A partir de la Constitución Política de 1991, se han dado varios cambios en nuestro ordenamiento jurídico con el fin de establecer las bases necesarias para la modernización del Estado colombiano, siguiendo en buena parte las tendencias actuales de globalización de los mercados y de democratización de los sistemas políticos. En este sentido, se han expedido importantes leyes que afectan directa y profundamente nuestra economía, como las reformas al régimen laboral y al sistema nacional de seguridad social y salud, que resultaban recesivos en términos de generación de empleo y riqueza. También se han reformado los regímenes tributario, financiero y cambiario, procurando reactivar la industria nacional y hacerla más competitiva en el escenario mundial, aumentar los niveles de ahorro, atraer la inversión extranjera y estimular el comercio internacional, como bases de la llamada “apertura económica”, que se enmarca dentro de los acuerdos globales y regionales suscritos por el país, como el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio y los acuerdos de cooperación y liberalización de los mercados celebrados con otros países del hemisferio. En otros frentes, se han tomado medidas para modernizar el Estado y racionalizar el gasto, reorientando su papel, de manera que solamente actúe en aquellos casos en que el sector privado esté ausente y el interés general lo requiera, buscando mejorar la infraestructura nacional con la participación de los particulares, quienes han asumido la explotación de bienes y servicios, tradicionalmente estatales, como la administración de los puertos marítimos y de las carreteras. En desarrollo de lo anterior se trasladaron grandes responsabilidades a las regiones, especialmente en materia de educación y salud, se han reestructurado gran número de entidades e, incluso, se han liquidado por ineficientes o porque su actividad puede ser desarrollada por particulares, en mejores condiciones y con menores costos para el Estado.