"Cada persona privada de la libertad es tan humana como nosotros": Harnisch
¿Sabía usted que actualmente 161.477 personas se encuentran privadas de la libertad en 147 centros carcelarios del país? Dicha población es equivalente al doble de la capacidad del Estadio Metropolitano de Barranquilla. De acuerdo con las cifras recopiladas por la Defensoría del Pueblo, más del 40% de los internos en Colombia se encuentran en condiciones de hacinamiento y una tercer parte percibe que se le están vulnerando sus derechos y dignidad humana. Esta situación fue debatida en el Conversatorio situación de las personas detenidas en Colombia, evento que se llevó a cabo el pasado 5 de octubre en el Auditorio Fabio Lozano. El conversatorio contó con la participación de especialistas y representantes de instituciones públicas, privadas y medios de comunicación.
La apertura del evento estuvo a cargo de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Sandra Borda, quien recordó a los asistentes que la población carcelaria también merece reconocimiento por parte de la sociedad, al tiempo que resaltó que Utadeo es un aliado y amigo de los procesos de resocialización que adelanta el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Posteriormente, Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR en Colombia, resaltó que “perder la libertad no significa perder la dignidad cono seres humanos”, haciendo referencia a la deshumanización que las instituciones y la sociedad le imponen a aquellos que por sus delitos están purgando una pena privativa de la libertad. El máximo representante del organismo internacional insistió que actualmente es poco el interés de los ciudadanos acerca de lo que vive y siente un individuo en estas condiciones: “cada persona privada de la libertad, por el motivo que sea, es tan humana como nosotros, y merece ser tratada dignamente. Los animamos a que la conciencia de esta humanidad se refleje en nuestras acciones cotidianas, desde nuestras oficinas, aulas y medios de comunicación”, añadió Harnisch.
Por su parte, Deborah Schibler, delegada de la Cruz Roja Internacional y una de las promotoras de la campaña “Humanos Adentro y Afuera”, estrategia propuesta desde el CICR para visibilizar el diario vivir de los reclusos en Colombia a partir del arte, mencionó que “no hace falta humanizar sino más bien contar la realidad. Y en ese sentido, es posible devolverle la dignidad a las personas privadas de la libertad”. Schibler, en su experiencia con el CICR, ha visitado cerca de 100 mil reclusos en más de sesenta países, encontrando que en la mayoría de estos lugares no hay un respeto por los derechos del prisionero, sin importar el delito que se ha cometido. Al finalizar su intervención, la delegada recordó que existe una delgada línea entre estar afuera y adentro de una institución penitenciaria: “el afuera de hoy puede ser el adentro de mañana. Lo que nos une a todos es la humanidad, la esperanza y el respeto”.
Múltiples puntos de vista sobre la situación carcelaria en Colombia
En el Conversatorio, moderado por el director del programa de Derecho, Carlos Andrés Gómez, el debate giró en torno a las preguntas: ¿cómo involucrar a todos los actores estatales para garantizar mejores condiciones de vida a las personas privadas de la libertad? y ¿El cubrimiento mediático del tema de detención respeta la dignidad de estas personas? El Brigadier General Jorge Luis Ramírez, jefe de Derechos Humanos del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario) y Carolina Villadiego, investigadora de Sistemas Judiciales de Dejusticia dieron respuesta al primer interrogante, mientras que José Manuel Díaz, defensor delegado para la Política Criminal Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo, junto con Rafael Quintero, periodista de la unidad de datos de El Tiempo, discutieron sobre el segundo aspecto.
Para Ramírez, temas como el hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria son los primeros factores que ponen en riesgo los Derechos Humanos de los reclusos. Al respecto, señaló que desde su área se están realizando actividades de sensibilización a los guardianes del Inpec, en el marco del plan 2015-2018. Actualmente el Instituto tiene como prioridad el restablecimiento de los derechos a los grupos vulnerables, entre ellos las comunidades LGBTI, afro descendientes e indígenas. Sin embargo, el funcionario acotó que aún hay muchas cosas por mejorar, entre ellas la infraestructura de las cárceles, la atención en salud y el uso de la fuerza por parte de los efectivos del Inpec. Así mismo, recordó que las personas privadas de la libertad atraviesan problemas emocionales, puesto que en muchas ocasiones la familia se olvida de ellos.
Como contraparte, Villadiego aseguró que en Colombia no se han generado políticas públicas en torno a problemáticas como el hacinamiento, pero del mismo modo el Congreso ha tipificado 47 nuevos delitos en los últimos años, los cuales en su mayoría hacen que el sistema de reclusión se desborde, pero lo más importante, no se lleve a cabo una resocialización efectiva de estas personas. Del mismo modo, la experta señaló que las mujeres son las que sufren con mayor rigor la violación a los Derechos Humanos. En ese sentido, el Sistema Penal debe apropiarse de su función como garante de los derechos, razón por la cual tanto en la Policía Judicial como en la Fiscalía se deben investigar primero las personas para posteriormente detenerlas y no detenerlas para investigarlas. De acuerdo con la investigadora, esta dinámica se debe a que estas instituciones están permeadas por incentivos perversos, donde se mide al funcionario por la droga incautada a la semana o el número de detenidos. Finalmente, recordó que los jueces no necesariamente deben tomar decisiones populares, pese a la presión que puedan realizar los ciudadanos, los medios de comunicación y las bandas criminales.
En cuanto a la función de los medios, el debate se centró en el uso del lenguaje y las imprecisiones del periodismo a la hora de referirse a los tecnicismos del derecho penal. Para Díaz, las cárceles no han cumplido su función de resocialización, dado que en su mayoría son escasas, viejas e inseguras: “Colombia atraviesa la peor crisis carcelaria de su historia”. Adicionalmente aseguró que los medios de comunicación deslegitiman ciertas acciones judiciales, las cuales consideran contrarias a sus esquemas editoriales, mientras favorecen otras de carácter populista. Desde esta perspectiva, se ha generalizado el pensamiento que solo a través de las penas privativas de la libertad se logra justicia, aún cuando ya se ha demostrado que esta medida no baja los niveles de criminalidad. Frente a ello, Díaz recomendó a los periodistas conocer a fondo el funcionamiento del sistema penal colombiano, así como las máximas de las ciencias criminales, con el ánimo de no generar imprecisiones en el mensaje.
Finalmente, Quintero compartió con los asistentes una de sus investigaciones realizadas para El Tiempo, en el especial “El país detrás de las rejas”. Para el periodista, “en los medios a veces tomamos partido y dirigimos a la opinión pública hacia donde el periodista desea ir”. En sintonía con ello, la opinión se convierte en un fenómeno pasional donde en un momento podemos compadecernos de la situación del recluso y enseguida juzgarlo por el delito cometido.
El comunicador también puntualizó que al momento de difundir una noticia sobre las penas privativas de la libertad, “el periodista olvida uno de los principios académicos y este es el del seguimiento. Se sabe que la persona fue privada de la libertad pero no se entra a la cárcel ni se investiga sobre su resocialización”. Por esta razón, Quintero sugirió que se hace necesaria una articulación entre los medios y las instituciones carcelarias, con el animo de darle voz a aquellos reclusos y no sólo a las fuentes oficiales, pero al mismo tiempo el profesional de este campo debe prepararse para afrontar las dificultades propias del lenguaje técnico del derecho y así realizar de manera objetiva su trabajo como traductor de la realidad.
