En un escenario de posacuerdo con las Farc y de negociaciones de paz con el ELN, el proceso de profundización de la democracia ha tomado mayor relevancia por medio de los mecanismos de participación ciudadana que se están adelantando en los diferentes territorios. Sin duda alguna, la consulta popular es uno de los más importantes porque permite el tránsito de las vías de hecho a un ejercicio democrático, legítimo y vinculante. Lo cual representa un cambio en las formas tradicionales de toma de decisiones sobre diferentes temas, entre ellos, la explotación de hidrocarburos.
Desde la consulta popular en Tauramena - Casanare (2013) y el intento de consulta popular en Monterrey – Casanare en (2014) detenida por el Consejo de Estado, el escenario de la explotación de hidrocarburos no había resultado tan confuso y enmarcado por la incertidumbre, la desconfianza e inseguridad jurídica latente. Esto debido especialmente a la Ley de participación ciudadana 1757 de 2015 y la sentencia T-445 de 2016, las cuales abrieron una nueva posibilidad para la decisión sobre el ordenamiento del suelo y del subsuelo por parte de las comunidades a través del uso de la consulta popular como mecanismo. Esto ha generado un empoderamiento de las poblaciones por medio de la expresión social a través del voto, lo cual no sólo otorga una mayor legitimidad a las peticiones locales, sino también las vuelve de obligatorio cumplimiento.
Tanto el Gobierno como el gremio petrolero se encuentran frente a una problemática que no se había previsto: la posibilidad de que las comunidades decidan la ejecución o no de proyectos de exploración y/o explotación de hidrocarburos y la eventualidad de blindar a los municipios de futuros procesos extractivos por medio de mecanismos legales y democráticos. Las recientes decisiones de Arbeláez y Cabrera, Cundinamarca; Cumaral, Meta; Pijao, Quindío y especialmente la de Cajamarca, Tolima, en temas minero-energéticos, han dejado una huella en las comunidades de otros municipios que han visto cómo a través de la consulta popular y de la participación directa, por medio del voto, pueden cambiar radicalmente las decisiones del Gobierno Nacional sobre la explotación en su territorio.
En este sentido Crudo Transparente y la Universidad Jorge Tadeo Lozano proponen el presente foro: petróleo y consultas populares: visiones para el desarrollo, con representantes de la comunidad, la industria y el gobierno, con el fin de contrastar posiciones y proponer un debate abierto que pueda dar luces hacia un consenso sobre la situación planteada. En este evento se busca dialogar sobre el protagonismo reciente de las consultas populares en el marco de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las regiones y las diferentes interpretaciones sobre este mecanismo para el ordenamiento territorial y la apuesta para el desarrollo nacional.
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Yessica Prieto Ramos, correo: coordinacion@crudotransparente.com