colectivos”. En Colombia los jóvenes no son manifestantes; son “juventudes FARC”. Ya lo decía Harold Laswell: un medio alternativo sirve para que la comunicación sea recíproca entre el emisor y el público. Los gobernantes, junto con los medios tradicionales usan muy bien las redes sociales para instaurar una “realidad” en la mente del vulgo y trivializar la violencia.
Las denuncias de violencia por parte del proselitismo, son solamente voces vacías que buscan adeptos para poder seguir con su proyecto político personal. Las voces reales son las que gritan en las calles, aquellas que representan esas gotas que rebasaron el vaso, pero que hasta ahorita están cayendo como si fueran torrentes de una cascada.
Y no se trata de justificar la violencia; sino de entender la indignación acumulada durante años. Según la ONG Temblores, la policía ha asesinado 649 civiles durante el 2017 y 2019. Uno de los casos más sonados fue el de Dilan Cruz; asesinado por un agente del ESMAD (que para colmo sigue activo en la policía). Durante las protestas ocurridas la semana pasada, Human Rights Watch reportó 11 asesinatos además del caso de Javier Ordóñez. La revista 070 ha documentado 34 asesinatos por parte del ESMAD desde el año 2000. Estos sucesos pusieron en duda el procedimiento ante las manifestaciones por parte de la Fuerza Pública.
No todas las violencias son iguales porque, aunque tengan contextos similares, las causas son distintas. Naturalmente chocan entre sí; pero la policía actúa para reprimir a las comunidades vulnerables. Los manifestantes actúan por frustración, inconformidad e injusticia. Cientos de estudiantes, población afro, indígenas, personas de estratos bajos y pertenecientes a comunidades LGTBIQ (según un estudio de Profamilia y la universidad Nacional esta población sufre el mayor abuso por parte del Estado) han sido víctimas de la violencia estatal.
El gobierno no parece estar dispuesto a aceptar que las instituciones de la policía y el Ejército Nacional necesitan un cambio estructural urgente. El ministro de defensa trivializa la violencia policial respaldando a las instituciones, mostrando muy poco interés hacia las víctimas civiles, señalando a los manifestantes de pertenecer a células urbanas del ELN o las disidencias de las FARC. Lo mismo por parte del jefe de Estado: Iván Duque prefiere madrugar para solidarizarse con la policía, en vez de asistir a un acto para reivindicar a las víctimas de la violencia.
Frenar el abuso estatal se empieza reconociendo la infamia, llevando a los responsables ante la justicia, pidiendo perdón y sobre todo, aceptando una reforma institucional de toda la Fuerza Pública. El Estado es el que debe ceder, porque ¿no es él quien vela porque los DDHH, el Derecho Internacional Humanitario y la Constitución se respeten?