'Chucho', un oso de anteojos que actualmente se encuentra en el Zoológico de Barranquilla, ha suscitado el debate más grande que se ha dado en los últimos años en el país en torno al derecho animal, luego de que la Corte Suprema de Justicia, en 2017, aceptara su libertad, mediante una acción de habeas corpus que, posteriormente, fue tumbada por la Corte Constitucional, al considerar que este no era el mecanismo jurídico más adecuado. Sin embargo, 'Chucho' se convirtió en el primer animal que no pertenece a la clase de los simios superiores en obtener esta medida de protección, lo cual abre la puerta para pensar en los “animales no racionales” como sujetos de derechos.
Detrás de este hito en la historia jurídica del país, así como de otras causas animalistas muy particulares, entre ellas la de la comercialización de aleta de tiburón o los planes para limitar la reproducción de los hipopótamos en el Magdalena medio, se encuentra el abogado y profesor tadeísta Luis Domingo Gómez, quien, en el marco de las maestrías en Ciudadanía y Derechos Humanos y en Derecho Ambiental y Sostenibilidad de nuestra Universidad, imparte la asignatura de Derecho Animal, la primera de su tipo en América Latina, por lo menos en cuanto a espacios de formación posgradual se refiere, pues hasta el momento, en la región, solo se tiene conocimiento de cátedras similares, en pregrado, en Argentina y Chile.
Esta asignatura no solo provee a los maestrantes la posibilidad de obtener un marco jurídico integral sobre el derecho animal, sino que, a partir de este, los estudiantes tienen la posibilidad de construir soluciones en política pública, con el ánimo de mejorar la relación entre humanos y animales: “Un aspecto cualificador de los profesionales que cursan esta asignatura es que podrán acreditar conocimiento específico para abordar este tipo de problemáticas en instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, en el Plan de Desarrollo vigente, en el Artículo 324, se pretende estructurar una nueva política pública de protección y bienestar de animales silvestres y domésticos; por su parte, las administraciones locales y departamentales están construyendo institucionalidad en torno a este tema como espacio de proyección disciplinar que requerirá de profesionales que conozcan de manera completa el ordenamiento jurídico en este ámbito, así como la jurisprudencia”, indica Gómez sobre los diferenciales de esta asignatura.
Oso 'Chucho' en el Zoológico de Barranquilla
En todo caso, la lucha de nuestro tadeísta por los derechos de los animales va más allá del ámbito académico, pues Gómez, además de abogado, se considera un ferviente animalista, que reconoce que, como segundo país más biodiverso en el planeta, tenemos la responsabilidad con las especies que lo habitan y con las generaciones futuras. De ahí que el derecho animal abra las posibilidades a dar un trato más considerado a los “animales no racionales”, en la medida que la ciencia también ha demostrado que ellos posen inteligencia y sensibilidad, y en algunos casos, cuentan con la capacidad de desarrollar o perfeccionar herramientas para comunicarse: “Los animales son seres sintientes. Sin embargo, esto no tiene mucho eco en la sociedad, por lo que se hace necesario entrar a considerar en el ordenamiento jurídico a los animales”, manifiesta con preocupación.
Y es que, de acuerdo con Gómez, Colombia tiene una deuda importante con sus animales; por ejemplo, que en el ordenamiento jurídico esté explícito que los animales que son utilizados para trabajar puedan tener una vejez digna y tranquila, o incluso que se considere a los animales y humanos como integrantes de una familia multiespecie; sobre este último ámbito, hace poco, un juez de la República protegió la vida de un canino llamado Clifford, al ordenar que se le suministrara un medicamento para el tratamiento de la epilepsia idiopática que padecía, al considerar que tenía derecho a la vida, pero a su vez, también existían unas relaciones de afecto con los integrantes humanos de su familia.
Los primeros pasos que incluyeron a los animales en el ordenamiento jurídico datan de la ley 5 de 1972, mediante la cual se crearon las juntas municipales de protección animal. Finalizando los ochenta, mediante la ley 84 de 1989 se dictó el Estatuto de Protección Animal, en la cual se establecen conductas que son crueles hacia los animales; sin embargo, en su artículo 7, se permiten actividades como el rejoneo, el coleo, las corralejas, las riñas de gallos y las corridas de toros, por considerarlas que tienen un acervo cultural. Sin embargo, la sentencia C-666 de 2010, proferida por la Corte Constitucional, aseguró que las prohibiciones de este tipo de actividades las debe hacer directamente el Congreso de la República, cuestión que, para Gómez, es bastante difícil de asumir, pues muchos de los legisladores están a favor o son promovidos indirectamente por grupos que llevan a cabo estas actividades.
