El déficit del Estado para atender las necesidades básicas de la población, entre ellas la seguridad ciudadana, la educación, la provisión de justicia y la salud, no se debe a la Ley Tributaria sino más bien al gran número de exenciones, beneficios y deducciones tributarias que favorecen a personas naturales y jurídicas, en su mayoría pertenecientes a las élites del país. Esta es la reflexión que hace el profesor emérito de Utadeo, Salomón Kalmanovitz, en su más reciente columna de opinión publicada en El Espectador bajo el título de “Las exenciones tributarias”.
Kalmanovitz, citando las cifras del economista Francisco Azuero, menciona que dichos beneficios en el año 2016 equivalían a 72,3 billones de pesos, es decir al 8,4% del Producto Interno Bruto, con lo cual podría subsanarse el déficit de bienes públicos, siendo las rentas exentas los tributos más importantes que deja de cobrar el Estado:
“Colombia sigue siendo un país donde predominan las sociedades limitadas y familiares y no las sociedades anónimas abiertas que recogen capital en los mercados: se trata de un capitalismo familista, que a duras penas desarrolla las fuerzas productivas del país. El incentivo tributario mantiene este tipo de estructura atrasada que reparte todas sus utilidades en cabeza de los dueños, porque no tributan sobre ellas”, sostiene el columnista.
En el caso de las empresas, las exenciones son hechas fundamentalmente por la compra de activos fijos y otras deducciones que son innecesarias en casos como la inversión en petróleo y minas, pues con el auge de las materias primas y el apogeo de las zonas francas unipersonales no era necesario ofrecer más beneficios a los inversionistas.
El experto en historia económica puntualiza que nuestro sistema tributario ha permitido que rentas iguales paguen distinto y muy poco, generando con ello una estructura productiva obsoleta que se mantiene en el tiempo.
