El Leviatán es un monstruo marino que devora humanos.
En la Biblia es la ballena que se traga a Jonás. En la teoría política de Thomas Hobbes es el Estado poderoso que impide que los hombres se descuarticen entre sí, al ejercer el monopolio de los medios de violencia regulado por la ley. Para los ideólogos de las Farc, el Estado colombiano es un déspota que, combinado con el imperialismo aún más poderoso, obliga y justifica la rebelión. Según el sacerdote Javier Giraldo, “el derecho a la rebelión lleva consigo la legitimación del uso de la violencia”.
El debate subyacente entre los historiadores escogidos por el Gobierno y las Farc para dilucidar las causas del conflicto interno se finca precisamente en el carácter del Estado: demasiado fuerte para unos, demasiado débil y fragmentado para otros. “Bloque de poder contrainsurgente”, particularista y antidemocrático, como lo considera De Zubiría. Para Jairo Estrada hay una incesante reproducción ampliada de la dominación del régimen capitalista sobre todo resquicio del universo político.
En la literatura de la ciencia política latinoamericana se comienza a medir la capacidad estatal. Se concluye que no se ha consolidado en la mayor parte del hemisferio, que hay una gran debilidad en la recaudación de impuestos, que su burocracia es incompetente, que su sistema de justicia es venal y que sus policías y fuerzas militares son ineficientes. Se trata, en efecto, de leviatanes de papel.
Colombia no escapa a esta caracterización. El proceso de centralización política emprendido por la Regeneración (1880-1905) fue fallido en dos sentidos: incapacidad de lograr un fortalecimiento del Estado a partir de una tributación consensuada y atrofia de los niveles locales y regionales de la política que lo tornó intrínsecamente ineficaz. De esta manera, el Estado se tuvo que basar en el arancel para financiarse, sin superar la barrera del 4% de participación en el PIB. Los gobiernos liberales introdujeron el impuesto a la renta en los años treinta y lograron aumentar el recaudo al 6% del PIB.
El conflicto entre las capas dominantes en torno a las reformas modernizantes que requerían la sociedad y el Estado dio lugar a una guerra civil (1946-1957) que debilitó mucho más al Estado, al restarle legitimidad por el uso partidista de la fuerza. Fue precisamente la coyuntura en la cual surgieron la insurgencia liberal y una pequeña fuerza comunista que sería la base de las Farc.
La dictadura militar detuvo la guerra civil y aumentó el recaudo y el gasto público, lo cual fue una razón de fondo para su derrocamiento. Hacia los años sesenta se introdujo el impuesto a las ventas y el tamaño del Estado alcanzó 10% del PIB, bajo el relativamente democrático Frente Nacional.
El terrorismo del narcotráfico en los años ochenta y el surgimiento de varios movimientos guerrilleros obligan a una reconfiguración del Estado que se concreta en la Asamblea Constituyente de 1991. A partir de ella, el gobierno central abarcará el 20% del PIB, habrá descentralización y se fortalecerá la justicia; sus fuerzas militares y de policía triplican sus números y poder de fuego. Es esta evolución la que explica su victoria militar contra la insurgencia.
La mejor prueba de que el Estado colombiano fue débil durante tantos años es la existencia de las Farc y de los paramilitares. Sólo ahora se vislumbra la posibilidad de ejercer el monopolio de los medios de violencia.
Salomon Kalmanovitz | Elespectador.com