Pero, solo sería hasta 2016, cuando, mediante la ley 1774, se dio uno de los grandes avances legislativos en la materia, con el reconocimiento a los animales como seres sensibles, un espacio intermedio entre el mundo jurídico de los objetos y los derechos humanos, que, en todo caso, afirma Gómez, aún no es suficiente, pues esta ley no reguló aspectos transversales como el régimen de separación de bienes en casos de divorcio o separación de los integrantes de la familia, o los que se relacionan con los derechos de los animales de trabajo e, incluso, los que establecen estándares para mejorar las prácticas de privación de la vida en los mataderos; tampoco, argumenta el abogado, se hizo alusión a la protección de los animales de calle y de vida silvestre.
Luis Domingo Gómez, profesor de la cátedra en Derecho Animal
De las abejas a los hipopótamos, estas son las luchas jurídicas que lleva a cabo Gómez
Además del mediático episodio con el oso “Chucho”, del cual Gómez afirma que, hasta la fecha, ni la Corte ni el Congreso de la República han definido cuál es el procedimiento más adecuado para garantizar la libertad de los animales en su hábitat natural. Lo que existe hasta ahora en el ordenamiento son acciones administrativas o populares que pueden tardar tiempo en dirimirse o suelen ser ineficientes. De todas formas, apunta el profesor, con este caso se logró poner en la agenda nacional los derechos de los animales.
No obstante, esta no es la única pelea que Gómez ha dado en pro de los animales. En 2018, tras conocer sobre el colapso de cientos de colmenas de abejas melíferas, por cuenta de algunas moléculas químicas que se utilizan para acabar con las plagas en algunos cultivos, entre ellas Clotianidina, Imidacloprid, Tiametoxam y Fipronil, así como su prohibición en algunos países de la Unión Europea, el tadeísta interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en diciembre del 2019, falló a su favor, creando así una mesa técnica interinstitucional científica, conformada por los ministerios de Ambiente y Agricultura, el ICA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Fundación Natura y Gómez, con el propósito de evaluar los estudios científicos sobre la materia y así tomar medidas para mitigar y limitar el impacto de estas sustancias en las abejas y demás polinizadores, entre ellos los colibries, murciélagos e incluso el oso de anteojos. Esto, reviste gran importancia, teniendo en cuenta que de los polinizadores depende el 75% de los alimentos que llegan a nuestras mesas.
Hipopótamos en el Magdalena medio - Cortesía: El Heraldo
Por su parte, en octubre de 2019, luego de conocerse las nuevas cuotas de pesca por parte del Ministerio de Agricultura, entre ellas las que permitían la comercialización de 15,2 toneladas de aleta de tiburón, Gómez lideró una acción popular en contra de la resolución 350 del 2019, pues se consideraba que esta permitía la captura de tiburones en peligro de extinción, entre ellos el martillo, que se encuentra en peligro crítico según la Lista Roja de la UICN. Nuevamente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón y ordenó al ministerio que retirara los apartados que hacían alusión a este asunto. Esta lucha por los tiburones también es un agran avance, especialmente si se tiene en cuenta que, en 2016, esa cartera prohibió la práctica del aleteo, un acto de crueldad animal en la que se le quitan las aletas al animal y luego este es devuelto al agua vivo, para que muera ahogado. Según estima Gómez, un kilo de aleta puede representar cerca de 600 dólares y cada aleta puede estar pesando cinco kilos, lo que podría costar alrededor de 3000 dólares en el comercio ilegal.
Su batalla más reciente tiene que ver con los hipopótamos que, en otrora, eran propiedad del extinto narcotraficante Pablo Escobar en la Hacienda Napoles. Hoy día la multiplicación de su especie los hace ver como invasores, razón por la que se adelanta un programa para su retiro del Magdalena medio, pues hay estudios que señalan que, si la población de estos animales crece, podría haber un riesgo para el ecosistema y para la población humana que habita ese sector del país. Sin embargo, puntualiza Gómez, la lucha está en que la solución no sea a partir de la caza de control, sino que se pueda optar por salidas científicas, entre ellas la esterilización o un semi confinamiento en la zona para poder controlar su multiplicación.
“Se necesita ser muy tozudo a estas alturas de la vida humana para no reconocer que los animales sienten dolor y que, cuando se enferman, requieren de atención médico-veterinaria y especializada. Ellos sienten sed, necesitan satisfacer el hambre y espacios para desarrollar su comportamiento natural. Seguirlo negando nos pone en un déficit moral tremendo”, es el llamado que hace Gómez a tratar la riqueza en diversidad animal con responsabilidad y dignidad, de acuerdo con el trato que merece cada especie. De eso se trata: de volvernos una sociedad más empática con los “animales no racionales”.
