Una política turística debe tener el poder de ser reconocida como un conjunto de acciones coherentes entre sí, de lo contrario, se quedará en la mera intención política. El objetivo de esta debe concretarse en un programa de acciones reales que conllevan la utilización de recursos públicos, debe ser liderada por actores legítimos dentro del ámbito de sus competencias, no necesariamente de naturaleza pública, y vincular todos los actores del proceso y extenderlo hacia la mejora de la competitividad describiendo acciones a seguir que encausen una intervención concreta de los involucrados.
El conjunto de acciones del Gobierno Nacional se ha concentrado en una política de atracción de capitales desvinculando otros eslabones de la cadena turística. De hecho, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reportó ingresos por conceptos de flujos de inversión extranjera directa de US$236 millones en el 2008 frente a US$455 millones en el 2012, lo que refleja un éxito en términos de ingresos provenientes del extranjero, no necesariamente esto implica un mejoramiento del sector.
Si bien es cierto que el Gobierno empezó desde hace 16 años una planeación y estructuración de la industria turística, la consolidación de esta no se ha basado en potenciar ventajas competitivas, sino en el aprovechamiento de las ventajas absolutas y comparativas motivadas por la diversidad cultural y natural con las que cuenta el país. Sin embargo, cada vez es más difícil competir teniendo como oferta un producto turístico basado exclusivamente en recursos naturales, por eso se requiere posicionar la marca país a través de ventajas competitivas que permitan revelar una diferenciación frente a competidores similares.
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