El Gobierno nacional anunció en días pasados que el presupuesto de 2017 tuvo una contracción del 3% en el gasto público, lo cual podría traer un impacto negativo en el crecimiento futuro de la economía. Sobre este tema, el profesor emérito de Utadeo, Salomón Kalmanovitz, reflexionó en su más reciente columna de opinión publicada en El Espectador, bajo el título de “El nuevo presupuesto”.
El columnista afirma que el presupuesto equivalente a 235,5 billones de pesos no ayudará a la recuperación de la economía colombiana, pese a la reforma tributaria de diciembre de 2016, en la que se aumentó el IVA al 19%: “los ingresos reales del Gobierno han aumentado solo marginalmente en el primer semestre de este año, lo cual hará necesario aumentar el nivel de endeudamiento del Gobierno o alternativamente contraer el gasto público en forma adicional”, puntualizó el experto.
Este fenómeno, menciona el columnista, se debe a la disminución de la demanda, efecto que redujo los ingresos por impuestos indirectos y que también afectará la declaración de renta de personas y empresas, al tiempo que el deterioro de los ingresos externos de Colombia en 2014 aún están pasando factura: “No me gusta ser cantaletero, pero este Gobierno no hizo lo que tenía que hacer durante los años de vacas gordas, que era trepar impuestos fuertemente, para tener ahorros con que hacer política contracíclica, ahora que nos empobrecimos con la caída de la renta petrolera”, opina Kalmanovitz.
Dos aspectos que preocupan al profesor emérito son, en primera instancia, la caída de la inversión pública a un punto del PIB, lo que se vería reflejado en los gastos destinados a los territorios y población víctima del conflicto, así como a los programas de construcción de obra pública; y en un segundo lugar, el aumento leve de las pensiones al 4,2% del PIB, monto mayor al que se destina a temas como la educación, la salud y el agua.
Kalmanovitz finaliza diciendo que los retos que asumirá el nuevo gobierno nacional, a partir de agosto de 2018, son muy grandes, en la medida que deberá hacerse una reforma tributaria estructural, reducir las exenciones y deducciones de impuestos y flexibilizar el presupuesto para que la inversión pública no se vea afectada.
