El 6 de febrero de 2015, la comunidad étnica Wayúu, a través de su representante, Javier Rojas, y cinco autoridades tradicionales indígenas, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- dictar medidas cautelares urgentes que les permitan recuperar el uso de un río y con ello detener el actual índice de mortalidad por inanición de niños, estimada en alrededor de 5 mil, además de cerca de 37 mil afectados por la desnutrición.
El acompañamiento jurídico de la gestión judicial internacional está a cargo del Consultorio Jurídico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, dirigido por la abogada Carolina Sáchica Moreno, donde fue elaborada la solicitud de medidas cautelares que pretende la apertura inmediata de las compuertas que restringen el paso del agua del río Ranchería para ser acumulada en la represa El Cercado. Como consecuencia de esto, la mayor parte del río quedó completamente seca, pues su caudal hoy está destinado exclusivamente a grandes haciendas del sur de La Guajira y a las minas de carbón a cielo abierto del Cerrejón.
El pedido se hace conforme la legislación internacional, nacional y estudios de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República según los cuales los primeros destinatarios del agua deben ser siempre (y sin excepciones) los seres humanos y solamente después de que ellos la tengan a satisfacción, los excedentes que resulten pueden ser usados en menesteres agrícolas, industriales y otros.
De acuerdo con el escrito, además de pedir la apertura inmediata de las compuertas de la represa para que el agua llegue a los indígenas, se pide que se ordenen suspender de manera inmediata las tomas de agua de La Guajira que el Cerrejón obtiene de otras fuentes distintas al río, principalmente subterráneas, hasta cuando una evaluación técnica idónea e imparcial determine si después de abastecer satisfactoriamente a los seres humanos en la región quedan excedentes de agua para destinarlos a la agricultura a gran escala y la explotación de las minas de El Cerrejón.
Esto, con el fin de que la comunidad Wayúu pueda acceder y disfrutar de forma segura, indefinida, prioritaria y exclusiva, del agua, bien de uso público que hoy se encuentra en una represa a la cual los indígenas no tienen ningún acceso.
El caudal hídrico natural más grande con que ha contado la región por miles de años es el río Ranchería; a la fecha, el agua de este bien de uso público se encuentra en una represa a la cual, se reitera, no tiene acceso la comunidad, como si se tratara de un recurso susceptible de privatización, situación que está privilegiando la explotación económica sobre las necesidades de los seres humanos, la flora y la fauna de la región, poniendo en riesgo la auto sostenibilidad de la zona. La falta de agua ha causado en la comunidad, especialmente en los niños y madres gestantes, gravísimos problemas de salud, como la desnutrición, derivadas de la falta de agua en una región de por sí desértica.
El documental que acaba de terminar el periodista Gonzalo Guillén “El río que se robaron”, será utilizado como prueba judicial para ilustrar a la Comisión sobre los hechos denunciados a través de imágenes sobrecogedoras del departamento y testimonios de representantes de distintos sectores; también se allega a la solicitud el informe realizado por la Defensoría del Pueblo en el año 2014 “Crisis humanitaria en la Guajira”, entre otros elementos materiales probatorios.
